El uso del mercurio en el país es evidente. Un estudio realizado por InSight Crime y en el que hace mención al trabajo del investigador Alfredo Zaconeta dio a conocer que por cada tonelada de oro extraído en el país se utilizan al menos otras tres toneladas de mercurio.
El mercurio en la minería es utilizado para separar el oro de las piedras, arena y otros materiales. Al mezclarse se forma una amalgama que facilita ese proceso. Luego se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro. Al evaporizarse el mercurio contamina el aire y a las personas que están expuestas.
A su vez, luego de que se obtiene oro puro, el compuesto que sobra es botado a la tierra o llega a los ríos y contamina el agua y los peces. Debido a esto, los tejidos de estos animales acuáticos llegan a tener altos niveles de metilmercurio (tóxico) y su consumo es impropio.
El mercurio es un metal pesado altamente contaminante cuando se evapora, lo cual sucede apenas se abre su tapa de seguridad.
Según la investigación, las importaciones de mercurio a Bolivia comenzaron a aumentar en 2015, cuando el país recibió unas 150 toneladas, un gran salto desde las 12 toneladas que importó el año anterior.
“Es difícil determinar la cantidad de mercurio importado que utilizan los mineros del oro de Bolivia. Los mineros intentan recuperar el mercurio usado de los sedimentos para reducir sus costos. Pero también gastan mucho más mercurio del necesario para separar el oro, ya que no emplean las mejores prácticas para evitar fugas”, se lee en la investigación.
Pese a que Bolivia firmó el acuerdo de Minamata y se comprometió a reducir su uso, esto no sucede, pues el sector minero aurífero se encuentra favorecido por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
A este tipo de comercio también se suma el contrabando de este metal pesado que también sale del país, con rumbo principalmente a Brasil y Perú para los trabajos mineros. Barcos transportan diversos artículos de contrabando –según Ojo Público- como aguacates, cocaína y mercurio, a través de una frontera escasamente patrullada.
“En 2019, los funcionarios de aduanas peruanos confiscaron un cargamento de unos 110 litros de mercurio encontrado en un camión abandonado que había llegado de Bolivia. Las autoridades valoraron el cargamento en US$82.000”, se lee en el documento.
El contrabando también se realiza a través del río Mamoré, que separa Bolivia de Brasil. En Guayaramerín “se hacen tratos por grandes cantidades de mercurio”, siendo que un contrabandista puede vender más de 100 kilos al mes -según una investigación de InfoAmazonia- El mercurio es trasladado hasta Porto Velho, en el estado de Rondônia, en Brasil.
Al menos el 27% de las importaciones de mercurio de Bolivia se desvían a la minería ilegal.
Debido a su alta contaminación, en mayo de 2023, pobladores indígenas de 36 comunidades del norte de La Paz, aseguraron –tras difundir su propia investigación- que tienen desde 0,03 hasta un poco más de 10 partes por millón (ppm) de mercurio en sus cuerpos. Una cantidad elevada de contaminación y que está por encima de lo permitido que es de 1,0 ppm
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilab) denunció en esa oportunidad que la mayor contaminación afectó a los ese ejjas que presentaban 6,9 ppm de mercurio en sus cuerpos; seguidos de los tsimanes con 6,8 ppm; los mosetenes con 4,0 ppm; uchupiamonas con 2,5 ppm; los tacanas con 2,1 ppm y los lecos con 1.9 ppm.
Las comunidades campesinas e indígenas están sufriendo el acoso de la minería ilegal, según diversas denuncias presentadas los últimos días, sin embargo, también hay comunarios, indígenas y lugareños de los municipios que se están uniendo a las cooperativas mineras porque consideran que es mejor eso a permitir que gente foránea sea la única que se beneficie del negocio, según denunció la líder de Defensores Ambientales de Ixiamas, Paola Guerra.
“No vamos a negar, hay gente del mismo municipio que son parte de estas cooperativas, puede ser por la falta de movimiento económico, porque una vez que entra el hambre a tu hogar tienes que buscar la manera de solventarte, de cómo buscarte el pan de cada día. Lo otro es que lavan el cerebro a nuestra gente y por lógica les meten ideas y caen en el juego de ingresar”, señala Guerra en el programa Sumando Voces en Directo, que se emitió este jueves y que contó también con la participación del investigador del CEDLA en temas mineros, Alfredo Zaconeta.
“Entonces, ahorita el enemigo lo tenemos tanto dentro como fuera, que eso es peor para nosotros”, dijo Guerra, quien se conectó desde Ixiamas (norte de La Paz), un municipio que no era minero, pero que últimamente ha visto que se duplicaron las cooperativas mineras que buscan oro.
Sin embargo, Guerra no ve que su municipio haya mejorado, por el contrario, dice que la minería “trae pobreza, trae la peor degeneración para nuestra sociedad”, además de contaminación por el uso de mercurio para la explotación aurífera en los ríos.
“Ese mercurio que afecta a los peces, afecta la sociedad, a las a las mujeres, a los varones, a los niños, a todos”, detalló, haciendo referencia a los estudios que comprobaron la alta contaminación que existe en los cuerpos de los indígenas por el consumo del pescado de los ríos contaminados.
El especialista Zaconeta documentó el incremento de las cooperativas mineras, su influencia política y los beneficios que reciben del Estado desde que el MAS asumió el poder, llegando a la conclusión que manejan casi todo el negocio del oro en Bolivia, pero dejan ínfimos ingresos para el Estado. Indicó que “esta fiebre del oro” se debe al incremento del precio internacional de este metal, que hasta este miércoles se había cotizado en 2.393 dólares la onza troy.
Y, en Bolivia, este sector además ha ganado poder político, al punto que autoridades nacionales, departamentales y municipales pertenecen al sector cooperativista. Por ejemplo, Paola Guerra relató que el alcade de Ixiamas, Felix Layme, es un cooperativista minero, que llegó hace años a asentarse en la zona para explotar oro. A nivel nacional, el ministro de Minería, Alejandro Santos, también pertenece a la cúpula de ese sector.
De hecho, esta semana el Ministro anunció que se acelerará la aprobación de 19 nuevos contratos mineros para los cooperativistas y, acto seguido, la Presidencia del Senado los derivó a las comisiones para su análisis y posterior aprobación.
“El ministro reacciona así porque es representante de su sector y obviamente tiene que responder a estos intereses”, señaló Zaconeta.
En el caso de Ixiamas, desde que el alcalde cooperativista llegó al poder se ha producido el incremento de las cooperativas mineras en la zona, llegando al extremo de haber cuadriculado el río Tequeje, según Guerra. “El hecho de que tenemos un alcalde minero, ese ha sido el acabose para nosotros, ese es el peor peligro y más latente que tenemos porque al enemigo lo tenemos dentro con el poder (…) gracias a esa cabeza es que actualmente ha crecido la minería de nuestra región”, denunció Guerra, quien fue subgobernadora de la provincia Abel Iturralde.
“Nuestro Río Tequeje realmente ya nosotros le hemos dado por perdido porque está total y completamente cuadriculado”, lamentó Guerra. Señaló que las cooperativas también están abarcando a zonas de amortiguamiento y hasta áreas que colindan con el Parque Nacional Madidi.
“Nos alimentamos de la pesca, de la fauna, de la flora de nuestra de nuestra región, pero hoy en día todo eso se ha vuelto sumamente peligroso para la salud de nuestros propios niños”, expresó en referencia al uso del mercurio para la extracción del oro.
“El movimiento de cooperativas causa temor, causa preocupación, causa indignación y al mismo tiempo también tristeza”, mencionó, justamente haciendo referencia a que comunarios de la zona han sucumbido a las cooperativas.
En contrapartida, lo que deja el oro para el país “es muy poco”, explica Zaconeta. “Las cooperativas, fruto de esa alianza que tienen con el gobierno del MAS, han logrado el beneficio de estar exonerados del pago de impuestos. Ellas no pagan el impuesto que paga cualquier operador privado o estatal, como el impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones”, detalló.
Por esta coyuntura de bonanza en los precios, los operadores privados y estatales pagan 37,5% de sus ganancias, mientras que los cooperativistas solo aportan una ínfima regalía de 2,5%, pero que si la comercialización es interna se reduce a 1,5%, explicó el analista.
Este porcentaje es mucho más bajo que el que pagaban durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando era del 5%, rememoró Zaconeta, quien responsabilizó a Evo Morales por bajar la alícuota a los actuales niveles.
“Por ejemplo, el año 2022 Bolivia produjo 53,3 toneladas por un valor de 3.073 millones de dólares y aplicando esta regalía minera, apenas se pagó 63 millones de dólares”, explica Zaconeta.
El investigador Alfredo Zaconeta afirmó que tanto el Gobierno de Evo Morales, y ahora, el del presidente Luis Arce aprobó una serie de normas que promovieron las operaciones mineras en la Amazonía.
Durante el diálogo: “Expansión minera: sus transformaciones y desigualdades”, el investigador del Centro de Estudios Laborales y Agrarios (Cedla), Alfredo Zaconeta responsabilizó al Movimiento al Socialismo (MAS) de haber promovido una serie de normativas tributarias y ambientales para promover la expansión minera en la Amazonía.
“Se llega a esta situación tan conflictiva como consecuencia de la política minera que se ha dado durante el Gobierno del MAS de más de 15 años, particularmente por el Gobierno de Evo Morales, a la que ha dado continuidad el Gobierno de Luis Arce, es por este modelo que ha flexibilizado tanto el ámbito tributario como el ambientalque ha expandido la minería aurífera minera en la Amazonía”, afirmó.
El experto en temas mineros detalló la situación actual que atraviesa el país, en momentos en que la ciudadanía organizada ha protestado en las calles para frenar el avance minero en áreas protegidas, impactadas no solo por la contaminación del mercurio, sino también por incendios forestales que han llamado la atención de organismos internacionales.
Desde el municipio de San Buenaventura, el especialista afirmó que, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez tampoco fue la excepción porque el Ministro de Minería era un cooperativista; es decir, del sector que acapara más del 90% de la extracción del oro a nivel nacional.
En ese contexto señaló que el sector cooperativista ha sacado réditos en materia legislativa a través de la presión para que en Legislativo se apruebe una serie de leyes para el beneficio, así como decretos y resoluciones desde el Ejecutivo.
Alfredo Zaconeta, investigador del CEDLA, durante su exposiciónen el diálogo sobre la expansión mineraen San Buenaventura. Foto: ANA
“La Constitución Política del Estado ha sido el principal punto de partida para que toda esta asimetría se dé en la actual normativa minera, que reconoce dentro de su modelo de economía mixta, la economía estatal privada, cooperativa y comunitaria, pero esto no sucede en la misma Constitución en el acápite minero en el cual el comunitario queda invisibilizado, marginado”, explicó.
Lanzó la pregunta: “¿Esto, en qué ha derivado?” y respondió en que muchas comunidades que hacían minería tradicionalmente de manera artesanal y a pequeña escala, si querían ser reconocidas por el Estado como formales y legales, tuvieron la forzosa obligación de conformar cooperativas. De esta forma es que se explica el desmedido crecimiento de las cooperativas mineras.
También responsabilizó al Gobierno del MAS por haber flexibilizado la alícuota tributaria al determinar un 2.5% para las regalías, con el plus para las cooperativas, que si hacen la comercialización a interna solo pagan el 60% de esa regalía, lo cual ha motivado que la producción del oro en este momento esté concentrado en casi un monopolio en manos del sector cooperativo minero con un 99.6%.
“El agravante es que como las cooperativas quedan exentas al pago del impuesto a las utilidades y otros en el país, por la misma normativa creada en el Gobierno del MAS hace que el oro no pague impuestos”, señaló a tiempo de poner de ejemplo que el 2022 el país exportó oro por un valor de más de 3.073 millones de dólares, pero apenas 63 millones de dólares se quedaron para las gobernaciones y municipios.
Zaconeta también llamó la atención, ante la realidad de las comunidades rurales que reclaman una participación o beneficio directo de las regalías mineras, lo cual ha derivado en que autoricen directamente el ingreso de empresas y cooperativas mineras a su zona a condición de algunas obras o que generen fuentes de empleo.
“Esta es la informalidad que se ha creado y a esto podríamos sumar varios decretos supremos y resoluciones ministeriales que han flexibilizado la normas ambientales, los requisitos para la licencia ambiental, y esto han hecho que solo se requieran algunos trámites para resoluciones, y de esta forma se ha flexibilizado tanto el ámbito tributario como el ambiental, y con este modelo se está expandiendo la minería aurífera minera en la Amazonía”, afirmó a ANA.
Zaconeta también citó la Ley General de Cooperativas 356 en la que señala que las cooperativas no deberían tener personal dependiente por su propia esencia del cooperativismo, pero desde el mismo Ejecutivo se aprobó el decreto supremo 2892 de 2016 por el cual se reconocen los derechos laborales de las personas que prestan sus servicios en las cooperativas mineras, lo cual se constituye en una clara contradicción.
Caracterización de cooperativas
Alfredo Zaconeta dejó en claro que no todo el sistema cooperativo aurífero es igual, pues hay cooperativas pequeñas, medianas y grandes, no sólo por la tecnología que emplean, sino también por el combustible que consumen y la producción que generan.
Detalló que la pequeña cooperativa trabaja de manera semi-mecanizada, con balsas a motor, está constituida de socios cooperativistas y funcionan con el aporte mismo de los socios, tienen un consumo menora los 20.000 litros de combustible y su producción oscila en 280 gramos mes que lo venden a los rescatadores o a una joyería.
Las cooperativas medianas trabajan con bombas y balsas más grandes con mayor capacidad, tienen socios cooperativistas y socios asalariados y tienen sociedades con capitales extranjeros como chinos, colombianos, peruanos, chilenos e incluso capitales privados bolivianos.
En las medidas, incluso los cocaleros están invirtiendo, pues están trasladando sus capitales hacia la Amazonía, sobre todo a sectores como Teoponte y Mayaya. Estas operaciones superan el consumo de 20 mil litros de combustible y tienen una producción mayor a 5 kilos
“Las que deben preocupar son las cooperativas grandes porque estamos hablando de chutes, de maquinaria de gran potencia, de dragas enormes, planchones, con empleados asalariados, técnicos especialistas que tienen sueldos superiores a los 13mil bolivianos, con clara asociación con capital extranjero”, explicó.
Dijo que incluso algunas tienen la categoría de gran contribuyente, esto porque el consumo de combustible excede los 40mil litros y tienen una producción que puede superar los 40 kilos.
Aunque los cooperativistas no son los únicos actores de la destrucción ambiental, el investigador hizo notar que estos operadores auríferos, no pueden eludir su responsabilidad pues en los últimos años no sólo extraen oro aluvial del río, sino también oro secundario, más allá de las riberas.
“Solicitan áreas muy grandes, deben desboscar, deforestar y cavan fosas y acumulan pasivos ambientales (…). Han logrado una hábil forma de hacer contratos de prestación de servicios por el cual las operadoras privadas captan entre el 70 y 80% y el resto se queda con las cooperativas”, mencionó.
En este contexto dijo que es necesario que el Estado analice el beneficio que quiere y trabaje una política integral del oro que acabe todos los problemas, ya que la Ley del oro para fortalecer las reservas ha promovido más aún la extracción del oro en la Amazonía.
Tipuani se formó en torno a la explotación del oro. Sus primeros habitantes fueron mineros, quienes gradualmente establecieron este municipio, del que se ha estado extrayendo el metal desde hace casi 70 años, y del que se está aprovechando tanto del río como de los cerros.
En la actualidad, muchas de las comunidades del lugar enfrentan inundaciones debido a la desviación del río y a la acumulación de tierra en sus alrededores. Además, la deforestación de los cerros agrava esta problemática en un pueblo que, a pesar de ser el origen de uno de los metales más valiosos y codiciados del mundo, no luce como tal.
En este reportaje, escrito por la periodista Karen Gil, se cuenta las afectaciones que causó la minería en este municipio.Y, es parte de la labor de sensibilización e información que realiza la Red Eclesial Panamazónica (REPAM-Bolivia), en torno a la minería aurífera.
Repam-Bolivia.- Doña Rosa Cruz, de unos 60 años, se aloja en casa de uno de sus vecinos desde hace tres meses. En enero de este año, el río ingresó con fuerza a su vivienda y se llevó muebles, electrodomésticos y muchas otras de sus pertenencias. “Lo que pudimos hemos sacado”, dice aún con la pena por todo lo que perdió. Hasta abril esperaba que sus pisos y paredes sequen, para retornar a su hogar. Su casa es una de las tantas afectadas por la fuerte inundación que golpeó a Cangalli, comunidad de Tipuani ubicada en el norte de La Paz.
En Cangalli viven 150 familias, muchas de las cuales construyeron sus viviendas a orillas del río. Pese a que ya pasaron tres meses desde que una de las mayores inundaciones golpeara la comunidad de Tipuani, al caminar por sus calles (en abril de 2023) todavía se ven infraestructuras destrozadas o inundadas.
Hasta abril de este año, las viviendas sociales estaban anegadas, después de la inundación de enero. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).
En los últimos años, el río Tipuani sufrió cambios del curso de su caudal debido al trabajo de los mineros cooperativistas para encontrar oro, ese metal tan preciado por su alto valor. Por ello y por otros factores, son frecuentes los desbordes de su caudal en época de lluvias.
Por donde se camine se nota algún rastro de las afectaciones de la riada. Llama la atención, por ejemplo, el nivel del río en relación con el puente Cangalli, ingreso a Tipuani. Esta infraestructura fue construida en la década de los 80 con una altura de entre 10 y 15 metros, pero ahora no llega ni al medio metro de distancia del agua. Los comunarios cuentan que de noviembre de 2022 a febrero de 2023 hubo varios días en que el afluente sobrepasaba la plataforma.
El nivel del río llega a pocos centímetros de la base del puente, que está al ingreso de Tipuani. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).
Cangalli fue el primer asentamiento minero de este sector y fue creada como comunidad en 1954. Cerca de ésta se asentaron los demás campamentos auríferos, y con todos ellos se creó el municipio de Tipuani, en 1986.
Tan solo en la comunidad operan al menos 25 cooperativas, una de ellas perteneciente a Cangalli, informa el dirigente del lugar, Cristian Romeo. Aunque él es cauteloso con sus declaraciones, y admite que el cambio del cauce del río ocasionado por las explotaciones mineras es uno de los motivos de las inundaciones. Resalta que, al ser Tipuani un municipio netamente explotador de oro, no se puede evitar esta actividad.
“Si no hay minería, este pueblo se muere. No es como Caranavi (municipio a cuatro horas de distancia) o como otros lugares, donde la gente vive de la agricultura”, dice.
Romeo explica que, por falta de recursos, la Alcaldía de Tipuani no tiene la capacidad de atender los efectos de las inundaciones, por lo que son los mismos cooperativistas los que se hacen cargo de la situación. Asimismo, recuerda que los mineros firmaron un documento en el que se comprometieron a levantar un muro de contención al borde de la comunidad para evitar futuros desbordamientos.
Cristian Romeo, dirigente de Cangalli. Foto: Karen Gil.
A unos metros de las viviendas, cerca de la carretera, la actividad minera no cesa. Una pala saca la tierra del cerro y esta es llevada en una volqueta a uno de los pozos al lado del río. Allí la depositan para que luego puedan separar el oro de los sedimentos.
Al igual que en otros lugares, en Tipuani es normal ver lagos artificiales que las cooperativas perforaron alrededor del río, donde separan el oro de la tierra. Por ello, la ribera del río no se distingue, y es difícil ver dónde inicia el afluente
Aún se ven las raíces de los árboles que crecían en este cerro, de donde ahora se busca oro. Foto: Karen Gil.
Las inundaciones y sus efectos
Cangalli no fue la única comunidad afectada por las inundaciones. De acuerdo con datos del Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani, 500 familias fueron damnificadas y muchas de estas deben ser relocalizadas. Sus casas, hoy dañadas por las riadas, no sólo no son habitadas, sino que, al estar tan cerca del río y de los pozos de las minas, son vulnerables a ser nuevamente afectadas.
Dadas las circunstancias, la Alcaldía y las cooperativas analizan la posibilidad de trasladar Cangalli, y otras comunidades aledañas, a sitios más elevados.
“Estamos viendo un proyecto para construir en un lugar más alto. Sabemos que (las afectaciones) recién están empezando, por eso queremos hacer terrazas y el puente (nuevo de Cangalli). Eso estamos trabajando con la Central de Cooperativas de Cangalli”, asegura el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, quien también es minero cooperativista.
Alcalde de Tipuani, Fernando Vera. Foto: Karen Gil.
La otra localidad que fue severamente afectada por las inundaciones fue Chima, que queda a 45 minutos del centro de Tipuani, hacia el oeste. Desde la entrada a la comunidad se ve el techo del tinglado de uno de los centros deportivos: la mazamorra cubrió la mayor parte de la infraestructura.
Al igual que Cangalli, en esta localidad las viviendas aún están anegadas y muchas familias esperan que sus casas se sequen. Acá la relocalización es una opción para los damnificados, pero no todos están de acuerdo con ello. Muchos se resisten a dejar sus viviendas, que están al borde del río.
“Lo que pedimos y queremos es la reubicación de Chima a la parte de arriba. Hasta nuestro colegio está peligrando, ¿qué va a pasar de tres a cuatro años? El desmonte va a subir, cada riada que hay arrastra el desmonte. No podemos hacer nada”, asegura Plácida Sánchez, secretaria de relaciones humanas de San Juan de Pantani, de la localidad de Chima.
Tipuani, municipio aurífero
Al haber nacido alrededor de los campamentos mineros, Tipuani ha sido testigo de la evolución de la explotación del oro en la zona. Hasta la década de los 90, la mayor parte de los cooperativistas buscaban el mineral de forma convencional (es decir, en socavones), pero de a poco empezaron a intervenir los ríos. Con el tiempo, y gracias a la incorporación de maquinaria pesada, la búsqueda del mineral se extendió a la base de los cerros.
Casi todos los habitantes de esta localidad viven alrededor de la actividad aurífera. Según datos de la Alcaldía, de los 10.000 habitantes, el 92% está involucrado directa o indirectamente, ya sea como cooperativistas, trabajadores de apoyo o barranquilleros, en la minería. Estos últimos son los que están debajo de toda la cadena, pues son los que rescatan el oro menudo, que la maquinaria o los cooperativistas no pueden recuperar.
Las empresas permiten que a mediodía ingresen los barranquilleros en busca de oro. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).
Además, las actividades comerciales y de transporte están alrededor de la minería.
Por sus características, Tipuani no se ha dedicado a otras actividades de forma sostenida. Si bien hubo algunos intentos, y actualmente la Alcaldía promueve el proyecto de cría de pacús y turismo, los ingresos para sus habitantes provienen de la extracción del oro.
Entre tanto, el GMAT informa que casi toda la región de Tipuani está concesionada, lo cual queda evidenciado en el mapa que muestra la presencia minera en el municipio hasta el año 2022, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
Fuente: Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, con datos a 2020.
Las afectaciones al río
El río Tipuani sufrió cambios en su cauce. Foto: Karen Gil-REPAM Bolivia.
En Chima y en otras comunidades de Tipuani, las familias se asentaron cerca del río, y en muchos casos sobre este. Plácida Sánchez cuenta que a los pobladores les interesaba estar cerca del oro extraído.
“El río antes no venía por donde ahora es (…); por ejemplo, el río venía por este rincón (señala hacia la izquierda, sobre la comunidad). Por hacer una población lo han arrinconado, han cambiado el cauce. El río vuelve por su curso”, afirma la dirigente.
El afluente ya no tiene la misma apariencia de hace cuatro décadas. Las imágenes satelitales históricas reflejan que entre 1984 y 2022 el río Tipuani sufrió varias alteraciones, como la ampliación de su ancho y el cambio de su cauce. Las transformaciones más visibles se dieron, principalmente, desde 2005. Las imágenes dan cuenta de cómo alrededor de este río se deforestó y se habilitaron espacios para la minería.
El río no solo sufrió alteraciones en su anchura, sino que también en su profundidad. Gracias a los sedimentos que se fueron acumulando a lo largo de estos años, la base es cada vez más alta.
El Alcalde asegura que esto se debe a que este afluente recibe también sedimentación en la parte alta de los campamentos mineros que están instalados en el municipio aledaño de Sorata, donde, principalmente, se explota oro en vetas.
Tanto el Alcalde como los cooperativistas admiten que también hubo una descarga de la tierra por parte de las cooperativas de Tipuani. La autoridad edil asegura que ya se emitió una normativa municipal que prohíbe desechar los sedimentos de los cerros en los ríos.
Jhonny Saavedra, presidente de la Central de Cooperativas Mineras Auríferas Tipuani, que aglutina a 16 cooperativas, explica que la acumulación de los sedimentos se debe al trabajo minero realizado durantes estos últimos 70 años, y aclara que actualmente los cooperativistas no desechan en el afluente. Por su parte, asegura que las cooperativas ayudaron con la construcción de contención para que la subida del río no afecte a la población, como sucedió hace dos años.
Un minero de Chima, quien pidió mantener su nombre en reserva para no recibir represalias, explicó que desde hace algunos años ya no echan la carga mayor de tierras al río, pero sí la carga menor.
Deforestación y pérdida de cerros
El Alcalde afirma que el desmonte es uno de los grandes problemas en Tipuani. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).
Los caminos improvisados y con baches complican el recorrido en las comunidades que están más adentro del centro del poblado. Ni bien se sale de la capital, se evidencian los rastros de la minería: grandes hoyos, de unos 10 a 15 metros de profundidad, y de al menos 30 metros de ancho, se completan con los cerros desmontados. En estos lugares la maquinaria no da tregua. Incluso una retroexcavadora opera al borde de lo que ahora es un cerro y debajo, a unos 30 metros de distancia, los barranquilleros buscan oro.
El alcalde Vera reconoce que los desmontes son la mayor afectación de la minería en Tipuani debido a la remoción y al movimiento de carga con maquinaria pesada. Por ello, explica que, en varios momentos, por ejemplo, en la parte de arriba del municipio “cerros enteros se han caído”.
Los comunarios dicen que, si bien les preocupa esta situación, mucho no se puede hacer porque los habitantes del municipio viven de esta actividad. “Hay mucha gente que vive de eso”, asegura el dirigente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
Muy similar a lo que ocurre en los bosques alrededor del río Madre de Dios, en la Amazonía de Perú, el área verde de Tipuani fue reemplazada por huecos llenos de agua o espacios deforestados donde el trabajo de la maquinaria no cesa.
La remoción de tierra es tan intensa que en muchos casos se ven huecos profundos. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).
Para Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y especialista en minería, la actividad con maquinaria pesada que se realiza en la zona puede ser considerada minería a cielo abierto; es decir, que se desarrolla en la superficie del terreno. El especialista aclara que, para la realización de este tipo de explotación se requiere de planificación, con el fin de contrarrestar los impactos ambientales.
“Se puede considerar a cielo abierto, pero no con todas las previsiones técnicas que debería tener; por ejemplo, lo que vemos en las imágenes (de Tipuani). No se puede apreciar que haya algún tipo de control o mitigación ambiental, parámetros que se exigen para este tipo de minería”, asegura Zaconeta.
El investigador destaca que hay una improvisación de minería a cielo abierto, con una contaminación extrema no sólo por el uso de mercurio, sino también por aceites y combustibles de la maquinaria que se derraman en los ríos, y que afectan la flora y fauna de la zona.
Los mineros argumentan que es necesario llevar a cabo remociones con maquinaria, debido a que ya no se encuentra la misma cantidad de oro que en décadas pasadas, como ocurrió, por ejemplo, en los años 90. Estas actividades son posibles gracias a acuerdos con empresarios, ya que, como explica Saavedra, se requiere de inversiones privadas. De acuerdo con datos proporcionados por la Alcaldía, la mayoría de los inversionistas provienen de otras regiones del país, e incluso existen tres empresas chinas que operan en el municipio.
Para el asambleísta departamental de La Paz Israel Alanoca, las afectaciones que causan las maquinarias vulneran los ecosistemas. Alanoca recuerda que los mineros son responsables de mitigar los impactos ambientales negativos, y de remediar y rehabilitar las áreas explotadas, tal como establece la Ley de Minería y Metalurgia.
Y ¿el mercurio?
Los mineros aseguran que, debido a que no realizan explotación de oro en vetas, no requieren usar mercurio, metal altamente tóxico y que es desechado en ríos, lo que contamina las aguas y los peces.
“Nuestro oro es pepa; no necesitamos mercurio”, dice Vera en el despacho edil, mientras hace gala de un dije de oro que cuelga de su cuello, y que se complementa con un anillo, del que se destaca una gran piedra.
La autoridad asegura que la minería cooperativista que trabaja en los ríos o cerros no necesita este metal tóxico. Asimismo, la autoridad explica que lo poco que se usa de mercurio solo se usa en los lavaderos.
“Siempre hay polvo y orito ahí se usa, pero en las oficinas, pero es mínimo el uso de mercurio”, dice.
Si bien se registró contaminación en el río Tipuani, la autoridad asegura que se debe a las cooperativas de Sorata y que sí usan este metal. El investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, confirma que por el tipo de minería que se realiza en Tipuani no se requiere uso de mercurio.
Dos mujeres que trabajan en la barranquilla contaron que ellas sí emplean mercurio para recuperar granos de oro, y que no tienen medidas de seguridad necesaria, lo que pone en riesgo su salud.
Una mujer busca oro en un lavadero de forma artesanal. Foto: Karen Gil-REPAM Bolivia.
Pocos ingresos para el municipio
Los comunarios y los dirigentes entrevistados coinciden en afirmar que el municipio de Tipuani no ha tenido mejoras en los últimos años; al contrario, tiene muchas deficiencias. La difícil situación se siente, principalmente, cuando ocurren desastres naturales que afectan a la comunidad.
Un paseo por el centro de Tipuani da cuenta de la evidente precariedad. Con excepción de las cuadras alrededor de la pequeña plaza, las calles no cuentan con adoquinado o asfaltado. En la avenida paralela, los conductores de autos tienen que hacer maniobras para transitar. A esa escena le acompaña la basura, que abunda en las calles por la ausencia de contenedores de desechos.
En las comunidades la situación empeora. Por ejemplo, Cangalli no cuenta con un centro de salud, y el que hay en el municipio tiene que atender a los 10.000 habitantes.
Según datos de Vera, la Alcaldía recibió Bs 850.000 en 2022 y este año contará con Bs 1.800.000, por regalías mineras, que son los montos de compensación a los municipios donde se realiza la explotación (15% del total de lo vendido; el resto se va a la Gobernación). Este monto será destinado, principalmente, a salud y a educación.
Pese a que Tipuani es el tercer proveedor de oro de la provincia Larecaja, las regalías que recibe son mínimas. Esta situación se da, principalmente, debido a que el Estado recibe tan solo el 2,5% de lo exportado; es decir, de los 3.073 millones de dólares que se ganó el año pasado, el país se quedó con poco más de 60 millones, el resto se quedó en manos privadas, principalmente, de las cooperativas.
Al respecto, el investigador Zaconeta explica que en lugares como Tipuani, donde se realiza la explotación con maquinaria pesada y que requiere mayor inversión, los mineros debieran pagar el 7% y no el 2,5% por regalías. Asegura que el pago menor es solo para las cooperativas que realizan minería marginal y artesanal.
Según información de la Secretaría de Minería de la Gobernación de La Paz, brindada por el asambleísta departamental Israel Alanoca, en 12 años Tipuani recibió Bs 157.606.498. Pese a ello —dice la autoridad, quien visitó a inicios de este año— el municipio no luce como un lugar donde se explota el metal más caro del mundo.
Explica que el municipio ni siquiera cuenta con una planificación urbana adecuada: “En Tipuani, un municipio aurífero, hemos visto que la urbanización está totalmente destruida”.
Entre tanto, los habitantes del Tipuani no ven otra forma de generar recursos a través de la explotación del oro, que le dio al municipio más sombras que luces.
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* Escrito por: Karen Gil, con reportería adicional de Arnaldo Muiba, de la Red de Comunicadores por la Casa Común.
Fotografías: Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).
*Este reportaje se realizó con el apoyo de Conservación Internacional Bolivia.
Los indígenas que participaron en el Pre Foro Social Panamazónico (Pre Fospa) 2023 acordaron un documento con 29 puntos, entre los que destacan exigir al gobierno boliviano la paralización de los proyectos extractivistas, rechazar el ingreso de empresas mineras y declarar sujetos de derechos a los ríos, Tuichi, Madre Dios, Tucabaca y otros que están en la Amazonía.
“Rechazamos la intensión de la Ajam (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) de reconocer derechos pre constituidos en áreas protegidas, las solicitudes y la autorización que ilegalmente se dieron hasta el 2015, exigimos que se respete la facha de creación de las áreas protegidas. Exigimos la modificación de la ley minera por atentar contra la naturaleza y los pueblos. Deben quedar prohibida las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas”, señala el punto 15 del documento.
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Desde el jueves, más de un centenar de representantes de los pueblos indígenas que componen la Amazonía participaron en el Pre Fospa, que se llevó a cabo en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura. Los asistentes evaluaron las amenazas que sufren a causa de la depredación de sus territorios.
Durante tres días trabajaron divididas en seis comisiones, cada una evaluó un problema distinto que enfrentan las comunidades: crisis climática, madre tierra, autonomías indígenas, el ingreso de proyectos extractivistas, minería ilegal, justicia indígena y otros. Además, visitaron seis comunidades indígenas y el Parque Nacional Madidi que les permitió conocer de cerca sus problemáticas.
El documento suscrito por más de una decena de organizaciones campesinas, instituciones y la sociedad civil cuenta con 29 conclusiones. Este pronunciamiento será entregado en el encuentro de presidentes que se realizará en agosto, en Brasil, con el fin de ser escuchados y tomado en cuenta en las decisiones gubernamentales.
Otro de los puntos importantes es que se reconozca al río Tuichi, Madre De Dios, Tucabaca, vertientes, ojos de agua y otros afluentes en tierras altas y bajas como sujetos de derechos, es decir, que quienes atenten contra estos recursos sean pasibles a una sanción en la justicia.
Cuestionaron que Bolivia sea el primer país en deforestar sus boques, a causa de las actividades extractivistas, ya sea la agroindustria y otros. Ante eso, rechazan los proyectos de biocombustible en base a la palma aceitera, soya y otros cultivos que son promovidas por el Gobierno e instituciones privadas.
“Pedimos que se identifique y se sancione a las empresas privadas, corporativas y personas responsables de los ecocidios y etnocidios que vulneran los derechos de los pueblos y de la madre naturaleza. Demandamos que los responsables indemnicen a los afectados y remedien el daño causado a las poblaciones, quedando sujeto al cese de actividades”, señala otra de las conclusiones.
Al respecto, el director de la Fundación Solón, Pablo Solón, consideró es importante que se exija el respeto a los ríos, que se reconozca que es un derecho y que el gobierno garantice su acceso a todos los pueblos indígenas. A la vez, evitar que se continúe deforestando regiones donde se encuentran afluentes y ojos de agua, que sirven de suministro a los campesinos.
“Se ha establecido es que se reconozca que el agua es un derecho, no un negocio y se debe garantizar el acceso a las poblaciones, que se garantice que los derechos estén libres de contaminación. Se ha plantado que es fundamental precautelar las fuentes de agua que son un suministro para ellos. Entonces, es importante que estos puntos sean socializados en sus regiones”, indicó.
MINERÍA ILEGAL
Un tercer punto importante es el rechazo al ingreso de empresas mineras a las áreas protegidas y territorios indígenas. Se exige la creación de un programa de salud gratuito obligatorio y especializado para los afectados por la minería y las sustancias que se usan. Piden que la fiscalización de la actividad minera se realice con participación de los pueblos indígenas, comunidades locales y gobierno municipales y departamentales.
Al respecto, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, dijo que esta problemática fue uno de los más debatidos en las mesas de trabajo. Una de las propuestas es el incremento de las regalías por la extracción de minerales, que sean destinados a proyectos de salud y educación en beneficio de las comunidades afectadas.
“Además, piden que haya un debate y se plantee la redistribución de las regalías mineras, los porcentajes se eleven de un 2% a un 15%, incluso pueda ser más de acuerdo al precio de los minerales, que se incluyan a las comunidades. Que estos recursos sean destinados a la educación y salud en beneficio de las comunidades”, manifestó. (Rurrenabaque, ANF)
La licencia ambiental y otros requisitos limitarán las ventas de oro al ente emisor. La Paz será la región que más perderá con el nuevo marco legal. El sector cooperativo considera que la actual normativa no está cerrada
“Ya estamos en condiciones de poder comprar oro de instancias públicas y privadas”, anunció el 9 de julio pasado el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, dando así luz verde a un proceso que llega con luces y sombras para el país.
El objetivo es el fortalecimiento de las reservas internacionales netas (RIN) del país, para lo cual se promulgó la Ley 1503, el 5 de mayo de esta gestión, y se aprobó su reglamento, el 3 de julio pasado.
En este marco legal hay dos elementos que permitirían alcanzar ese resultado y que le dan al ente emisor una ventaja para que las cooperativas -que dominan la producción nacional aurífera- vendan su oro esta vez al Estado y no a las comercializadoras privadas, afirmó Héctor Córdova, ex viceministro de Desarrollo Minero Metalúrgico y ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia.
Primero, “se declara” esa operación como “venta interna”, lo que hace que este sector pague un 1,5% por regalías y no el 2,5% que venía pagando, porcentaje preferencial establecido para los yacimientos marginales. Este es un nuevo incentivo para un sector que en su mayor parte debería pagar un 7% de regalías, ya que trabaja en depósitos principales sin pagar impuestos.
“Eso es menos plata para el departamento de La Paz”, apuntó Córdova, quien calculó que ese 1% menos de regalías representaría en 2022 más de $us 30 millones.
El segundo incentivo es la creación de un premio de entre 0,05% y 0,35% sobre la cotización internacional para las ventas de más de 6 kilos de ese metal, indicó Córdova.
Otro elemento, esta vez político, favorable a las compras de oro estatales es “la evidente alianza entre las cooperativas y el Gobierno”, que puede “motivar a varias cooperativas a vender su oro al Banco Central”, consideró.
Estos son los factores propicios al proyecto estatal de compra de oro de producción nacional, pero también hay elementos que juegan en contra de ese objetivo.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) identificó tres limitaciones.
Primero, el hecho de que el nuevo marco normativo no obliga a los actores mineros a venderle el oro que producen al BCB, lo que subordina al ente emisor “a la voluntad de las cooperativas” auríferas. Segundo, el que el Banco Central excluyera de las compras estatales a las cooperativas que producen menos de 1 kilo. Tercero, el que el ente emisor tenga desventajas frente a las comercializadoras de oro, como la presencia directa que tienen estas empresas privadas en las áreas de explotación aurífera.
Otro punto que puede hacer naufragar el fortalecimiento de las RIN con oro nacional es la necesaria licencia ambiental, que ahora se exigirá a todos los operadores mineros que quieran vender el mineral precioso al ente emisor.
“Eso para mi es importantísimo, porque de las casi 2.000 cooperativas que había en La Paz en 2022 menos de 200 (10%) tenían licencia ambiental”. El que solo puedan vender oro al Estado las que tengan licencia ambiental “puede ser un verdadero desincentivo para las cooperativas” y “puede dejar al Banco Central sin vendedores”, dejando este nuevo proyecto para fortalecer las RIN como “un saludo a la bandera”, sostuvo Córdova.
De acuerdo con el Ministerio de Minería y Metalurgia, las cooperativas producen el 99,6% del oro de Bolivia, mineral que se extrae principalmente de La Paz (73,6%), Beni (21,2%) y Santa Cruz (3,3%).
Zaconeta sostuvo que el exigir la licencia ambiental “podría reducir aún más el mercado de ofertantes de oro” del ente emisor.
Consultado al respecto, Santiago Cruz, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), indicó que no está en condiciones de informar cuántas cooperativas auríferas del país tienen ese documento. “El sector cooperativo es amplio”, remarcó.
Temas pendientes
Sin embargo, el dirigente precisó que, durante la elaboración del reglamento Fencomin hizo conocer al Gobierno “que, en algunos sectores, por alguna situación, no se puede adquirir rápidamente” ese permiso ambiental y que se verá la mejor solución a este tema conforme vaya avanzando el proceso de compra de oro por parte del Estado.
El Banco Central destacó que el reglamento para la compra de oro “instituye procedimientos ágiles para la comercialización del metal precioso con el BCB, promueve prácticas internacionales de oro responsable, promueve la inclusión financiera, fija que el ente emisor sea un participante más en la cadena de comercialización de oro y establece condiciones competitivas a objeto de reforzar las reservas internacionales netas”.
Este “es un canal más que nos permite garantizar la estabilidad económica y el proceso de reconstrucción de nuestra economía”, subrayó el titular del BCB.
Pese a que la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y su reglamentación fueron consensuados con las federaciones departamentales y regionales del sector cooperativo, hay puntos que no están cerrados, afirmaron dirigentes de Fencomin.
“No está cerrado en el tema del pago en moneda nacional, la bancarización, los gastos de realización, las compras mínimas. Eso se ha hablado concretamente con el presidente y el vicepresidente del BCB”, dijo Ramiro Balmaceda, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
“Hay algunos aspectos que todavía tendrían que verse en el camino. Hay algunos dirigentes que ya dan por cerrado el tema lo cual me parece irresponsable, porque en la práctica una ley o una reglamentación siempre puede ser modificada”, indicó a Radio La Voz del Pueblo, Ángel Surco, miembro de la Comisión Revisora de este proyecto de la Fencomin.
Entre los aspectos por revisar, detalló, están los plazos de los pagos, los requisitos y documentos que pide el BCB y los pagos en moneda nacional, entre otras “observaciones de fondo”.
“Al Banco Central le va a tomar un tiempo habituarse, porque está entrando a un campo nuevo (…). De aquí a tres meses, tendríamos que evaluar cómo se está trabajando” en todo el proceso, sostuvo.
Por su lado, Cruz prevé que con este marco legal la producción nacional de oro aumente.
Córdova, a su vez, no tiene muchas expectativas sobre los resultados de la nueva ley para fortalecer las reservas de Bolivia.
Experiencias
“En 2011 ya salió una ley con el mismo objetivo (la Ley 175) casi con los mismos términos, pero durante sus 12 años de vigencia las cooperativas no vendieron su oro al Banco Central”. En la actual Ley 1503 “solo se añade la compra en bolivianos y que la compra sea de oro responsable, el resto era idéntico, pero no hubo un incremento de las reservas”, recordó.
Para Zaconeta, si quiere aplicar una verdadera lógica de aprovechamiento de este recurso estratégico, el Gobierno central debería enfocarse en tres puntos: centralizar la totalidad de la comercialización de oro producido en el territorio nacional; ingresar de forma directa a la explotación de oro en las áreas de Comibol y la también estatal Cofadena; e instalar una refinería de oro para darle valor agregado al mineral y añadirlo a las reservas de oro.
Además, “el factor ambiental en la explotación de oro es clave y debe ser abordado en una Ley Integral del Oro”, subrayó.
Al 30 de abril de 2023, las reservas llegaron a $us 3.158 millones, entre divisas y oro, manteniendo su tendencia descendente, aunque el Gobierno insiste en que el nivel de estos activos se estabilizó.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) ve insuficiente la creación del Registro Único de Mercurio (RUME) a través de decreto, el cual se limita al control en la importación y comercialización del mercurio, debido a que esta norma no busca controlar su flujo comercial y el uso indiscriminado de este elemento químico para la extracción de oro, particularmente en la Amazonía.
El decreto supremo 4959 promulgado el 14 de junio señala en su artículo primero: “Con la finalidad de proteger la salud humana y reducir el impacto en el medio ambiente provocado por el uso del mercurio, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer: a) El Registro Único de Mercurio – RUME; b) La Autorización Previa para la importación o exportación de mercurio”.
“La medida no ataca el problema de fondo, sobre la libre comercialización interna de mercurio destinada para la actividad minera, ya que esta norma no busca controlar su flujo comercial y el uso indiscriminado de este elemento químico para la extracción de oro, particularmente en la Amazonía”, afirmó el investigador del Cedla, Alfredo Zaconeta.
Según el especialista, aún queda pendiente la elaboración de la Plan Nacional de Acción destinado a mejorar la capacidad nacional para prevenir y gestionar la utilización del mercurio y cumplir las obligaciones como Estado al ser signatario del Convenio de Minamata.
El artículo dos del decreto señala que el RUME estará a cargo del MMAyA a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, con el fin de registrar a toda persona natural o jurídica, pública o privada que pretenda realizar actividades de importación, exportación o comercialización de mercurio.
En ese marco, los requisitos necesarios para la inscripción de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada en el RUME, serán reglamentados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
La autorización estará a cargo del MMAyA a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, que emitirá la autorización previa para la importación o exportación de mercurio, clasificado en la subpartida arancelaria 2805.40.00.00.
“Para dar cumplimiento al parágrafo precedente, el consentimiento escrito previsto en el Convenio de Minamata sobre Mercurio, se constituirá en requisito para que el MMAyA emita la autorización previa para la importación o exportación de mercurio”, señala la norma que falta ser reglamentada.
Al respecto Zaconeta dijo que teme que la reglamentación de este Decreto, previsto para 15 días, demorará más, considerando que el sector cooperativo minero argumentará sus cuestionamientos a esta norma.
“Este reglamento tendrá que estipular las responsabilidades y que tipificación alcanzará para los que realizan importaciones ilegales, pero sobre todo, para quienes incurren en el contrabando de mercurio hacia los países vecinos”, dijo.
Las mercancías embarcadas con destino a territorio nacional antes de lo previsto en el inciso b) del Parágrafo III de la Disposición Transitoria Primera del presente Decreto Supremo, concluirán su proceso de importación con el marco normativo vigente al inicio de la importación.
La Relatoría Especial de Lucha contra las Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas, ha advertido a nivel internacional, que Bolivia no solo que no cumple el Convenio de Minamata, sino también que se ha convertido en el país centro del tráfico del mercurio en la región, con lo cual frustra los esfuerzos internacionales.
Hay un conjunto de normas que es favorable a las actividades depredadoras, frente a aquellas que las regulan, pero que en la práctica no se las cumple. Especialistas entrevistados por Guardiana coinciden en que mientras estén vigentes la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, la depredación continuará.
Por Miriam Telma Jemio Flores para Guardiana (Bolivia)
Lunes 5 de junio de 2023.– Hoy se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente en un planeta que se va acercando aceleradamente hacia el abismo. Bolivia no es la excepción. La devastación de bosques y la contaminación provocada con la minería del oro están entre los mayores problemas no resueltos del país, cuyo impacto recae en las poblaciones rurales, principalmente en los territorios indígenas y las áreas protegidas, donde a la par están lidiando con las sequías, heladas e inundaciones.
Y al menos unas 27 normas aprobadas en los últimos 14 años han dado lugar a una mayor deforestación para la ampliación de la frontera agropecuaria y también más contaminación minera. En esta revisión realizada por Guardiana no se toma en cuenta otro tipo de afectación ambiental como la provocada por la industria, entre otros actores y factores que también están atentando contra el medio ambiente en Bolivia.
Los problemas a los que nos referimos en este artículo se han agudizado en los últimos años. Y los reclamos, acciones y demandas de parte de activistas, investigadores y los propios impactados han girado en torno al rechazo a ciertas normas que favorecen las actividades agroindustriales y mineras en desmedro del aspecto ambiental y la salud de los impactados.
Si tomamos las dos últimas décadas, hay un conjunto de normas – entre leyes, decretos, resoluciones ministeriales, entre otras- que son favorables a las actividades depredadoras, frente a aquellas que las regulan, pero que en la práctica no se las cumple.
A pesar de ello, nada ha cambiado, no hubo eco en el Gobierno, señalan analistas, ambientalistas y los impactados consultados por Guardiana. Por ejemplo, las normas incendiarias que permitieron la quema de los bosques en 2019 siguen vigentes, las que favorecen a los cooperativistas mineros también. Más bien se han incrementado, como acaba de ocurrir con la aprobación de la Ley del Oro, que sólo ve el tema económico.
Guardiana quiso hablar sobre estos problemas con el ministro de Medioambiente y Agua, Rubén Alejandro Méndez Estrada; sin embargo, debido a que recién fue posesionado en el cargo, indicaron desde su despacho que aún no daría entrevistas.
Metas no compatibles con el cuidado del medio ambiente
Mientras estén vigentes la Agenda Patriótica y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, que dan la línea a seguir, nada cambiará, aseguran los consultados. Unos consideran que no se necesitan más leyes, sino hacer cumplir las ya existentes en materia ambiental como las que regulan las actividades agroindustrial y minera. Otros consideran necesaria una ley integral del oro que también vea el tema ambiental y que permita al Estado un rol protagónico.
La ampliación de la frontera agrícola y ganadera está lejos de parar, mientras estén vigentes la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que renueva el PDES 2016-2020, sentencia Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, entidad que centra sus investigaciones en la tenencia de la tierra y los conflictos socioambientales.
La Agenda Patriótica 2025 contempla la meta de triplicar la superficie cultivada de 3,5 millones de hectáreas (2015) a unos 10 a 12 millones de hectáreas (hasta 2025) y duplicar la población vacuna de 9 millones a 18 millones de cabezas, en el mismo periodo.
Tomando en cuenta que metas como las de la Agenda Patriótica 2025 no son compatibles con las normas que protegen los bosques, los gobiernos del MAS hicieron varias reformas regresivas a las políticas y prácticas sobre bosques, tierras y medioambiente. Esta flexibilización anula varios avances para la protección de los bosques, ecosistemas y medios de vida de las poblaciones rurales más vulnerables.
Por eso en agosto de 2020, el Tribunal Internacional de Defensa de los Derechos de la Madre Tierra emitió una sentencia para que el Estado boliviano abrogue 14 normas legales que las calificó de “incendiarias”, entre ellas seis leyes nacionales y cinco decretos supremos: Ley N° 337, Ley N° 502, Ley N° 739, Ley N° 741, Ley N° 952, Ley N° 1171, Ley N° 1098, Decreto Supremo 1578, Decreto Supremo 3973, Decreto Supremo 3874, Ley Departamental 93/2019, Decreto Supremo 4232, Decreto Supremo 4238 y Resolución Administrativa 084/2020 Senasag.
Y dicha flexibilización de las normas en desmedro de lo ambiental ha sido identificada en tres áreas de desregulación agroambiental por la Fundación Tierra:
En la primera área están las normas de los “perdonazos”, que eliminaron las sanciones por los desmontes ilegales (contempladas en la Ley Nº 117 de 2013 y cuyo plazo se amplió tres veces).
En la segunda están tres normas referidas a los cultivos transgénicos: La Ley Nº 1098 (2018), referida a la producción, uso y mezcla de “aditivos verdes” con gasolina y diésel; el Decreto Supremo Nº 3874 de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento Intacta; y el los decretos supremos 4232 y 4238 (2020), que instruyen la adopción de procedimientos abreviados en tan solo diez días para el uso de cultivos transgénicos de maíz, caña de azúcar, trigo, algodón y soya.
En la tercera área están la reducción de las restricciones legales para desmontes y quemas, por lo cual, desde 2015, para los desmontes menores a 20 hectáreas no se necesitan Planes de Ordenamiento Predial y los requisitos fueron simplificados para obtener la autorización de la ABT. En 2020, la ABT anuló la exigencia a las comunidades de una certificación actualizada del estado de saneamiento emitido por el INRA.
Estas medidas flexibilizadas están por detrás de los asentamientos irregulares de nuevas comunidades campesinas e interculturales en la Chiquitanía y la Amazonía, concluye la Fundación Tierra, en su investigación sobre deforestación y la Agenda Patriótica.
Y esas medidas allanaron, además, el camino para que aumenten la deforestación y los incendios forestales sin que haya sanciones. El promedio de deforestación en el periodo 2016-2021 ha sido de alrededor de 300 mil hectáreas anuales, lo que representa un incremento del 73% comparado con las 173 mil hectáreas del periodo anterior (2011-2015), según la Fundación Tierra.
En el caso de los incendios forestales, en 2019 se dio el mayor impacto: se quemaron más de seis millones de hectáreas en el país; en 2020, la cifra llegó a cuatro millones de hectáreas; en 2021, según el sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales, la superficie de bosques afectados por los incendios llegó a 688 mil hectáreas entre enero y octubre, y en 2022 el fuego devoró 800 mil hectáreas.
A pesar de los pedidos de diferentes sectores, el gobierno no ha escuchado las demandas y no se ha derogado ninguna de las normas mencionadas. Al inicio de su gestión, en 2021, el presidente Luis Arce se comprometió a eliminar los decretos transgénicos del gobierno de Áñez y a apoyar la agricultura orgánica, pero no se ha emitido normas legales al respecto, dice Colque, quien hace notar lo siguiente: “Desde inicios de este año, eso tiene mayores libertades. El gobierno ha vendido dos promesas: Hay que promover las exportaciones para superar la falta de dólares y hay que exportar más”.
No sólo la situación ha empeorado porque se han flexibilizado normas, sino porque no se cumplen las leyes. Ni el Estado cumple, dice el investigador, y recuerda que Emapa introdujo desde Argentina maíz transgénico, lo cual va en contra de las normas legales.
Descontrol de la contaminación en la minería del oro
La proliferación de la minería del oro, principalmente a través de las cooperativas, preocupa a varios sectores del país, a investigadores, ambientalistas y, por supuesto, a los impactados, que en su mayoría son indígenas de la Amazonía.
Los cooperativistas mineros se consolidaron, en los últimos tres lustros, como un poder económico y político en el país. Actualmente son socios del gobierno del MAS, sus miembros son autoridades en el Ejecutivo y también ocupan curules en el Legislativo.
“Se han blindado de tal manera (los cooperativistas mineros, que al 2022 ocupan el 99,6 por ciento de la producción nacional de oro. Se ha vuelto casi un monopolio, entonces urge regular esta actividad del sector cooperativo, más ahora que venderán el oro al Banco Central”.Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)
Una investigación de Guardiana encontró más de una docena de normas legales que favorecen la actividad de los cooperativistas mineros, desde la Constitución Política del Estado que los reconoce como actores productivos hasta la Ley de Minería y Metalurgia de 2014 y varios decretos que flexibilizan la regulación ambiental y tributaria a su favor.
A especialistas como Zaconeta les preocupa que se haya consolidado a ese sector no sólo por el daño al medio ambiente, sino porque este hecho está dando lugar a conflictos sociales ocasionados sobre todo por avasallamientos en los territorios indígenas y áreas protegidas. No hay que olvidar que se trata de una actividad ilegal porque no cuenta con licencia ambiental, además de que no produce importante beneficio para el país por las bajas recaudaciones tributarias y fomenta la presencia ilegal de empresas internacionales con las que los cooperativistas mineros del oro se asocian tras bambalinas.
Al impacto ambiental que dejan en los ríos y las áreas protegidas como Apolobamba, Cotapata y ahora el Madidi, se suma el impacto en la salud de los indígenas, quienes tiene rastros de mercurio en su organismo por encima del límite considerado permitido por la Organización Mundial de la Salud, según tres investigaciones realizadas en los últimos tres años en comunidades indígenas de La Paz y Beni, que consumen rutinariamente pescado que extraen del río Beni.
«Tras la inhalación o ingestión de distintos compuestos de mercurio o tras la exposición cutánea a ellos se pueden observar trastornos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras. En trabajadores expuestos durante varios años a niveles atmosféricos de al menos 20 μg/m3 de mercurio elemental se pueden observar signos subclínicos leves de toxicidad para el sistema nervioso central. Se han descrito efectos en los riñones que van de la proteinuria a la insuficiencia renal».Organización Mundial de la Salud
Ambientalistas, investigadores y los principales afectados han realizado diferentes acciones para exigir que las autoridades del Estado como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), entre otros, cumplan con su rol de control de esta actividad y que se eliminen normas como las que permiten el ingreso de la actividad minera a áreas protegidas.
Entre otras irregularidades, Córdova menciona que la ley de las cooperativas prohíbe contratar a obreros o personas para hacer su trabajo, pero lo hacen violando dicha normativa; también les prohíbe asociarse con empresas privadas, pero sí se asocian, sobre todo con empresas chinas y colombianas.
Sin embargo, quienes reclaman, como en el caso de la deforestación e incendios forestales, no han obtenido respuestas favorables desde el Estado.
El sector minero depredador consiguió favorecerse con un decreto que le otorga preferencias para tributar montos ínfimos comparados con las ganancias que obtiene con la explotación del oro. En 2022, Bolivia alcanzó su mayor producción histórica de oro: 53,3 toneladas que significó un valor de 3.026 millones de dólares, pero “sólo generó para el Estado 63,2 millones de dólares”.Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)
La reciente promulgación de la Ley del Oro es otro ejemplo del favoritismo que hay por el sector. “Esta ley permitirá que el modelo siga proliferando hacia otras zonas de la Amazonía”, remarca el investigador del Cedla.
Para Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo, la Ley del Oro sólo está enfocada en el tema económico y no toca los aspectos sociales y ambientales que tienen que ver con la proliferación de la actividad aurífera.
Es otra norma paliativa -dice Zaconeta- que no mira integralmente el oro como un recurso estratégico.
Las acciones frente al extractivismo
Desde la población afectada hasta investigadores y ambientalistas se ha realizado una serie de manifestaciones demandando soluciones a los problemas de deforestación y la contaminación por la minería del oro.
Se ha pedido el cambio o abrogación de las “normas incendiarias” y que se hagan cumplir las normas que regulan la actividad minera en materia ambiental.
“Ningún cambio, ninguno por lo menos que alcance para reducir el desastre, mucho menos para evitarlo. Esto se debe a que tenemos en este momento un Estado extractivista, facilitador de la devastación porque se la entiende como parte del desarrollo y finalmente un Estado cómplice de la ilegalidad”, comenta la senadora opositora Cecilia Requena.
Esa es la manera de generar gobernanza y apoyos de grupos sociales tanto en el área de minería como en el área agropecuaria, dice la legisladora.
Desde su posición ha realizado más de una decena de peticiones de informe a los ministerios de Minería y Medio Ambiente, principalmente para que respondan sobre la actividad minera del oro. Pero en la mayoría de los casos no ha obtenido las respuestas esperadas. Y también ha planteado acciones de inconstitucionalidad sobre las normas que permiten el extractivismo.
Las acciones populares también son otros instrumentos que se han usado con el fin de detener por ejemplo la actividad minera en áreas protegidas o la construcción de represas en territorios indígenas.
Requena dice que los logros son pequeños, pero significativos, sobre todo en el Legislativo donde el MAS tiene mayoría. Asegura no se cansará de interpelar y realizar las acciones que le corresponda para enfrentar y frenar el extractivismo que causa daños en el medio ambiente y en la salud.
En mayo se conoció la disposición de un juez del Tribunal Agroambiental que ordenó a la AJAM suspender y rechazar todo trámite que pretende la otorgación de derechos mineros sobre el río Tuichi, además, ordenó apoyo militar para proteger al Área Protegida Madidi de la minería ilegal.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz ha anunciado que iniciará un proceso judicial contra las autoridades del Ejecutivo por permitir la actividad minera en el Parque Madidi.
Los indígenas se movilizaron el pasado año tras la firma de un convenio entre el Sernap y los cooperativistas mineros para ingresar a esa área protegida. Lograron que quedara sin efecto el convenio. Sin embargo, los cooperativistas mineros están trabajando en el Madidi, principalmente en el río Tuichi, sin que haya control de las autoridades.
Además de los impactos ambientales y en la salud, con la actividad minera en áreas protegidas se han producido en los territorios indígenas la división y la discordia entre familiares debido a la intromisión de las cooperativas mineras, lamenta Ruth Alípaz, lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
“A pesar de que venimos denunciando constantemente sobre los impactos en la cuenca del río Beni por la minería y la deforestación, incluso durante la pandemia denunciamos sobre la cantidad de dragas en la zona aurífera de Mayaya y que nos estaría afectando porque nuestras comunidades aún bebían aguas del río, no hemos sido escuchados”.Ruth Alípaz, lideresa de la Contiocap
Por eso realizaron el estudio de la contaminación por mercurio junto al Cedib y la Universidad de Cartagena en 2021. Los resultados fueron presentados en audiencia temática a la CIDH en marzo de 2022, dando cuenta de la presencia de mercurio en el organismo de los indígenas de varias comunidades de la región amazónica y sobre la constante turbidez de los ríos debido a la minería en las partes más altas, que están contaminando los peces y los suelos. A pesar de esas evidencias, aún las autoridades no se están ocupando de la salud de los afectados.
“La minería nos está extinguiendo a los pueblos indígenas, tanto por los efectos de la contaminación como por la pérdida de nuestros territorios, por la pérdida de nuestra identidad, por la pérdida de nuestra cultura como pueblos indígenas y por la pérdida de nuestras formas ancestrales de convivencia en nuestras comunidades”.Ruth Alipaz, lideresa de la Contiocap
Jorge Campanini, investigador del Cedib, concluye que la normativa ambiental en Bolivia no funciona. “La gestión ambiental en Bolivia es meramente administrativa. Son procedimientos y requerimientos administrativos -unos más, unos menos-, pero en el fondo la gestión ambiental no es una práctica de control, de supervisión, de prevención de monitoreo, de cuantificación etcétera, etcétera, etcétera, etcétera”, puntualiza.
En las áreas protegidas, los guardaparques “están confundidos” por las normas que el mismo Estado promueve para dar paso a las actividades extractivas, dice Marco Uzquiano, jefe de protección de la Estación Biológica del Beni. “Qué estamos conservando, qué es lo vamos a cuidar. El término de área protegida está quedando en la teoría porque están siendo afectadas por tantas actividades”.
¿Qué hacer para cambiar la situación actual?
A pesar de existir mucho pesimismo porque nada cambia en la situación de la deforestación y la contaminación por la minería del oro, hay algunas propuestas que nacen desde la sociedad civil.
Alfredo Zaconeta del Cedla plantea que lo primero que debe hacer el Gobierno es un diagnóstico y una autocrítica para entender la problemática cuando se habla de exportación de oro. Tiene que ver hacia dónde se está expandiendo y quiénes son los actores de esa expansión. “Lo que se necesita es una ley integral del oro que agrupe los problemas ambientales, sociales, económicos y jurídicos, para que realmente el Estado sea el actor principal que ingrese a la fase de explotación en sus diferentes áreas a través de la Comibol”, remarca el investigar del Cedla, contrariamente a quienes piensan que Bolivia tiene normas suficientes y que sólo se requiere que las autoridades las hagan cumplir.
El Cedla también plantea que se identifiquen a las cooperativas que han perdido esa condición al asociarse con capitales privados, para que se las eleve a rango de empresa y que se uniforme el pago de regalías.
El investigador Héctor Córdova señala que la situación actual de la minería cooperativizada se puede corregir si el Estado genera empleos alternativos y se instalan plantas procesadoras de minerales.
Para Gonzalo Colque, la solución no está por hacer más normas de control, sino por aplicar las que ya existen. “Se sabe lo que se tiene hacer para que la economía tenga un carácter sostenible, cuidando el medio ambiente. Hay estándares internacionales, tenemos por ejemplo en nuestra legislación la sanción por los desmontes, pero lo que ha pasado en los últimos años es que incluso teniendo leyes flexibles, no se las cumple”.
La Fundación Tierra lanzó una propuesta en la que recomienda diseñar e implementar un nuevo modelo económico en lugar del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y la política de Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI), porque considera que el programa económico vigente no es el adecuado para la gestión de la economía en tiempos de crisis. Plantea que se eliminen los privilegios económicos y tributarios. “Las reformas deben contemplar: i) nuevo régimen tributario para regular la minería del oro, ii) reforma del Régimen Agrario Unificado (RAU) para regular las afectaciones ambientales de la mediana y gran agricultura, iii) reducción progresiva de las subvenciones al diésel y gasolina”.
Jorge Campanini piensa que es necesaria una nueva Ley de Medio Ambiente que se vincule con los lineamientos del respeto de los derechos de la naturaleza e incluya el cambio climático, lo que no tiene la Ley 1333 de 1992. La nueva norma debe contemplar una institucionalidad ambiental, un marco ejecutivo, eficiente, técnico, independiente y jurídico efectivo.
Para el guardaparque Uzquiano, no hay necesidad de más normas legales. “Necesitamos endurecer esas normas y sensibilizar a la sociedad y a los tomadores de decisión, porque ahora no tenemos respeto a la ley ni a la autoridad”.
Las y los entrevistados por Guardiana coinciden en que la situación va a empeorar debido a la crisis económica, toda vez que tanto el Gobierno como el sector productivo privado buscan mejorar la economía con las actividades extractivas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.
Así está Bolivia hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente…
Para concluir esta serie de análisis, no podemos dejar exentas las últimas normas que ingresaron en debate en los últimos dos años, todas estas en relación con la explotación de oro, ergo, con las cooperativas mineras.
Algunas de estas iniciativas legislativas fueron dilatadas y otras archivadas, a consecuencia del rechazo de los cuentapropistas auríferos, que vieron en estas normas un atentado a su quehacer extractivo.
En marzo de 2021, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN LP), a través de una nota dirigida a la Comisión Económica, Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, hizo conocer su oposición al tratamiento del anteproyecto de Ley de “Fortalecimiento Integral de Lucha Contra la Minería Ilegal y Actividades Ilícitas y Conexas”, planteado por el Comité de Minería y Metalurgia de la Cámara de Diputados.
El argumento esgrimido por los cooperativistas aseguraba que “…al aprobarse esta ley se estará perjudicando al sector cooperativista más aun cuando hay retraso en la otorgación de Contratos Administrativos Mineros y la Adecuación de Derechos Mineros”.
En versión de los cooperativistas, la causa para la existencia de minería ilegal en el país, particularmente en el sector aurífero, es la burocracia administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en la otorgación de derechos sobre las áreas solicitadas.
Añadieron que su sector atravesaba dificultades al momento de comercializar el oro por los “desajustes en el mercado que implica problemas impositivos”.
En esa oportunidad, los mineros asociados a FECOMAN aseguraban que este anteproyecto de ley: “vulnera las competencias establecidas desde la Constitución Política del Estado, facultando a otras instituciones de ejercer la tarea de administrar a la industria minera conforme prevé el Art. 372 de la CPE., otorgando facultades para la fiscalización y control de la exportación y comercialización interna y externa del oro específicamente, a otras instituciones, diluyendo la responsabilidad y generando más burocracia”.
Su manifiesto concluía con una clara oposición al tratamiento de este anteproyecto de ley, y como era de esperar, el mismo fue archivado en su tratamiento hasta la fecha.
Algo que llamó la atención por entonces, era que FECOMAN anunciaba su renuncia a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), reconociendo como cabeza de su sector a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL), aunque la misma hasta la fecha no cuenta con Personería Jurídica.
En abril del mismo año, desde la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (FEDECOMIN OR.), a través de un manifiesto se declararon en estado de emergencia, rechazando el Proyecto de Ley de la Defensa de la Madre Tierra, planteado por la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), asegurando que esta iniciativa legislativa frenaría su actividad productiva.
En sus consideraciones, los cooperativistas sostenían que “Es hora de que el Estado destine mayores recursos y se disponga de un porcentaje de las Regalías Mineras para temas de remediación ambiental”, buscando así deslindarse de lo establecido en el art. 219 de la Ley Minera.
Al igual que el anterior Proyecto de Ley, este también fue archivado y el debate concluyó sin mayor discusión, ni reticencia de los proyectistas de esta norma.
Ante estas posiciones, el titular de la cartera de Minería y Metalurgia, días después tuvo que salir al paso a través de una Petición de Informe Oral en el Senado Nacional, donde aseveró: “El ministerio (de Minería) y como Gobierno tenemos ya un proyecto de Decreto Supremo y (una) ley para controlar la comercialización de oro, y también seguramente (…) ver qué tipo de tecnología usamos para este principal (metal) de explotación”.
En esta oportunidad, la autoridad tuvo que reconocer la necesidad de hacer ajustes a los tributos que pagan las cooperativas mineras por la explotación de oro, además, anticipó que el uso de mercurio para la obtención de oro iba a ser regulado, o al menos, se iba a buscar cambiar de tecnología.
Estos dos anuncios serían las causas para que los conflictos con el sector cooperativo se radicalicen en los siguientes meses, en pos de cuidar sus intereses.
En el mes de junio, también de 2021, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, anunció que, desde el Ejecutivo, remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley para autorizar al Banco Central de Bolivia (BCB) la compra de oro para fortalecer las reservas internacionales, más conocida como la “Ley del Oro de producción Nacional Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales”.
Arce aseguró que esta propuesta de norma planteaba autorizar al Banco Central a comprar oro de producción nacional para fortalecer las Reservas Internacionales Netas, y facultar a esa entidad a realizar operaciones en mercados internacionales, sin embargo, para que esto proceda se requería crear mecanismos y normas para “una política de administración eficiente de nuestras reservas que beneficie a Bolivia», en versión de la autoridad.
El rechazo a la iniciativa presidencial no se dejó esperar. En el mes de agosto, tras la realización de un cabildo, los cooperativistas afiliados a FERRECO y FECOMAN, decidieron activar el bloqueo de las “mil esquinas” exigiendo la atención del gobierno a sus demandas, entre ellas: el rechazo a los proyectos de Ley del Oro, Ley de la Madre Tierra, el cumplimiento de la Ley General de Cooperativas, protección contra los avasallamientos, además, la destitución del ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio.
Ante esta nueva movilización, el gobierno convocó al sector cooperativo, dejando sin efecto el tratamiento de estos proyectos de ley, con el compromiso de socializar sus contenidos y llegar a consensos.
En octubre del mismo año, las movilizaciones volvieron a resurgir desde filas de las cooperativas, esta vez, contra la Ley 1386, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo”. Los cooperativistas auríferos rechazaron esta medida, por considerar que violaba los principios de confidencialidad, les imposibilitaba otorgar poderes ante determinados entes públicos y que a simple solicitud se busque información sobre sus transacciones, hechos que consideraban una violación a su libertad económica. Las movilizaciones de los cooperativistas junto a otros sectores tuvieron su rédito. En noviembre de 2021, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó la Ley 1409 que abrogó la Ley 1386.
En julio del pasado 2022, los cooperativistas auríferos plantearon la creación de un Régimen Tributario del Oro, con alícuotas fluctuantes entre 1,68% y 3,03%. Esta iniciativa surgió como contrapropuesta a la Ley del Oro de producción Nacional Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, repuesta para su discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La propuesta legislativa impulsada por FERRECO y FECOMAN, para la instauración de este Régimen Tributario, constaba de un solo artículo que señala: “Crease un Régimen Tributario del Oro que tiene por objeto gravar las operaciones de venta de oro en mercado interno, realizada por cooperativas mineras auríferas y personas naturales”.
Empero, el mismo artículo añade: “Este régimen exime del alcance, presentación y pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).
En octubre del pasado año, la propuesta entró a una discusión forzada, acompañada -como es costumbre- de medidas de presión que paralizaron la ciudad de La Paz por dos jornadas.
La movilización de los cuentapropistas fue aprovechada para añadir a la mesa de discusión varios temas, entre ellos, la viabilidad de contratos de readecuación, los contratos administrativos mineros y la dotación de nuevas áreas de trabajo, algunas en áreas protegidas como el Parque Madidi.
Tras doce horas de negociación, Gobierno y cooperativistas auríferos arribaron a un convenio, que, en su principal punto, determinó un Régimen de Tributación para el oro del 4,8% sobre el valor de las ventas del mineral dorado.
En versión de los proyectistas de este Régimen Tributario (Impuesto Único), tendría un fuerte impacto recaudatorio para beneficio del erario nacional, empero, si uno hace una estimación sobre el valor de exportación de oro de la gestión 2021, que alcanzó a $us 2.534 millones, aplicando este Impuesto Único del 4,8%, el Estado apenas llegaría a recaudar $us 121 millones.
El tributo en cuestión aún no fue elevado a rango de Ley, pero, de concretarse el mismo impediría la posibilidad de que el Estado boliviano reclame otro pago por la explotación de oro en el país, hoy en dominio de las cooperativas mineras. Además, se sienta jurisprudencia para un trato preferencial de tributos sobre la explotación de los recursos naturales no renovables.
Esta derrota para el Gobierno, le obligó a replantear nuevamente el tratamiento de la “Ley de Oro” que, pese a los pactos que hubiesen establecido con el subsector cooperativista aurífero al momento de aprobar el 4,8% del Régimen Tributario del Oro, sigue siendo cuestionada por los cooperativistas.
Esta posición de condicionamiento fue ratificada por el presidente de FECMABOL, René Butrón, que aseveró que los mineros cooperativistas auríferos rechazan el debate de la ley de monetización de reservas de oro en la Cámara de Diputados si es que al mismo tiempo no se garantiza con otra ley que el sector no pagará más del 4,8 % al valor bruto de venta del metal dorado.
Ahora, con respecto a la Ley del Oro, el gobierno «socialista» del MAS a la cabeza de Luis Arce, da una nueva muestra de su apego a la lógica del libre mercado, buscando competir con las comercializadoras de oro, sin haber aprendido de sus fracasos durante el gobierno de Evo Morales, con la Empresa Boliviana de Oro (EBO).
El MAS si fuera coherente con su discurso y con las leyes aprobadas en los últimos quince años, hubiese dispuesto la instalación de una refinería estatal de oro, para así centralizar toda la producción nacional del metal dorado, acogiéndose al artículo Art. 173 de la Ley 535 (Obligación de oferta de venta) que señala: “Los actores productivos mineros y los comercializadores ofrecerán obligatoriamente en venta sus minerales y concentrados de mineral, primero a las fundiciones o refinerías estatales y luego a las privadas en el territorio nacional, la que se formalizará de acuerdo a disponibilidad de tratamiento en tiempo oportuno, capacidad de tratamiento y mediante contratos de compra venta que tengan en cuenta condiciones de competitividad y precio con referencia al mercado y oportunidades internacionales. La producción no vendida a dichas empresas podrá ser vendida o exportada libremente en el mercado internacional”. Para hacer efectivo esto, debería modificar el mismo artículo en su inciso d), que exime de dicha obligación a los mineros que no produzcan más de «200 toneladas métricas brutas de otros minerales metálicos, certificada por el SENARECOM», y excluir al oro de esa exención, por tratarse de un mineral estratégico para el país.
Con esto, el Gobierno podría zanjar el falso debate por posibles afectaciones a los operadores mineros que niegan posibilidad de discutir cualquier medida que afecte sus intereses.
Otra observación a esta ley es el tema referido al contrabando de oro proveniente del Perú y que este no termine siendo adquirido por el Estado a través de esta norma que, de hacerlo, se estaría incurriendo en un delito legalizando lo ilegal.
Además, hasta el momento no se estableció el cupo o volumen que se pretende comprar de parte del Estado con el Plan Anual de Adquisición de Oro, ni a quienes, esta situación es una de las causantes de mayor susceptibilidad para los cuentapropistas auríferos.
A esto se debe añadir la regulación del uso de mercurio en la actividad aurífera, que aún está pendiente, pese a que Bolivia tiene la obligación de cumplimiento por estar suscrito al convenio de Minamata desde 2013, sin embargo, poco o nada se hizo para su cumplimiento. Recién en enero de este año el gobierno presentó dos proyectos destinados a conseguir recursos para su desarrollo, referidos al Plan de Acción Nacional, que permitan la elaboración de estrategias y mecanismos para la reducción gradual del uso del mercurio en la minería del país; sin embargo, pasarían al menos un par de años para que recién se puedan ver los resultados de ambos.
Con todo lo expuesto, se puede evidenciar que el sector minero cooperativista supo y sabe cuidar sus intereses, plasmados en leyes, decretos supremos o resoluciones ministeriales, para capitalizar mayor poder político que les permita vulnerar la actual normativa, como sucede con la Ley Minera en su art. 151, numeral I, que señala: “Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras”.
Para concluir, las reservas de oro, acumuladas en años, apenas alcanzan 43 toneladas (T), por debajo de las 46 T que fueron producidas el 2021, de esto hay que considerar que la falta de una política oportuna deriva en que el 98% de la producción de oro sea exportada sin un beneficio real para el Estado y el 94% de la producción nacional esté dominada por el sector cooperativo; entonces, urge ejercer el dominio en toda la cadena del oro (exploración, explotación, comercialización y exportación de oro) a través de una Política Integral del Oro que considere todas sus aristas, desde las económicas, sociales, ambientales y legales, de lo contrario, la bonanza del oro en Bolivia, entre la asimetría y el dejar hacer, continuará para beneficio de pocos y tristeza de muchos.
Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través de su investigador, Alfredo Zaconeta, afirmó que el Gobierno no necesita impulsar la Ley del Oro para aumentar las reservas internacionales, sino apegarse a la actual Ley 535 de minería y metalurgia, que contempla la instalación de una refinería para el metal dorado, de tal forma de garantizar que lo que se produce en el país, le sirva al Estado.
“El MAS si fuera coherente con su discurso y con las leyes aprobadas en los últimos 15 años, hubiese dispuesto la instalación de una refinería estatal de oro, para así centralizar toda la producción nacional del metal dorado, acogiéndose al artículo 173 de la Ley 535”, afirmó a Brújula Digital.
El especialista apuntó a la Ley minera, que contempla que los actores productivos mineros y los comercializadores ofrecerán obligatoriamente en venta sus minerales y concentrados de mineral, primero a las fundiciones o refinerías estatales y luego a las privadas en el territorio nacional.
La ley minera señala que la producción no vendida a dichas empresas podrá ser comercializada o exportada libremente en el mercado internacional.
El proyecto de Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, justifica la normativa en el hecho de que las reservas de oro se incrementaron de manera sostenida desde el 2015, debido a la reducción del stock de reservas monetarias y al incremento del precio del oro.
Respecto a la Ley del Oro dijo que el Gobierno “socialista” del MAS a la cabeza de Luis Arce, da una nueva muestra de su apego a la lógica del libre mercado, buscando competir con las comercializadoras de oro, sin haber aprendido de sus fracasos durante el Gobierno de Evo Morales, con la Empresa Boliviana de Oro.
“Para hacer efectivo esto, debería modificar el mismo artículo en su inciso d), que exime de dicha obligación a los mineros que no produzcan más de 200 toneladas métricas brutas de otros minerales metálicos, certificada por el Senarecom y excluir al oro de esa exención, al tratarse de un mineral estratégico para el país”, subrayó.
Las reservas de oro, según el proyecto de ley, señala han incrementado sostenidamente su participación desde el 2015, debido a la reducción del stock de reservas monetarias y al incremento del precio del oro.
“Con esto, el Gobierno podría zanjar el falso debate por posibles afectaciones a los operadores mineros que niegan posibilidad de debate a cualquier medida que afecte a sus intereses”, indicó.
Otra observación que tiene el investigador al proyecto de ley, es el tema referido al contrabando de oro proveniente de Perú y que este no termine siendo adquirido por el Estado a través de esta norma que, de hacerlo, se estaría incurriendo en un delito legalizando lo ilegal.
“Además, hasta el momento no se estableció el cupo o volumen que se pretende comprar de parte del Estado con el Plan Anual de Adquisición de Oro, ni a quienes, esto es una de las causantes para mayor susceptibilidad de parte de los cuentapropistas auríferos”, dijo.
En este marco señaló que se pone en evidencia al sector minero cooperativista, que supo y sabe cuidar sus intereses, plasmados en leyes, decretos supremos o resoluciones ministeriales, para capitalizar mayor poder político, que les permita vulnerar la actual normativa.
Como ejemplo de esta situación indicó que el sector aurífero vulnera de manera evidente el artículo 151, numeral I de la Ley 535 que señala: “Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras”.
La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz observó el proyecto de “Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”, por no incorporar el impuesto único acordado con el Gobierno en octubre del año pasado. Advirtió además de vacíos legales por no especificar en qué laboratorios se refinará el metal hasta lograr el 99,9% de pureza y bajo qué mecanismos compraría el Banco Central de Bolivia (BCB) a los mineros.
Proyecto de régimen tributario
En cuanto a la propuesta del sector cooperativista aurífero para pagar un impuesto único del 4,8% al valor bruto del oro, dijo que no es lo que los mineros señalan, en sentido de que favoreceré al Estado.
“En versión de los proyectistas de este Régimen Tributario tendría un fuerte impacto recaudatorio para beneficio del erario nacional, empero, si uno hace una estimación sobre el valor de exportación de oro de la gestión 2021, que alcanzó a $us 2534 millones, aplicando este Impuesto Único del 4,8%, el Estado apenas llegaría a recaudar $us 121 millones”, citó.
El tributo en cuestión aún no fue elevado a rango de ley, pero, de concretarse –advirtió Zaconeta- impediría la posibilidad de que el Estado boliviano reclame otro pago por la explotación de oro en el país, hoy en dominio de las cooperativas mineras. Además, se sienta jurisprudencia para un trato preferencial de tributos, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables.
A pesar que más del 90% de la explotación del oro se encuentra en manos de las cooperativas auríferas que pagan un único impuesto del 4,8% del valor bruto del metal, el Gobierno a través del ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio destacó los valores de exportación registrados el 2022, así como el potencial de clase mundial de la Cuenca Madre de Dios, en la Amazonía.
“El Madre de Dios con un ancho de 15 kilómetros es un potencial que está en el mapa geológico entre los grandes yacimientos del mundo”, dijo en una entrevista en Btv.El titular de Minería destacó que el valor de exportación del oro el 2022 llegó a 2.700 millones de dólares, seguido del zinc con $us 1.671 millones, la plata con $us 795 millones y el estaño con cerca de $us 500 millones.
Por concepto de regalías dijo que el departamento de Potosí recibió $us 142,9 millones, mientras que el departamento de La Paz que concentra casi el 80% de la explotación aurífera recibió $us 60,2 millones; Oruro recibió $us 19,4 millones; Santa Cruz, $us 4,9 millones; Beni, $us 4,2 millones y así sucesivamente hasta hacer un total de $us 238 millones.
Exportaciones históricas
Las exportaciones de oro treparon a 52 toneladas métricas (Tn) el 2022, por un valor de 2.732 millones de dólares.
Sin embargo, Villavicencio no detalló cómo se benefició el Estado con esas exportaciones.
“En el oro La Paz, el 84.7% y el Beni 6,7%, hemos subido de 46 (2021) a 52 toneladas de exportación, pero debemos trabajar bastante con nuestras cooperativas, con nuestra Fencomin y nuestro Ministerio porque definitivamente el oro es un metal estratégico que debe dejar commodities para nuestro país”, afirmó en su reciente rendición de cuentas.
Villavicencio aseguró que la minería es la principal fuente de ingresos en valor para el país. “Estamos hablando de un estimado de 6.358 millones de dólares que se han vendido a los mercados del exterior y logramos ocupar el primer lugar en minería”, destacó.
Sin embargo, en contrasentido, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro anunciaba el 26 octubre de 2022, que tras varias horas de negociaciones con las cooperativas auríferas de La Paz se determinó crear un impuesto único a la venta del oro.
“Se está creando un impuesto único que va a ser aplicable al valor bruto de venta de oro con una alícuota de 4,8%, norma que va a ser presentada y priorizada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo trabajo técnico consensuado”, informó entonces el Ministro de Economía, rodeado de dirigentes mineros de las cooperativas.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), a través de su investigador Alfredo Zaconeta, cuestionó dicho acuerdo entre el Gobierno y el sector cooperativista aurífero, por el que se crea un impuesto único al valor bruto de la venta de oro de 4,8%.
Advirtió que se sienta jurisprudencia para un trato preferencial de tributos, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables.
Mencionó de ejemplo que el Impuesto a las Transacciones (IT) 3% por valor de transacción; Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13%, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 25% y un alícuota de 12,5 % en periodo de precios altos para el sector minero privado, que hacen un total de 37,5%, exceptúa a las cooperativas.
Para dar continuidad a las reflexiones sobre la explotación de oro en el país, toca hacer una acerca del papel del Estado, sus políticas públicas y sus intenciones por desempeñar un rol protagónico dentro de la cadena productiva y comercialización de oro.
Una primera iniciativa se dio en octubre de 2010, cuando la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) creó, mediante resolución de directorio general N° 4424/2010, la Empresa Boliviana del Oro (EBO). Esta empresa tenía como objetivo comprar toda la producción de oro en el país, con una justa remuneración para los cooperativistas y su venta al Banco Central de Bolivia (BCB); además, evitar que salga de contrabando a través de las comercializadoras de minerales.
Paralelamente, buscó promover la formalización de las operaciones de las cooperativas mineras auríferas. Para esto, EBO instaló oficinas en Riberalta y San Ramón, en el departamento de Beni, y una tercera en la ciudad de El Alto.
El principal crítico a este emprendimiento estatal fue el sector cooperativo aurífero, puesto que aseguraban que EBO no tenía la capacidad de competir en precios –bajo la lógica del libre mercado– frente a las comercializadoras privadas, debido a la obligatoriedad que tenía en los siguientes aspectos: de emitir factura, al ser una empresa estatal; de deducir impuestos y, sobre todo, de vender el oro al BCB. A ello se sumó que EBO no contaba con el capital económico para acopiar todo el oro que se produce en el país.
Otro factor que limitó los objetivos de la estatal del oro fue que, en el mismo período, el Fondo de Financiamiento Minero (FOFIM) desembolsó a favor de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), $US 12,4 millones para crear la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras (COMERMIN), que, dentro de sus objetivos, también disputó la comercialización de oro.
Las dificultades administrativas para EBO fueron recurrentes. El efecto limitado de su gestión recién se conoció en 2019, cuando la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, elaboró un diagnóstico sobre la situación de varias empresas estatales, entre ellas la estatal del oro.
El diagnostico identificó que EBO no funcionaba como una empresa, sino como un proyecto para evitar el contrabando de oro, que lo compraba para el BCB. En 2019, funcionaba como una unidad compuesta por cuatro funcionarios (un responsable, una administradora, un auxiliar y un laboratorista), que, además, figuraban en planillas de la COMIBOL. En conclusión, EBO no pudo cumplir a cabalidad su propósito.
Otra muestra de debilidad institucional en la intención del Estado de administrar la explotación y exportación de oro es el episodio registrado el año 2012, cuando los reportes oficiales del Ministerio de Minería y Metalurgia exhibieron una variación de cifras entre la producción y exportación de oro. En esa gestión, Bolivia produjo 12 toneladas y exportó 26,9 toneladas. Este hecho hizo presumir de contrabando de oro proveniente de Perú, que hubiese salido legalmente por fronteras bolivianas al mercado internacional. Sobre este hecho el Estado nunca confirmó o descartó esta hipótesis.
En varios de los análisis y las reflexiones que se hacen sobre la cadena de explotación y exportación de oro, se omite el rol de las comercializadoras de minerales y sus intermediarios, que, amparadas en la vigencia del Decreto Supremo 21060, juegan un rol protagónico en la actividad minera. Desde las cooperativas mineras han surgido varios cuestionamientos sobre el rol de las comercializadoras mineras.
Para entender el rol de las comercializadoras de oro y sus intermediarios es necesario rememorar un episodio registrado en marzo de 2019: en esa fecha, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO) hizo pública su intención de acopiar todo el oro producido en el departamento de La Paz y venderlo de forma directa a la India.
El comunicado fue hecho por el presidente de FERRECO, Armando Saravia, tras una reunión con empresarios de la India, donde se planteó alinear a todas las cooperativas auríferas que operan en La Paz y prescindir de las comercializadoras de minerales. Para este propósito, los cooperativistas denunciaron que las comercializadoras, con el fin de no pagar el 1,8% para el seguro de la Caja Nacional de Salud (CNS) y el 0,35% para las federaciones del departamento de La Paz, desviaban el oro producido en La Paz y lo declaraban como oro explotado en el departamento de Beni.
La denuncia obligó al Ministerio de Minería y Metalurgia a solicitar a once comercializadoras que declaren la procedencia del oro que recibían. Este hecho se vio agravado por el inusual crecimiento en los volúmenes de producción de oro en el departamento de Beni sin ninguna explicación técnica valida. Todo apuntó a que este hecho se producía con la intención premeditada de evadir el cumplimiento de la Resolución Ministerial 165/2017, que dispone que si una cooperativa explota un yacimiento marginal con técnicas artesanales no puede extraer más de 20 kilos al mes y que, además, sólo una persona puede vender el oro en nombre de la cooperativa.
Pese a la presión del gobierno, solo nueve de las once presentaron la documentación requerida, y dos comercializadoras no presentaron ningún tipo de documentación, ni se pronunciaron sobre el tema. Por tal motivo, se anunció el inicio de procesos penales ante la Fiscalía y la suspensión de su Número de Identificación Minera (NIM), que las privaba de comercializar minerales en Bolivia.
Posteriormente, la intención de FERRECO de monopolizar la comercialización de oro en La Paz y exportarla directamente a la India no se concretó.
Por su parte, la Gobernación de La Paz denunció que 25 de 27 comercializadoras de minerales desviaron de manera ilegal regalías por ese concepto a favor del Gobierno Departamental del Beni durante ese período. El argumento de las autoridades departamentales señalaba que entre 2017 y 2018 las regalías mineras de La Paz se redujeron un 22%, mientras que las de Beni subieron en más del 100%.
Según datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras a 2019, en Beni existían registradas sólo siete cooperativas mineras, mientras que en La Paz alcanzaban a 1.239.
Al igual que otros casos, estas denuncias no lograron una atención efectiva de parte de las instancias gubernamentales y la justicia. Buscando una buena convivencia, en febrero de 2020, las gobernaciones de La Paz y Beni firmaron un convenio para impulsar acciones conjuntas para evitar la fuga de regalías a través de las comercializadoras en ambos departamentos.
Pese a estas observaciones, a 2021, la cantidad de comercializadoras de oro formalmente establecidas alcanzaron a 22, que operan en los departamentos de La Paz, Beni e incluso Pando.
En 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, desde la COMIBOL se planteó dos proyectos estatales auríferos. El primero sugería la creación de la Empresa Minera de la Amazonia, destinada a la explotación de oro, con una inversión de $US 500 millones, que proyectó recaudar $US 37 millones por año, pagar impuestos por un valor de $US 187 mil y lograr una utilidad de $US 312 mil; con una cotización promedio del oro de $US 1.000 la onza troy (OT).
El segundo, la puesta en marcha del proyecto Amayapampa en el norte de Potosí, con una inversión de $US 400 millones, que proponía el pago anual de regalías de $US 7,2 millones, impuestos de $US 36 millones y una Utilidad Neta de $US 50 mil por año, con una cotización promedio de $US 1.200 la OT.
Ambas iniciativas fueron descartadas durante el gobierno de Luis Arce (MAS). En el caso de la Amazonia, se dejó la totalidad de la explotación del oro en manos de las cooperativas y en el caso de Amayapampa, se optó por la entrega de este yacimiento a la empresa minera transnacional, chino canadiense, Phoenix Mining S.A., que, pese a los plazos establecidos, hasta el momento no inicia operaciones.
En mayo de 2021, el gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, planteó la creación de una nueva empresa estatal encargada de la comercialización del oro, de transparentar este proceso y de recuperar los ingresos para incrementar las regalías que reciben las administraciones regionales y locales. El proyecto planteó abrir sucursales en las regiones y los municipios productores de oro, en el norte y el sur del departamento de La Paz, y en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
En esta oportunidad, el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, reconoció que la exportación ilegal podría elevarse a más de 30 toneladas, equivalentes a más de $US 1.000 millones.
Con lo expuesto hasta aquí, se corrobora que el gobierno ha sido incapaz de definir una política efectiva para controlar la explotación, comercialización y exportación de oro en el país. Esta conclusión también puede corroborarse con varias iniciativas legislativas que fueron truncadas por el sector cooperativo minero aurífero –como expondremos en un siguiente artículo–, que, por la presión de sus movilizaciones, supo blindar sus intereses.
Alfredo J. Zaconeta Torrico 