La crisis de la minería, ahondada por el coronavirus, hace necesarias renovadas políticas, una nueva legislación y programas de promoción que aseguren inversiones y proyectos de largo aliento capaces de generar empleo e ingresos para el Estado, según un especialista.
Alfredo Zaconeta, especialista del Cedla, indicó que el sector minero boliviano ya estaba en crisis antes de la pandemia por múltiples factores como la caída de las cotizaciones internacionales, la falta de inversiones en proyectos de envergadura, la ausencia de nuevos yacimientos, la inseguridad laboral, la paralización de ambiciosos planes como el Mutún, la postergación de ambiciosos proyectos públicos y el pobre desempeño de la minería estatal.
Corresponde al “Estado buscar con mejor visión, una economía con promoción de inversiones nacionales e internacionales para conocer el verdadero potencial minero del país a través de la exploración, porque a la fecha se sigue explotando los yacimientos descubiertos desde hace dos siglos atrás”, comentó el entrevistado.
La explotación de oro y la industrialización de los recursos evaporíticos, son oportunidades para repensar la minería; sin embargo, también se debe pensar en legislación especial que permita un mejor aprovechamiento del Estado de los ingresos que vayan a generarse, añade.
Varios son los temas críticos de la minería. Por un lado, el desplome de precios registrado tras el período de boom de las materias primas, ahondado con nuevas caídas el año pasado. Están también los asuntos de seguridad laboral que provocaron las movilizaciones de los trabajadores de las empresas San Cristóbal, Paitití y Tierra La minería estatal, a través de Amayapampa, se movilizó exigiendo a Comibol garantizar sus operaciones.
Están otros asuntos como las obras del nuevo ingenio en Huanuni y el nuevo horno Ausmelt de Vinto que no arrojaron los resultados esperados, con la agravante de que Huanuni no logró hacer funcionar el nuevo ingenio Lucianita. Además están los proyectos del anterior gobierno que nunca despegaron: explotación del Mutún, hidrometalurgias de zinc, la nueva planta de Colquiri y la puesta en marcha de Karachipampa.
A este escenario se suma la crisis económica de Vinto y Huanuni. El cierre de mercados por la pandemia y las bajas cotizaciones ocasionaron que Huanuni reporte hasta abril más de 4 millones de dólares en pérdidas, lo que obligó a la empresa a pretender cobrarle las deudas a Vinto.
Basado en versiones oficiales, Zaconeta dice que Vinto adeuda 98,2 millones dólares a varias empresas mineras, bancos y cooperativas. En su descargo, la metalúrgica señala que subvenciona a Huanuni y Colquiri por más de una década, pues cobra 675 dólares a Huanuni y 660 dólares a Colquiri por tonelada tratada; sin embargo, en otras fundidoras el precio por tratamiento de tonelada es superior a 880 dólares.
Publicado en: Nueva Economía
Alfredo J. Zaconeta Torrico 