Las ventas de los minerales crecen en la misma medida que bajan las de hidrocarburos.
Mientras cae la actividad de los hidrocarburos, emerge la minería boliviana que tiene a Potosí como uno de los principales sustentos, según se desprende de un informe de exportaciones publicado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
El documento en cuestión señala que entre enero y febrero de este año Bolivia consolidó la exportación de productos no tradicionales por 306.205.488 dólares.
Las ventas de hidrocarburos en similar periodo fueron de 397.441.000 dólares mientras que las exportaciones de minerales llegaron a $us 921.698.212.
Frente a las mayores ventas de los minerales, los municipios, gobernaciones y el Gobierno nacional obtienen más beneficios, los primeros a través de las regalías mineras y el último por concepto de tributos, en especial el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
APORTE
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta explicó que la actividad minera presenta un crecimiento sostenido debido a la escalada de precios y su estabilidad.
Dijo que los diferentes minerales tienen buenas cotizaciones, lo que está llevando a la reactivación de antiguas operaciones mineras y, en muchos casos, al crecimiento de la frontera productiva minera en diferentes regiones del país.
Indicó que Potosí es la región que reporta una mayor producción minera, tanto en lo que concierne a los volúmenes de carga exportada como al valor de las ventas externas.
Expertos e investigadores sostienen que fue un error la paralización del trabajo de las piscinas de evaporación que otorga materia prima al complejo industrial de litio, tomando en cuenta que el sistema de la Extracción Directa de Litio (EDL) aún no fue implementada a escala industrial.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta, en contacto con la ANF, afirmó que la actual situación refleja la falta de planificación y coordinación por parte del Gobierno sobre las políticas mineras.
“Estas pruebas piloto, que todavía van a tomar tiempo, deberían haber sido una opción, pero sin paralizar lo que se estaba haciendo en las piscinas que, si bien es una tecnología factible, era lo que se tenía y la lógica común es que estos procesos deberían ser encaminados de forma paralela. Sobre todo, considerando que la planta industrial ya estaba pronto a entregarse y existía el requerimiento de materia prima, lo más conveniente era mantener el trabajo en piscinas”, explicó.
Tras el escándalo de la paralización de 18 piscinas a causa de irregularidades en su construcción y las críticas sobre la industrialización del litio, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, defendió el proyecto de Extracción Directa del Litio (EDL) y aseguró que la industrialización del metal blanco en el país avanza con un «modelo de negocios soberano».
Minera San Cristóbal se convirtió en la principal contribuyente, después de YPFB y la primera del sector privado. Gran diferencia con las cero regalías de los cooperativistas y de las empresas chinas dedicadas al oro.
Hace al menos 12 años que el ascenso de la producción del zinc motivó a los gobiernos a dar sendos anuncios sobre la puesta en marcha de una refinería para este mineral; sin embargo actualmente, cuando los planes recién parecen concretarse -gracias a un financiamiento concreto-, el país ya está frente al declive de la producción de su mina más importante de zinc.
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Desde 2006, el aumento de la producción de zinc se suscitó en gran parte como resultado de la producción de la privada Minera San Cristóbal (MSC), que llega a casi medio millón de toneladas métricas finas (TMF) por año. Y desde entonces, las cifras fueron en aumento. En 2022, el valor de las exportaciones de zinc fue de $us 1.671 millones.
Con esos números, MSC se convirtió en la principal contribuyente del gobierno, después de YPFB y la primera del sector privado. Gran diferencia con las cero regalías de los cooperativistas y de las empresas chinas dedicadas al oro. A esto se suma el pago de unos $us 400 millones por año de aportes provenientes del zinc; frente al del oro que no pasa de los $us 60 millones.
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El experto en historia de la política minera boliviana Alfredo Zaconeta, en una reciente entrevista con el programa Cabildeo, dirigido por la periodista Amalia Pando, enfatizó que Bolivia necesita una sola planta refinadora de zinc y no dos, porque se afronta el posible obstáculo de escasez de materia prima.
¿Por qué? Porque la canadiense San Cristóbal Mining Inc., que adquirió todos los activos de MSC en febrero del año pasado, de manos de la japonesa Sumitomo Corporation, se ha propuesto “convertirla en la mayor (mina) productora de plata del mundo”. Es decir, el apogeo de la producción de zinc se acerca de a poco a su fin.
Si bien se presume que las refinerías planificadas por el Gobierno se nutrirán de producción de las minas estatales y cooperativas, existen dudas sobre si habrá suficiente suministro. Esto porque ya en el pasado, se proyectaron dos planes similares -la planta «Lucianita» en Huanuni y la planta de cobre en Coro Coro-, que no lograron operar debido a la poca materia prima.
Y si se prevé exigir que empresas como San Cristóbal cedan parte de su producción para abastecer las refinería, eso resulta improbable ya que cuentan con compromisos fijos y firmes de venta al exterior.
Cabe señalar que en principio debía ser solo una planta, en Oruro; pero tras el reclamo de Potosí, el Gobierno decidió levantar otra también en ese departamento. Y, de acuerdo con Zaconeta, la tecnología “obsoleta” que se acordó usar incluso está prohibida en varios países debido a sus altos índices de contaminación.
Además, se estima que el costo de estas plantas será considerablemente mayor que el de las instalaciones que utilizan tecnologías más modernas y menos dañinas para el medio ambiente. «En vez de gastar $us 150 millones, los chinos se llevarán $us 350 millones por cada planta», afirmó Zaconeta.
Las comunidades campesinas e indígenas están sufriendo el acoso de la minería ilegal, según diversas denuncias presentadas los últimos días, sin embargo, también hay comunarios, indígenas y lugareños de los municipios que se están uniendo a las cooperativas mineras porque consideran que es mejor eso a permitir que gente foránea sea la única que se beneficie del negocio, según denunció la líder de Defensores Ambientales de Ixiamas, Paola Guerra.
“No vamos a negar, hay gente del mismo municipio que son parte de estas cooperativas, puede ser por la falta de movimiento económico, porque una vez que entra el hambre a tu hogar tienes que buscar la manera de solventarte, de cómo buscarte el pan de cada día. Lo otro es que lavan el cerebro a nuestra gente y por lógica les meten ideas y caen en el juego de ingresar”, señala Guerra en el programa Sumando Voces en Directo, que se emitió este jueves y que contó también con la participación del investigador del CEDLA en temas mineros, Alfredo Zaconeta.
“Entonces, ahorita el enemigo lo tenemos tanto dentro como fuera, que eso es peor para nosotros”, dijo Guerra, quien se conectó desde Ixiamas (norte de La Paz), un municipio que no era minero, pero que últimamente ha visto que se duplicaron las cooperativas mineras que buscan oro.
Sin embargo, Guerra no ve que su municipio haya mejorado, por el contrario, dice que la minería “trae pobreza, trae la peor degeneración para nuestra sociedad”, además de contaminación por el uso de mercurio para la explotación aurífera en los ríos.
“Ese mercurio que afecta a los peces, afecta la sociedad, a las a las mujeres, a los varones, a los niños, a todos”, detalló, haciendo referencia a los estudios que comprobaron la alta contaminación que existe en los cuerpos de los indígenas por el consumo del pescado de los ríos contaminados.
El especialista Zaconeta documentó el incremento de las cooperativas mineras, su influencia política y los beneficios que reciben del Estado desde que el MAS asumió el poder, llegando a la conclusión que manejan casi todo el negocio del oro en Bolivia, pero dejan ínfimos ingresos para el Estado. Indicó que “esta fiebre del oro” se debe al incremento del precio internacional de este metal, que hasta este miércoles se había cotizado en 2.393 dólares la onza troy.
Y, en Bolivia, este sector además ha ganado poder político, al punto que autoridades nacionales, departamentales y municipales pertenecen al sector cooperativista. Por ejemplo, Paola Guerra relató que el alcade de Ixiamas, Felix Layme, es un cooperativista minero, que llegó hace años a asentarse en la zona para explotar oro. A nivel nacional, el ministro de Minería, Alejandro Santos, también pertenece a la cúpula de ese sector.
De hecho, esta semana el Ministro anunció que se acelerará la aprobación de 19 nuevos contratos mineros para los cooperativistas y, acto seguido, la Presidencia del Senado los derivó a las comisiones para su análisis y posterior aprobación.
“El ministro reacciona así porque es representante de su sector y obviamente tiene que responder a estos intereses”, señaló Zaconeta.
En el caso de Ixiamas, desde que el alcalde cooperativista llegó al poder se ha producido el incremento de las cooperativas mineras en la zona, llegando al extremo de haber cuadriculado el río Tequeje, según Guerra. “El hecho de que tenemos un alcalde minero, ese ha sido el acabose para nosotros, ese es el peor peligro y más latente que tenemos porque al enemigo lo tenemos dentro con el poder (…) gracias a esa cabeza es que actualmente ha crecido la minería de nuestra región”, denunció Guerra, quien fue subgobernadora de la provincia Abel Iturralde.
“Nuestro Río Tequeje realmente ya nosotros le hemos dado por perdido porque está total y completamente cuadriculado”, lamentó Guerra. Señaló que las cooperativas también están abarcando a zonas de amortiguamiento y hasta áreas que colindan con el Parque Nacional Madidi.
“Nos alimentamos de la pesca, de la fauna, de la flora de nuestra de nuestra región, pero hoy en día todo eso se ha vuelto sumamente peligroso para la salud de nuestros propios niños”, expresó en referencia al uso del mercurio para la extracción del oro.
“El movimiento de cooperativas causa temor, causa preocupación, causa indignación y al mismo tiempo también tristeza”, mencionó, justamente haciendo referencia a que comunarios de la zona han sucumbido a las cooperativas.
En contrapartida, lo que deja el oro para el país “es muy poco”, explica Zaconeta. “Las cooperativas, fruto de esa alianza que tienen con el gobierno del MAS, han logrado el beneficio de estar exonerados del pago de impuestos. Ellas no pagan el impuesto que paga cualquier operador privado o estatal, como el impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones”, detalló.
Por esta coyuntura de bonanza en los precios, los operadores privados y estatales pagan 37,5% de sus ganancias, mientras que los cooperativistas solo aportan una ínfima regalía de 2,5%, pero que si la comercialización es interna se reduce a 1,5%, explicó el analista.
Este porcentaje es mucho más bajo que el que pagaban durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando era del 5%, rememoró Zaconeta, quien responsabilizó a Evo Morales por bajar la alícuota a los actuales niveles.
“Por ejemplo, el año 2022 Bolivia produjo 53,3 toneladas por un valor de 3.073 millones de dólares y aplicando esta regalía minera, apenas se pagó 63 millones de dólares”, explica Zaconeta.
Potosí tiene su potencial en el zinc mientras que La Paz se sustenta en la producción de oro.
Los Departamentos de La Paz y Potosí pelean el primer lugar en el ranking de regiones exportadoras de minerales, según señala el analista económico Alfredo Zaconeta en base a las ventas efectuadas en la gestión pasada.
Bolivia consolidó una exportación minera por 4.421.947.560 dólares de los cuales Potosí aportó 1.800.638.678 dólares y La Paz consolidó ventas por $us 1.592.072.256, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Minería y Metalurgia.
En porcentaje, Potosí logró una exportación equivalente al 40.2 por ciento de las ventas nacionales y La Paz un 36,0 por ciento y, conjuntamente, ambas hacen el 76.2 por ciento del valor de exportación del país en 2023.
Potosí tiene su fortaleza en el zinc al haber exportado alrededor de 500 mil toneladas de ese mineral considerado de alta importancia y de transición en este proceso de cambio de la matriz energética.
Por su parte, La Paz registra la exportación de 53 toneladas de oro cuyo valor es sumamente alto debido a que es considerado como un producto de refugio en la economía y cuyo precio está en permanente ascenso desde después de la pandemia y se acelera con las guerras que se están desatando en el planeta.
DEBAJO
El tercer lugar en la exportación minera lo ocupa Oruro por la exportación valorada en 345.498.308 dólares y el cuarto lugar es para Cochabamba cuyas ventas están en el orden de los $us 316.758.376.
Durante los últimos años las cifras oficiales de producción de oro en Bolivia no cuadran con las cantidades que finalmente se exportan. Solo el año 2022 hay una diferencia de 10 toneladas de oro que no tienen un origen conocido. Mientras esto ocurre, las dragas se multiplican en los ríos de la Amazonía y el gobierno anuncia tres proyectos mineros grandes de cinco compañías de oro que operarían sobre los ríos Beni, Madre de Dios y Picosutu. Este reportaje elaborado en alianza con el diario El Deber de Bolivia forma parte de la investigación Las rutas del oro sucio, liderada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico en cinco países amazónicos.
l líder indígena Mario Guari lo había advertido hace una década: la voraz fiebre por encontrar oro iba a destrozar parte de su comunidad, a orillas del río Madre de Dios, en la frontera amazónica de Bolivia con Brasil. No le hicieron caso. Hoy, diez años después, Miraflores, un pequeño pueblo tacana, en el departamento de Pando, sufre las fuertes consecuencias: las casas ubicadas al costado del río comenzaron a desmoronarse por la remoción de tierras que realizan las dragas ilegales.
Durante la última década, la minería ilegal se ha extendido a los ríos amazónicos de Bolivia. En el río Madre de Dios, la extracción de oro avanza con dragas, sobre áreas protegidas y comunidades indígenas. No tienen licencia para operar, pero igual operan, inyectando el mercurio en las corrientes de agua y en los cuerpos de los habitantes indígenas que se alimentan de los pescados envenenados.
El oro ha desplazado al gas natural como principal producto de exportación en Bolivia. Pese a ello, una investigación realizada durante siete meses por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y El Deber –como parte de la serie Las rutas del oro sucio en cinco países amazónicos y en la que participaron 18 periodistas– revela el incremento de dragas sobre los ríos bolivianos y la enorme opacidad sobre el oro en este país.
Desde el 2016, a diferencia de otros países de la región como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Bolivia no reporta el detalle de sus envíos de oro: ni sus exportadores ni sus importadores. Solo se conocen preliminarmente cantidades aproximadas que se declaran oficialmente en Aduanas, aunque expertos señalan que las cifras podrían ser mayores.
El análisis de OjoPúblico –a una base de datos global construida con la información disponible de aduanas para este país– halló que entre 2014 y 2023 Bolivia exportó 80 toneladas de oro de origen desconocido.
El 2022, por ejemplo, Bolivia declaró en aduanas que vendió 63 toneladas. Pero ese año, la producción –según las cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia– fue de 53 toneladas aproximadamente.
Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, hay hechos que deben ser tomados en cuenta en la producción informal del oro en Bolivia. El primero es el considerable incremento en la producción de oro en los últimos nueve años, que pasó de 13,4 toneladas en 2013 a 53 toneladas en 2022.
DAÑOS. Tres dragas unen fuerzas para extraer el mineral de la base del río Madre de Dios, en el lado de Bolivia.
El segundo punto, como lo ha advertido esta investigación de OjoPúblico y El Deber, es la gigante brecha entre lo producido y exportado. “Esta variación de cifras y el incremento de las mismas en los últimos años lleva a establecer la hipótesis que existe un contrabando hacia Bolivia de oro explotado en otros países como Perú y Brasil”, resalta Zaconeta.
El boom del oro en Bolivia se originó en 2014, cuando las cooperativas elevaron la producción, y empujaron esta actividad extractiva hacia nuevos territorios, como la Amazonía boliviana. Ese año, se aprobó la nueva Ley de Minería y Metalurgia.
Pero la presencia del oro ilegal en Bolivia es mucho mayor. El mismo gobierno estimó en 2023, cuando se debatía la Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, que el 50% de las exportaciones de oro en este país provienen de fuentes ilegales, principalmente por contrabando desde Perú.
“Presumimos y estamos seguros que una cantidad muy importante de la producción de oro se va hacia el contrabando, que no ha sido monitoreado por nuestras direcciones. Es una gran cantidad casi parecida a la producción que hemos tenido en 2019”, afirmó en mayo de 2023 el entonces ministro Ramiro Villavicencio.
El análisis realizado por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y El Deber a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos ––construida con información de las Aduanas– detalla que durante los últimos dos años los principales destinos del oro son India, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Turquía.
La participación de la India y los Emiratos Árabes, como nuevos destinos del oro vendido por Bolivia se consolidó el 2022. Ese año, el 93% de todo lo registrado como exportado se concentró en esos dos países.
La extracción de oro en Bolivia es controlada por las cooperativas mineras. Estas producen el 99% de todo el oro declarado oficialmente en el país. “[Estas] no pagan impuestos, se asocian ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el ambiente”, señala un informe de enero de este año del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Contrabando de oro entre Perú y Bolivia
Los mineros del río Madre de Dios dicen que no saben a dónde va el oro que extraen. “Conocemos a los dueños de las dragas, pero no sabemos qué hacen con el oro”, cuenta Fernando, un minero que trabaja en una draga en el departamento de Pando. Dice que en una buena jornada, con una draga, puede sacar entre 25 y 30 gramos de oro y que lo mínimo que puede llegar a obtener es ocho gramos.
Las autoridades bolivianas reconocen que las cantidades de oro exportación son mayores, no solo porque se ha incrementado la producción de oro de origen ilegal, sino también por el contrabando desde el Perú. “Desde 2015, las exportaciones bolivianas y peruanas de oro mantuvieron una tendencia creciente, pero, dado que las autoridades peruanas iniciaron una fuerte campaña para combatir la actividad minera informal en dicho país, esto al parecer produjo flujos de contrabando de oro hacia Bolivia”, reconoció el gobierno de Bolivia en 2021.
Bolivia tiene frontera con Perú en dos regiones: Puno y Madre de Dios, ambas zonas productoras de oro ilegal. En esta zona existen varios pasos para el contrabando de mercurio de Bolivia hacia el Perú, y de oro desde Perú a Bolivia. Existen sofisticadas redes de contrabando entre Perú y Bolivia. “La relativa facilidad con la que se lava y se comercializa el oro en Bolivia convierte al país en un destino atractivo para el oro de origen ilegal, lo que reduce el riesgo de detección e incautación”, explica un reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
NEGOCIO. En la ciudad boliviana de Riberalta, se observa un gran número de locales de compra y venta de oro. Este metal valioso es codiciado en esta zona amazónica.
Foto: Manuel Seoane
Las zonas donde se explota el oro inician en los Yungas, de La Paz, por donde atraviesan los ríos Beni, Kaka y Tuichi. Existen áreas protegidas afectadas por esta extracción, como el Madidi y el Pilón Lajas, ambos parques nacionales. Uno de los ríos más afectados es el río Madre de Dios, donde se estima que operan 600 dragas.
Alex, como llamaremos a uno de los mineros que pidió no ser identificado, habla sobre las condiciones de trabajo en las dragas.
“Es muy fregado estar acá. Nosotros sacamos el oro de marzo a noviembre, la mayoría entre diciembre y abril se dedica a la zafra (de castaña). Pero yo me quedo acá en la minería todo el año, es un trabajo muy riesgoso, muy cansador y tiene muy poca paga. Hay dos formas de hacer minería acá: una con las dragas y otra manualmente. La mayoría estamos con las dragas”, relata. El calor le incomoda.
Dice que hay mucho oro en el río Madre de Dios y que por eso se aprovecha el trabajo con las dragas. Alex es un empleado. El dueño de las dragas le paga un porcentaje. Sobre el oro que alcanza a extraer, dice que le pagan “con el 3% de lo rescatado”.
Desde el 2016, a diferencia de otros países de la región como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Bolivia no reporta el detalle de sus envíos de oro».
En Riberalta, en el departamento de Beni, el gramo de oro se compra en 400 bolivianos, un poco más de 57 dólares. Si un minero saca diez gramos recibe el 3% de la venta, que es 120 bolivianos o 17 dólares en un día. Esos precios pueden variar en diferentes ciudades de Bolivia. Por ejemplo, en La Paz, sede del gobierno de Bolivia,el gramo de oro se cotiza hasta en 450 bolivianos (60 dólares).
En el segundo trimestre del 2023, el precio del oro alcanzó máximos históricos.
Una veintena de empresas lideran la comercialización de oro en Bolivia. Estas firmas son intermediarias que se dedican a la exportación del metal. Entre las principales se encuentran la Empresa Bolivia Precious Metales S.A., Boligroup Traiders S.R.L., Goldway S.R.L., Unión 6 de Agosto S.R.L., Golden Rain S.R.L., Yellow Tree S.R.L., Koryaliri S.R.L. y Chama Khory S.R.L. Desde 2019 a 2022, estas ocho empresas concentraron el 84% de las exportaciones de oro en el país, según datos oficiales.
Entre lo legal y lo ilegal
Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, señala que aunque las exportaciones de oro en 2022 superaron a las de hidrocarburos, el Estado boliviano recaudó más por el gas que por el oro. Esto debido a las diferencias tributarias que se aplican a las cooperativas mineras.
“También hay señales claras de evasión de impuestos, ya que actores privados (nacionales y extranjeros) se camuflan detrás de las cooperativas para dejar de pagar tributos. Esto se evidencia en el hecho de que la mayoría de las concesiones en la Amazonía boliviana están a nombre de privados, pero el 99% del oro se extrae como si perteneciera a cooperativas”, detalla Zaconeta.
En Bolivia, si un privado extrae oro y lo hace pasar como si viniera de una cooperativa, evita pagar hasta un 37,5% del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 3% del Impuesto a las Transacciones (IT) y hasta un 7% en regalías.
El sector minero cooperativista ha señalado estar dispuesto a pagar un impuesto único de 4,8% y ha resaltado que su aporte al país no solo debería medirse en lo tributario, sino también en la generación de empleo y movimiento económico en varias regiones. Ramiro Balmaceda, presidente de La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN), informó en 2022 que su sector está de acuerdo en pagar un impuesto único, pero admitió que el sector cooperativista minero en Bolivia se encuentra dividido por este punto.
El ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Marcelino Quispe, en entrevista con OjoPúblico informó que se perfilan “tres proyectos grandes” para extraer oro en Bolivia a través de empresas estatales en los ríos Beni, Madre de Dios y Picosutu.
ACTIVIDAD. En los últimos años, se ha identificado que empresas extraen oro durante las 24 horas. En los alrededores, se forman campamentos mineros para recuperar el mineral que la minería no recoge.
Respecto al proyecto en la cuenca del río Madre de Dios, manifestó que “hay un problema judicial, ya que los comuneros insistieron en que no se trabaje en los ríos”. Pese a esto, el ministro aseguró que el problema “será resuelto” y que “se van a asentar por lo menos unas cinco empresas, ya (sean) estatales y privadas”.
Desde el Ministerio de Minería explicaron que el “problema judicial” al que se refieren es una medida legal (acción popular) que ha impulsado un grupo de pobladores indígenas contra la extracción de oro en los ríos.
Ruth Alipaz, lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, que se opone a estos proyectos mineros, denunció que la mayoría de los pueblos indígenas que viven en las orillas de los ríos donde se extrae oro, están ya contaminados con altos niveles de mercurio.
La voz de la dirigente se escucha fuerte en las comunidades amazónicas. “A los defensores de la selva nos han arrebatado el derecho a tener un almuerzo familiar, una celebración de cumpleaños. Hay la foto con nosotros y la foto sin nosotros, porque es preferible no aparecer públicamente con nuestros seres queridos, para protegerlos de la violencia y ataques”, se lamenta.
El ministro Quispe dice que en los nuevos proyectos mineros que el gobierno está impulsando sobre los ríos amazónicos no se utilizará mercurio para extraer oro. “No debería existir temor, toda vez que los proyectos propuestos no consideran el uso de mercurio. Se realizará la obtención de oro por métodos gravimétricos”, respondió.
Los mineros ilegales han encontrado un terreno fértil en varias zonas de la Amazonía boliviana. Su poder e influencia han socavado la capacidad de los guardaparques —muchos de ellos oriundos de las comunidades indígenas— para ejercer un control efectivo, poniendo en riesgo la integridad de estos espacios naturales únicos en el mundo.
Jaime Cuéllar, experto boliviano en minería ilegal, compara el oficio ilícito de extraer oro con el narcotráfico. “Es similar a la lucha contra el narcotráfico. No hemos logrado entender esa situación (…) En Bolivia se concibió la minería ilegal como un hecho administrativo y no delictivo, con múltiples impactos y actores”, precisa.
El investigador señala que en lo social la minería ilegal genera migraciones, la presencia del crimen organizado transnacional, tráfico de personas y también otro tipo de delitos.
Así funcionan las cooperativas mineras
Unos 50 kilómetros río abajo desde la comunidad de Miraflores está la comunidad Agua Dulce. En este poblado, que también pertenece al municipio Puerto Gonzalo Moreno, viven 75 familias y 560 personas aproximadamente. Todos sus caminos son de tierra. Sus árboles embellecen su paisaje. Hay plantas cargadas de copoazú, coco, mandarina, naranja, achachairú y, en menor cantidad, almendras. Pero Agua Dulce es conocida en Pando por tener uno de los mejores plátanos.
La Cooperativa Minera Aurífera Asobal es la mayor operadora en el río Madre de Dios. Su representante, Elizabeth Coronado, niega que sus afiliados ejerzan la minería ilegal. Ella insiste y asegura que por ahora sus miembros no están operando, esto debido a la decisión judicial que ordena la paralización de la extracción.
Sin embargo, un informe del Centro de documentación e Información de Bolivia (Cedib), señala que “como suele ocurrir con las cooperativas mineras, Asobal no es una cooperativa formada por trabajadores que realizan una actividad de cooperación mutua; en realidad, se trata de la asociación de propietarios de balsas. No representa a nadie más que a este grupo de propietarios que se benefician del trabajo de los trabajadores”, dice el documento.
IMPACTO. En el pequeño pueblo de Miraflores, los comuneros temen que los mineros dañen las plantaciones de cacao. Denuncian que la actividad ha afectado el río Madre de Dios.
Foto: Manuel Seoane
RUTINA. En el municipio de San Pedro, en el departamento de Pando, varias persona se dedican a la minería a la zafra de castaña.
Foto: Manuel Seoane
La representante de la Cooperativa Asobal afirma que tienen alrededor de 450 asociados activos e insiste en que su trabajo es legal. Sin embargo, Mario Guari, el líder indígena de la comunidad de Miraflores, afirma que por cada socio de Asobal hay más de una balsa.
“Existe una irregularidad dentro de ese trabajo de la minería. Porque el dueño en Riberalta, a los mismos trabajadores los hacen de palo blanco (falsos dueños). Ellos cuentan con cinco, seis y hasta ocho balsas. Y a sus mismos trabajadores los nombran. Cuando viene una comisión (del Gobierno) dicen ‘ellos son los dueños, yo solo tengo una o dos (balsas)’. De esa forma ilegal ellos trabajan”, denuncia el comunero.
Cada socio al ingresar a Asobal hace un aporte de 2.500 dólares. La condición es que debe tener al menos una balsa y máximo tres para pertenecer a la cooperativa, pero pueden inscribir a familiares como dueños de estas máquinas.
La explotación aurífera en Bolivia, monopolizada por el modelo cooperativista, pese a su gran crecimiento no ha dejado beneficios para el Estado, sino para este sector, señaló el investigador Alfredo Zaconeta, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrícola en Bolivia (CEDLA)
Según los datos de Zaconeta en el año 2023, la minería aurífera ha dejado apenas $us 63 millones de dólares en regalías para el Estado boliviano, a pesar de que se explotaron 53 toneladas de oro, mientras que un abrumador monto de $us 3 mil millones ha quedado en manos de las cooperativas mineras. Esta situación se atribuye en gran medida a la legislación minera favorable a las cooperativas, que está vigente desde 2006.
El investigador destaca que las cooperativas mineras han sido beneficiadas de diversas formas en el actual régimen lo que ha limitado significativamente las contribuciones fiscales que deberían realizar por la explotación del oro.
A pesar de la implementación de leyes como la Ley 535 de Minería y Metalurgia propuesta por Evo Morales en 2014, que establece un impuesto del 2.5% sobre las ventas brutas de minerales, las cooperativas han logrado evadir en gran medida sus obligaciones fiscales utilizando recursos que la misma ley establece.
El verdadero beneficio para el Estado, según Zaconeta es escaso en comparación con los impactos ambientales y sociales negativos que acompañan a la actividad minera. Estos incluyen la degradación del medio ambiente, la explotación laboral y la conflictividad social en las zonas donde se desarrolla la minería.
En resumen, la explotación aurífera en Bolivia refleja una situación en la que todos ganan, excepto el Estado. Mientras las cooperativas mineras y los inversores privados se benefician económicamente, el país enfrenta graves desafíos en términos de recaudación fiscal y gestión responsable de los recursos naturales.
Es preciso revisar y reformar el marco legal y regulatorio de la minería con el objetivo de garantizar un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, añadió.
PRODUCCIÓN.- El Banco Central de Bolivia (BCB), de las 53 toneladas de oro que se produjo el 2023 sólo logró comprar cuatro toneladas. La Ley de Oro generó total descontrol de la actividad aurífera en el país.
La aprobación de la Ley del Oro por el actual régimen, inicialmente vista como una oportunidad para reponer las reservas estratégicas de oro del Banco Central de Bolivia, ha sido un fracaso porque el ente emisor no ha logrado sino comprar el año pasado 4 toneladas de otro de las 53 que produjo el país.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrícola en Bolivia (CEDLA), indicó que se esperaba que esta legislación facilitara el control de la comercialización del oro por parte del Estado, sin embargo, en la práctica ha ocurrido todo lo contrario.
OBJETIVO DE LA LEY DEL ORO
La Ley Nº 1503 del 5 de mayo del fue aprobada y promulgada con el objeto autorizar al Banco Central de Bolivia la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales y efectuar operaciones financieras con las Reservas Internacionales en oro en los mercados internacionales.
El artículo 3 de dicha norma señala que “se autoriza al Banco Central de Bolivia comprar oro como un participante más en el mercado interno, de las personas individuales y jurídicas, públicas y privadas legalmente establecidas, registradas y autorizadas por las entidades competentes, que participen en la comercialización del oro”.
Sin embargo, en el mismo artículo señala “Las personas individuales y jurídicas, públicas y privadas no tienen la obligación de ofertar ni vender la producción de oro al Banco Central de Bolivia”, situación que motivado que el ente emisor no controle la comercialización del oro generando un descontrol y contrabando del metal precioso
A ello hay que sumar la presión ejercida por las cooperativas mineras que ha socavado los objetivos originales de la ley, diluyendo su impacto y generando un total descontrol de la explotación de ese precioso metal y su comercialización, señaló
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION ESTA MONOPOLIZADA POR LAS COOPERATIVAS
Hasta el año 2014 Bolivia producía entre 10 a 12 toneladas de oro por año, producción que era monopolizada por cinco empresas trasnacionales que operaban en occidente y en Santa Cruz.
Sin embargo, a partir del 2014, a influyo del régimen de Evo Morales la explotación aurífera ha pasado a manos de las cooperativas auríferas que quintuplicaron la producción
Alfredo Zaconeta destaca que este crecimiento se concentra principalmente en cooperativas mineras, especialmente en la región amazónica del país. “En décadas pasadas, la producción de oro estaba dominada por empresas mineras privadas, pero en la actualidad, las cooperativas mineras han desplazado a los operadores privados, alcanzando el 99% de la explotación”, añadió.
EXPLOTACIÓN.- La producción de oro en Bolivia se ha quintuplicado en manos de las cooperativas mineras al influjo de la alta cotización del metal, pero eso no redunda en mayores ingresos para el estado según investigado del Cedla
La producción de oro en Bolivia ha experimentado un drástico aumento, convirtiéndose en un actor principal en la industria minera del país, impulsado por el incremento en la cotización del metal en el mercado internacional. Este fenómeno ha sido analizado por el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrícola en Bolivia (CEDLA), Alfredo Zaconeta, quien destaca que este crecimiento se concentra principalmente en cooperativas mineras, especialmente en la región amazónica boliviana.
ALTA COTIZACIÓN DEL ORO
Zaconeta señala que, en la última década, la cotización del oro ha pasado de alrededor de $us1.200 a más de $us 2400, lo que ha motivado a los mineros auríferos a intensificar su actividad. Sin embargo, advierte que este aumento de producción no necesariamente significa beneficios para el país, ya que la explotación del oro genera impactos negativos significativos, como la contaminación de ríos y aire, así como el envenenamiento de los ríos y de la vida con cianuro y mercurio.
El monopolio en la explotación del oro ha sido objeto de debate, especialmente ante las implicancias regionales del incremento en su cotización. Este aumento se ha visto como un refugio económico frente a la caída de los precios del petróleo y la producción de este recurso en Bolivia, así como la escasez de dólares, lo que ha llevado a un aumento del contrabando y una reducción de las exportaciones legales, le dijo al periodista Ivan Ramos.
LEY DEL ORO NO MEJORÓ CONTROL
La senadora Cecilia Requena, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, destaca que se aprobó la Ley de Oro en Bolivia con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el contrabando y establecer un monopolio estatal en la exportación del metal. Sin embargo, a pesar de esta medida, las exportaciones legales han disminuido, lo que sugiere un aumento del contrabando.
Requena también expresa preocupación por la posible salida ilegal de lingotes y joyas, evadiendo el pago de las regalías correspondientes. Esto plantea serios desafíos para el país en términos de control y regulación de la industria minera, así como en la protección del medio ambiente y la distribución equitativa de los beneficios generados por la explotación del oro.
El crecimiento de la producción de oro en Bolivia representa tanto oportunidades como desafíos significativos, que requieren una atención urgente por parte de las autoridades para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el sector minero del país.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) defendió su nuevo reglamento de acciones contra la minería ilegal argumentando que no se añaden más pasos burocráticos a los trámites ni se delega responsabilidades a la Policía. La norma fue cuestionada por un exfuncionario, quien señaló que se suspenden los operativos y se los cambia por notificaciones.
“El actual documento sólo incluye precisiones para una atención más propicia y efectiva por parte de la AJAM ante las denuncias y verificaciones de oficio que lleva a cabo”, señala, en un comunicado, la entidad encargada de regular la actividad minera en el país.
“La ciudadanía debe conocer que no se añadió ningún paso adicional para tachar el trámite burocrático o de ruta larga. Tampoco se suprimieron las acciones operativas a realizarse, al contrario, los ajustes buscan que las acciones del Estado, a través de las instituciones involucradas con el desbaratamiento de este delito, sean más efectivas y contundentes en el marco de sus competencias, por lo que la AJAM participa y seguirá participando técnicamente de estas acciones”, indica.
El reglamento establece que se considerará actividad minera ilegal a aquella que incluso tenga trámites pendientes o la que aún teniendo todos los papeles en regla sea practicada por terceros.
Tanto el Gobierno como los cooperativistas mineros auríferos reconocieron la presencia de ciudadanos chinos y colombianos que de forma ilegal operan en las áreas cedidas a cooperativas. Con base en un acuerdo ilícito, estos actores privados evitan pagar impuestos a cambio de cumplir con una especie de renta con las cooperativas.
Sin protección
El reglamento obliga a los denunciantes de la minería ilegal a identificarse con copia de cédula de identidad, número de celular o correo electrónico. En un artículo publicado por la agencia ANA, se señala que esto pone en riesgo a quien se atreva a denunciar.
Los actores mineros ilegales se han caracterizado por intimidar, incluso a guardaparques, ante la desprotección del Estado y por utilizar armas de fuego para garantizar sus operaciones.
La norma interna también establece que, cuando las inspecciones in situ no puedan realizarse por factores de riesgo, se informará al Ministerio Público “para su conocimiento, procesamiento y acciones a través de la instancia que corresponda”.
Buenos precios
El precio del oro subió en los últimos días hasta alcanzar un récord de casi 2.300 dólares por onza troy, lo cual hace que el negocio sea más rentable. El analista en temas mineros del Cedla, Alfredo Zaconeta, indicó que estos altos precios alientan la expansión de la minería aurífera, sobre todo, en áreas con ecosistemas frágiles.
Sin embargo, los altos precios no necesariamente implican beneficios para el país, ya que los auríferos cooperativistas no pagan impuestos, sino sólo una regalía de 2,5%.
La Cámara de Diputados aprueba 19 contratos mineros para La Paz
La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 36/2023-2024, que contempla la suscripción de 19 contratos mineros entre la AJAM y las cooperativas auríferas de La Paz. La norma fue remitida al Senado para su revisión y sanción.
La semana pasada, representantes de 19 cooperativas mineras de La Paz se apostaron en las puertas de la Asamblea Legislativa para exigir a la Cámara de Diputados aprobar los 19 contratos mineros.
Los contratos establecen la otorgación de 358 cuadrillas a 19 cooperativas para que operen en al menos ocho municipios del departamento de La Paz, en algunos casos en áreas no tradicionales.
1.- Contrato con la Cooperativa Minera Malla RL, municipio de Malla, Loayza.
2.- Cooperativa Unión Machaca RL.
3.- Cooperativa Minera Aurífera Sol del Valle RL, Sorata.
4.- Cooperativa Chaqueti La Plaza B RL, Inquisivi.
5.- Cooperativa Minera Aurífera Chaqueti La Plaza B RL.
6.- Cooperativa Narcis Punta RL , Inquisivi.
7.- Cooperativa Palma Flor Chaqueti RL, en Inquisivi.
8.- Cooperativa Japo RL área Japo Inquisivi.
9.- Cooperativa Minera Aurífera Pacha RL Inquisivi.
10.- Cooperativa Minera Aurífera Asunción RL en Quime, provincia Inquisivi.
11.- Cooperativa Minera Aurífera Chaqueti La Playa RL en Inquisivi.
12.- Cooperativa Elena Pampa Río Chaqueti RL.
13.- Cooperativa Pioneros de Mayaya RL Teoponte.
14.- Cooperativa Wiñay Wara RL Guanay, Larecaja.
15.- Cooperativa Elena Pampa Río Chaqueti RL en Inquisivi.
16.- Cooperativa Pauchenta RL La Paz y Guanay.
17.- Cooperativa Villa Santiago Crestón RL Inquisivi.
18.- Cooperativa Cori Pancara de Miguillas Cajuata y Quime, provincia Inquisivi.
19.- Cooperativa Villa Santiago Crestón RL Inquisivi.
La expansión de la actividad minera en la Amazonia es inminente, la misma que se va replicando bajo el modelo cooperativista, en condiciones de precariedad, hoy reforzados con la presencia ilegal del capital externo.
Ante esto, existe necesidad de una legislación específica que regule la explotación de oro, nuevos parámetros para la tributación del oro, centralización de la comercialización de oro por parte del Estado y la instalación de una refinería de oro estatal.
El Estado debe ingresar de forma directa en la fase de explotación de oro en las áreas de COMIBOL (Madre de Dios) y COFADENA (Tipuani y Guanay) para disputar así el monopolio de las cooperativas, pero, sobre todo, esta norma específica debe definir que áreas si, y que áreas no deben estar destinadas a la explotación de oro, respetando áreas protegidas, reservas fiscales.
Alfredo J. Zaconeta Torrico 