En billetes, la exportación movió casi 11 mil millones de dólares en esos nueve años. La participación de las cooperativas mineras en la producción alcanzó un promedio del 98,3 por ciento entre 2013 y 2020, según el Cedla. Investigadores de dos instituciones aseguran que las cooperativas mineras auríferas no pagan impuestos y cometen irregularidades como la asociación con empresas privadas que aportan capital y maquinaria pesada, o la contratación de peones. El portavoz de las organizadoras defensoras de territorios indígenas y áreas protegidas Álex Villca Limaco hace un llamado a las poblaciones urbanas a sumarse a la lucha de los pueblos originarios.
Hace casi 30 años, el negocio de la minería del oro no brillaba tanto como hoy en Bolivia. El año 1993, seis toneladas de este mineral fueron exportadas por un valor de 71,6 millones de dólares. Esta es una cantidad ínfima comparada con las cifras que en la actualidad dan cuenta de exportaciones de hasta 47 toneladas en 2021, por un valor de 2.530,9 millones de dólares, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ese incremento, notable ya desde los años 2013 y 2014, se explica con la aparición en escena de las cooperativas auríferas, según el analista e investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova Eguívar. Precisamente en 2014 fue promulgada la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535).
Las cooperativas mineras no pagan impuestos como lo hace el resto de las empresas porque son consideradas entidades sin fines de lucro y la liberación del pago del impuesto al valor agregado (13 por ciento) es calificado un incentivo a la producción, pero también cometen irregularidades como la asociación con empresas privadas o la contratación de personal ajeno; además, la mayoría no tiene licencia ambiental para desarrollar sus actividades.
Según el INE, entre 2013 y 2021 fueron exportadas 259 toneladas de oro por un valor aproximado de 10.915 millones de dólares. Según Alfredo Zaconeta Torrico, investigador especialista en temática minera del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la participación de las cooperativas mineras en la producción, entre 2013 y 2020, llegó a un promedio de 98,3 por ciento, muy por encima de la participación de la minería estatal y de la empresa privada.
En 2013 se exportaron ocho toneladas de oro por un valor de 330,8 millones de dólares. En 2014, trepó la exportación a 36 toneladas por un valor de 1.360,9 millones de dólares. En 2021, según datos oficiales preliminares, se rompió el récord con 47 toneladas exportadas por un valor de 2.530,9 millones de dólares; es decir, en estos nueve años hay un incremento del 765 por ciento. Si el cálculo se realiza sobre la base de las toneladas exportadas en ese periodo, el aumento es de 587 por ciento (ver infografía).
Fuente de empleo
Las cooperativas mineras en general, como generadoras de empleo, registraron crecimiento sostenido entre 2005 y 2019, pero en 2020 hubo un descenso. En 2005 había 50.150 cooperativistas en listas; 85.000 en 2010; 121.236 en 2015. El pico mas alto se presentó en 2019, con 125.274 individuos. Luego vino una baja en 2020, cuando se tenía el registro de 20.236, según datos presentados por el investigador del Cedla.
El boletín informativo del Viceministerio de Cooperativas del primer semestre de 2021 establece una división en tres etapas de crecimiento de este sector. En el primero, de 1960 a 1985 (crecimiento natural); el segundo, de 1985 al 2000 (ciclo impulsado por la relocalización y el desempleo); y el tercero de 2020 a 2021 (crecimiento apoyado por el Estado). Esta última es la más fructífera y, según esta publicación, para el año 2021 ya había 2.388 cooperativas constituidas.
Ganancias extraordinarias
De acuerdo con cálculos de Córdova, el 92 por ciento del oro fue extraído por los cooperativistas entre 2006 y 2019, el resto corresponde al la participación de la minería estatal y de las empresas privadas. El INE indica que en ese periodo fueron exportadas 218 toneladas de oro por un valor de 7.935 millones de dólares. El resto corresponde al sector privado y a la minería estatal.
Según Zaconeta, es difícil establecer con precisión a cuánto ascienden las ganancias de las cooperativas auríferas porque también se debe tomar en cuenta que hay otros actores en el negocio del oro como las comercializadoras y los intermediarios, y sugiere no olvidar también la fluctuación de precios.
Veta de irregularidades
No todas las cooperativas tienen licencia ambiental. Héctor Córdova sostiene que hay una serie de irregularidades: una de ellas es que unas 160 cooperativas cuentan con licencia ambiental para desarrollar su trabajo de las más de 1.220 que había en el departamento de La Paz en 2018.
Otra de esas irregularidades es que en el terreno no todos los cooperativistas no trabajan por su cuenta; es decir, hay personas –que pueden ser familiares– que lo hacen en lugar del socio. Pero también logran acuerdos con las comunidades que están cerca de las áreas de explotación como forma de pago o retribución porque las dejan operar: a veces se asigna un día u horas específicas para que los comunarios busquen oro. Así –dice Córdova– es difícil calcular cuánta gente trabaja en determinada zona. Hay cooperativistas que también contratan peones para que trabajen por el socio, aunque eso está prohibido.
Según el investigador, una tercera anormalidad es la vulneración al artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia, que prohíbe a los cooperativistas asociarse con empresas privadas que aportan capital y tecnología, y equipo pesado para la extracción masiva de mineral.
La cuarta irregularidad detectada por Córdova es que las cooperativas mineras no respetan la escala para el pago de regalías a municipios y departamentos. La misma Ley 535, en su artículo 227 –según el analista– indica que la regalía es de 7 por ciento si se trata de mineral extraído de yacimientos primarios; 5 por ciento si el oro es de yacimientos complejos sulfurosos, y 2,5 por ciento cuando se trata de yacimientos marginales de pequeña escala.
Lo que ocurre, según analista de Jubileo, es que los cooperativistas registran el oro que han extraído como si fuera proveniente de yacimientos marginales en su totalidad. Dice que esta situación puede ser calificada como estafa porque entre todas las cooperativas reunirían solo seis toneladas en un año si trabajaran en yacimientos marginales.
Sobre el mismo tema, Alfredo Zaconeta recordó que el antiguo Código de Minería (Ley 1777 promulgada en marzo de 2017) fijaba solo dos porcentajes para el pago de regalías: 7% para el oro extraído en estado natural, amalgama, lingote o barra fundida si la cotización de la onza troy (31,10 gramos) era igual o mayor a los 700 dólares, y el 5% debía ser cancelado por la explotación del mineral proveniente de yacimientos marginales.
No pagan impuestos
Zaconeta, quien participó en un foro de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, dijo que la normativa tributaria deja exentas o libera a las cooperativas del pago del impuesto al valor agregado (IVA, 13 por ciento), como incentivo a la producción; del impuesto a las transacciones (IT, 3 por ciento), del impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE, 25 por ciento) más una alícuota de 12,5 por ciento en periodos de precios altos de la cotización de minerales. Solo quedaría vigente el pago del canon de arrendamiento por las concesiones mineras de la estatal Comibol, que representa el 1 por ciento sobre el valor de producción. Es que las cooperativas, por su función social, no son consideradas empresas, aclara el investigador.
Con relación al no pago del IUE, Córdova dice que los cooperativistas, además, argumentan que no saben a cuánto ascienden sus ingresos y egresos, razón por la que no se tiene registro de sus utilidades.
Sugiere establecer una serie de mecanismos de control para evitar que los recursos naturales no renovables sean aprovechados solo por un grupo de empresarios, cooperativistas, comercializadores e intermediarios. Recomienda nacionalizar el excedente y revisar el caso del pago de impuestos.
Córdova dijo que después de la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en momentos de tensión por un bloqueo de carreteras protagonizado por mineros cooperativistas, en agosto de 2016, el Gobierno de entonces ejerció controles y estableció que las cooperativas debían presentar el balance anual de sus actividades hasta diciembre de cada año, pero esto no se dio.
Oro, ¿para qué sirve?
- El oro es un metal apreciado por los Estados como una forma de ahorro convierten este metal en reservas para respaldar su economía.
- Otro uso que se le da al oro está en el negocio de la joyería. Córdova dice que, por efecto de la inestabilidad económica causada por la pandemia, la gente se decidió por comprar joyas, incluso lingotes, también como forma de ahorro.
- La industria electrónica también utiliza el mineral, por ejemplo, para la fabricación de procesadores y microchips debido a la gran capacidad del oro como conductor de electricidad. Un cable de oro del grosor de un cabello conduce tanta electricidad como un cable de cobre del grueso de una pulgada.
Mineros al acecho
El portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Álex Villca Limaco, alertó que en los últimos años se advierte un vertiginoso crecimiento de las actividades mineras, especialmente en el norte del departamento de La Paz.
En agosto de 2018, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y la Federación de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa de la provincia Franz Tamayo de La Paz, junto con la Central de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo solicitaron en un ampliado al Gobierno de entonces la anulación del Decreto Supremo 24123, de 1995, de declaratoria del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi para que se puedan ingresar a esas tierras con fines de explotación de oro y producción de coca.
Una de las zonas más acosadas es precisamente el parque Madidi, en cuyas entrañas se encuentra el pueblo indígena San José Uchupiamonas, al cual pertenece Villca.
Villca recuerda que las denuncias sobre la explotación ilegal de oro con maquinaria pesada datan de finales de 2016, pero tres años más tarde, empezaron a multiplicarse las alertas cuando empezaron a ser vistas grandes dragas chinas y planchones colombianos sobre todo en las aguas del Río Kaka y sus afluentes. Las actividades mineras crecían en los municipios de Guanay, Mapiri y Teoponte.
Activistas reclamaban la presencia del Estado en las regiones donde operaban los mineros auríferos. Villca dice que esa maquinaria era supuestamente manejada por cooperativistas bolivianos, pero luego saltó a la luz que ellos eran solo una fachada.
Las cooperativas mineras trabajan en concesiones entregadas por el Estado. Las denuncias, antes y ahora, apuntan a que trabajan en áreas que no les corresponde hacerlo y utilizan métodos de explotación que contaminan el medio ambiente, como el uso de mercurio que envenena las aguas de los ríos. Álex Villca afirma que también hay deforestación, presencia de la agroindustria y obras que causan daño al medio ambiente, y anuncios de construcción de represas.
Convenio de Minamata
Un boletín del Viceministerio de Comercio Interno da cuenta de que Bolivia importó 160 toneladas de mercurio en 2020 y está ubicado en el primer lugar de los principales países importadores. Está por delante de India (113 toneladas), Emiratos Árabes Unidos (104), Italia (36) y Sudáfrica (19).
Pero otros estudios, como el presentado en mayo de 2021 por la institución Better Gold Initiative (BGI), fruto de un convencio entre el Gobierno boliviano y la Cooperación Suiza, indican que fueron importadas legalmente 200 toneladas y que 68 de ellas van al negocio de la pequeña minería aurífera.
Grupos de activistas ambientalistas recuerdan que el Estado boliviano ratificó, en 2015, el Convenio de Minamata que exige a los países en los que haya extracción y tratamiento de oro artesanal y en pequeña escala adoptar “medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas”.
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Reciente incursión minera
En otras ocasiones también se observa deforestación áreas que pretenden ser ocupadas por la minería del oro. Una de las más recientes denuncias se conoció el domingo 6 de febrero, cuando los medios de información difundieron la noticia de que mineros y comunarios la localidad de Azariama habían llegado al sector Resina, a orillas del río Tuichi en el municipio de Apolo, que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El trámite que había iniciado la Cooperativa Azariama Colorado fue suspenso, según la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) .
El propio Villca compartió en sus redes sociales fotografías de lo sucedido. «Es deplorable la inacción de @LuchoXBolivia y las entidades gubernamentales #AJAM, SERNAP y ABT, que permiten que un área protegida de relevancia mundial, como el #Madidi, este siendo destruida por la #Minería aurífera ilegal, que viene invadiendo la cuenca alta del Río Tuichi», escribió en su cuenta de Twitter.
Compromiso del Sernap
Una de las informaciones más recientes, del 10 de febrero, da cuenta de que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) inició procesos administrativos contra al menos siete cooperativas y dos empresas que tienen en la mira al Parque Madidi.
La directora de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, le dijo al diario Página Siete que no se permitirá ninguna actividad minera en un área protegida, y aclaró que solo son autorizadas actividades preconstituidas antes de la creación del parque, en 1995, pero a condición de que tengan licencia ambiental y los permisos extendidos por la AJAM y que realicen explotación artesanal, sin maquinaria pesada.
Días más tarde, el martes 15 de febrero, la AJAM aseguró que no había dado ninguna autorización para trabajos de minería en el Madidi y que ya había iniciado acciones penales y presentó denuncia ante la Fiscalía contra las personas que ingresaron a esos territorios con equipo pesado.
Ese mismo día, Villca Limaco volvió a difundir fotografías de movimiento de tierras, equipo pesado y algunos trabajos realizados en la cuenca alta del río Tuichi, zona de Suyo Suyo y Pintata, municipio de Apolo.
Según Villca, las imágenes fueron tomadas por pobladores del municipio de Apolo.
Al día siguiente, dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) dio un plazo de 72 horas a la AJAM para que atienda sus demandas para la explotación en el Madidi.
Llamado a las ciudades
Álex Villca dijo a Guardiana, en contacto telefónico, que lo que sucede en el río Tuichi es otro más de los atropellos a la riqueza y patrimonio de Bolivia.
El portavoz de Contiocap reconoce que las organizaciones indígenas están divididas y que en esas condiciones no es fácil hacer frente a los atropellos.
Demandó mayor participación de las fuerzas políticas de oposición y desafió a las y los legisladores a conocer la realidad de las zonas apetecidas por la minería en el lugar de los hechos y no trabajar solo desde sus escritorios. De las autoridades oficialistas no espera nada, ni siquiera de la bancada de pueblos indígenas porque, según Villca, esos curules están ocupados por gente vinculada al partido de gobierno.
Hizo un pedido a las sociedades urbanas a sumarse a la lucha de los pueblos originarios y no dejar que la responsabilidad caiga solamente sobre las espaldas de unos cuantos.
Publicado en: Guardiana
Alfredo J. Zaconeta Torrico 