LAS COOPERATIVAS MINERAS EN TIEMPOS DE CAMBIO
Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico
No cabe duda que la reactivación minera ocasionada por la escalada de precios a partir del año 2004, junto con la bonanza económica, empleos y reactivación de centros mineros silenciados con el DS 21060, trajo también avasallamientos, contaminación de aguas y enfrentamientos por intereses creados.
Dentro de estos, mencionamos tres, donde las circunstancias fueron las mismas; cooperativistas en busca del dominio del yacimiento. En Caracoles (2004) lo lograron, en Huanuni (2006) no tuvieron éxito y en Colquiri (2012) quedaron empatados donde la determinación salomónica del gobierno dispuso que se comparta el yacimiento.
El cooperativismo tiene su origen en el sistema capitalista durante la primera fase de la industrialización, concebida con la idea de poder paliar la miseria provocada por este sistema, mediante la cooperación entre todos los afectados, organizándose en cooperativas de consumo, producción, ahorro y crédito.
En Bolivia como consecuencia de la estricta dependencia de la minería en el siglo XX, los gobiernos de turno no pudieron absorber la mano de obra desocupada durante los periodos de crisis económica, en estos escenarios los desocupados mineros recurren a la dotación de áreas mineralizadas para desarrollar trabajos como arrendatarios del Estado o el sector privado, surgiendo así las primeras cooperativas mineras.
La última crisis que repercutió de forma negativa en la minería, fue la caída de precios de algunos minerales a partir de 1983, lo que posibilitó que el MNR en 1985 ponga en marcha su “Nueva Política Económica”, despidiendo a más de 30 mil mineros asalariados, el cierre de algunas minas y la privatización de otras. Paralelamente este decreto dio rienda a la libre comercialización y exportación de minerales -que hasta hoy persiste-, convirtiéndose en uno de los principales incentivos para promover la informalidad en el sector minero a través de las cooperativas mineras.
En la primera mitad del siglo XX, el cooperativismo minero creció sin ley alguna. Esto fue subsanado en alguna medida en 1958, con la promulgación de la Ley de Sociedades Cooperativas que tiene como objetivo: “Regular el funcionamiento autónomo de las Cooperativas y diferenciarlas de las personas, servicios y asociaciones de capital con fines de lucro”.
Como es de dominio público, este principio ha quedado en el papel y solo es recurrente al momento del discurso, debido que en la actualidad la mayoría de las cooperativas mineras han llegado a constituirse en pequeñas empresas privadas donde se aplica el subempleo por parte de los socios del sistema cooperativo.
Es vox populi que en varios distritos mineros los socios de las cooperativas mineras no son los que precisamente trabajan al interior de la mina; estos sólo cumplen las funciones de administración a través del rol dirigentes en sus federaciones regionales, departamentales y nacionales, o como autoridades de gobierno en representaciones del poder ejecutivo o legislativo. La consulta debería ser entonces, de los más de 130 mil trabajadores del sistema cooperativo que aseguran ser, ¿Cuántos son socios y cuántos son empleados?
Y es que, ser cooperativista minero en estos “tiempos de cambio”, se ha constituido en un buen rédito, ya que las ventajas otorgadas por los gobiernos de turno las hace muy atrayentes. La muestra de estos réditos las reducimos en: la Ley 1786: (Sánchez de Lozada – 1997) que autoriza la enajenación de los activos de la COMIBOL a favor de las cooperativas mineras. Decreto Supremo 25910 (Banzer – 2000) que dispone la transferencia de activos de COMIBOL a favor de las cooperativas mineras.
Decretos 26318, 26354 (Quiroga – 2001), 26812 (Sánchez de Lozada – 2002) y 27358 (Mesa – 2004), establecen la vigencia del Programa Minero de Empleo Productivo I, II y III, mediante el cual el Estado a través de COMIBOL subvencionó a fondo perdido a las cooperativas mineras la caída del precio de los minerales. Entre el 2001 y 2004 la COMIBOL subvencionó con 8.7 millones de dólares. El Decreto 27137 (Sánchez de Lozada – 2003) que extingue las deudas de las cooperativas mineras con el ex Banco Minero de Bolivia y el ex Fondo Nacional de Exploración Minera.
El Decreto 27192 (Sánchez de Lozada – 2003) que modifica la estructura del directorio de COMIBOL y apertura -de manera inconstitucional- el ingreso de tres directores nombrados por FENCOMIN y el Decreto Supremos 27206 : (Sánchez de Lozada – 2003) que determina la condonación de deudas por concepto de multas e intereses por aportes de las cooperativas a la Caja Nacional de Salud y autoriza a la COMIBOL el desembolso a fondo perdido de 896 mil bolivianos por aportes devengados de las cooperativas.
A esta pequeña muestra de medidas a favor de las cooperativas, se debe sumar las ventajas otorgadas por el gobierno del MAS consistentes en: obsequios de compresoras, perforadoras, volquetas, ambulancias, retroexcavadoras, canchas, sedes sociales, ingenios, comercializadoras de minerales, etc., como también su inclusión y reconocimiento en la Constitución Política del Estado, Ley Minera y Metalurgia, además de la otorgación de capital a través del Fondo de Financiamiento Minero (FOFIM).
Igualmente, lograron una flexibilización en el cumplimiento de las normas ambientales, como también, ventajas en el régimen impositivo minero en actual vigencia, donde a diferencia de los operadores privados y estatal, el sistema cooperativo se encuentra exento de pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Alícuota Adicional al IUE, el IVA, además, en el caso de las regalías mineras del 100% estipulado por la Ley 535 a cada mineral, las cooperativas solo llegan a pagar el 60% tras el proceso de comercialización aludiendo a que estos trabajan en yacimientos considerados marginales, como ocurre con el oro.
Por muchos años, las autoridades de gobierno premeditadamente manejaron datos sesgados, destacando el aporte de las cooperativas, haciendo referencia al pago de regalías mineras; sin embargo la realidad es otra, ya que según los datos de 2015, el principal aportante de regalías es la minería privada, con 92 millones de dólares (74,1%), seguidos de las cooperativas mineras con 24,2 millones de dólares (19,5%) y el sector estatal con 7,9 millones de dólares (6,4%). A estas cifras se debe sumar el pago de Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del cual las cooperativas se encuentran exentas.
Además de esto, las cooperativas mineras cargan su estigma de constante vulneración de derechos laborales y seguridad social de sus trabajadores, y el incumplimiento a las normas referentes al trabajo infantil.
Hoy el gobierno pretende mostrar una imagen radical con el objeto de distanciarse de un mal que ellos mismos vinieron alentado a través del clientelismo por 10 años, en desmedro del país, lo que nos deja la duda ¿qué viene después de esto?
(*) Es periodista e investigador en temas mineros, trabaja en el CEDLA y ERBOL
Alfredo J. Zaconeta Torrico 