Las huellas de la minería de oro en Tipuani, después de 70 años de explotación

  • Tipuani se formó en torno a la explotación del oro. Sus primeros habitantes fueron mineros, quienes gradualmente establecieron este municipio, del que se ha estado extrayendo el metal desde hace casi 70 años, y del que se está aprovechando tanto del río como de los cerros.
  • En la actualidad, muchas de las comunidades del lugar enfrentan inundaciones debido a la desviación del río y a la acumulación de tierra en sus alrededores. Además, la deforestación de los cerros agrava esta problemática en un pueblo que, a pesar de ser el origen de uno de los metales más valiosos y codiciados del mundo, no luce como tal.
  • En este reportaje, escrito por la periodista Karen Gil, se cuenta las afectaciones que causó la minería en este municipio. Y, es parte de la labor de sensibilización e información que realiza la Red Eclesial Panamazónica (REPAM-Bolivia), en torno a la minería aurífera.

Repam-Bolivia.- Doña Rosa Cruz, de unos 60 años, se aloja en casa de uno de sus vecinos desde hace tres meses. En enero de este año, el río ingresó con fuerza a su vivienda y se llevó muebles, electrodomésticos y muchas otras de sus pertenencias. “Lo que pudimos hemos sacado”, dice aún con la pena por todo lo que perdió. Hasta abril esperaba que sus pisos y paredes sequen, para retornar a su hogar. Su casa es una de las tantas afectadas por la fuerte inundación que golpeó a Cangalli, comunidad de Tipuani ubicada en el norte de La Paz.

En Cangalli viven 150 familias, muchas de las cuales construyeron sus viviendas a orillas del río. Pese a que ya pasaron tres meses desde que una de las mayores inundaciones golpeara la comunidad de Tipuani, al caminar por sus calles (en abril de 2023) todavía se ven infraestructuras destrozadas o inundadas.

Hasta abril de este año, las viviendas sociales estaban anegadas, después de la inundación de enero. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).

En los últimos años, el río Tipuani sufrió cambios del curso de su caudal debido al trabajo de los mineros cooperativistas para encontrar oro, ese metal tan preciado por su alto valor. Por ello y por otros factores, son frecuentes los desbordes de su caudal en época de lluvias.

Por donde se camine se nota algún rastro de las afectaciones de la riada. Llama la atención, por ejemplo, el nivel del río en relación con el puente Cangalli, ingreso a Tipuani. Esta infraestructura fue construida en la década de los 80 con una altura de entre 10 y 15 metros, pero ahora no llega ni al medio metro de distancia del agua. Los comunarios cuentan que de noviembre de 2022 a febrero de 2023 hubo varios días en que el afluente sobrepasaba la plataforma.

El nivel del río llega a pocos centímetros de la base del puente, que está al ingreso de Tipuani. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).

Cangalli fue el primer asentamiento minero de este sector y fue creada como comunidad en 1954. Cerca de ésta se asentaron los demás campamentos auríferos, y con todos ellos se creó el municipio de Tipuani, en 1986.

Tan solo en la comunidad operan al menos 25 cooperativas, una de ellas perteneciente a Cangalli, informa el dirigente del lugar, Cristian Romeo. Aunque él es cauteloso con sus declaraciones, y admite que el cambio del cauce del río ocasionado por las explotaciones mineras es uno de los motivos de las inundaciones. Resalta que, al ser Tipuani un municipio netamente explotador de oro, no se puede evitar esta actividad.

“Si no hay minería, este pueblo se muere. No es como Caranavi (municipio a cuatro horas de distancia) o como otros lugares, donde la gente vive de la agricultura”, dice.

Romeo explica que, por falta de recursos, la Alcaldía de Tipuani no tiene la capacidad de atender los efectos de las inundaciones, por lo que son los mismos cooperativistas los que se hacen cargo de la situación. Asimismo, recuerda que los mineros firmaron un documento en el que se comprometieron a levantar un muro de contención al borde de la comunidad para evitar futuros desbordamientos.

Cristian Romeo, dirigente de Cangalli. Foto: Karen Gil.

A unos metros de las viviendas, cerca de la carretera, la actividad minera no cesa. Una pala saca la tierra del cerro y esta es llevada en una volqueta a uno de los pozos al lado del río. Allí la depositan para que luego puedan separar el oro de los sedimentos.

Al igual que en otros lugares, en Tipuani es normal ver lagos artificiales que las cooperativas perforaron alrededor del río, donde separan el oro de la tierra. Por ello, la ribera del río no se distingue, y es difícil ver dónde inicia el afluente

Aún se ven las raíces de los árboles que crecían en este cerro, de donde ahora se busca oro. Foto: Karen Gil.

Las inundaciones y sus efectos

Cangalli no fue la única comunidad afectada por las inundaciones. De acuerdo con datos del Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani, 500 familias fueron damnificadas y muchas de estas deben ser relocalizadas. Sus casas, hoy dañadas por las riadas, no sólo no son habitadas, sino que, al estar tan cerca del río y de los pozos de las minas, son vulnerables a ser nuevamente afectadas.

Dadas las circunstancias, la Alcaldía y las cooperativas analizan la posibilidad de trasladar Cangalli, y otras comunidades aledañas, a sitios más elevados.

“Estamos viendo un proyecto para construir en un lugar más alto. Sabemos que (las afectaciones) recién están empezando, por eso queremos hacer terrazas y el puente (nuevo de Cangalli). Eso estamos trabajando con la Central de Cooperativas de Cangalli”, asegura el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, quien también es minero cooperativista.

Alcalde de Tipuani, Fernando Vera. Foto: Karen Gil.

La otra localidad que fue severamente afectada por las inundaciones fue Chima, que queda a 45 minutos del centro de Tipuani, hacia el oeste. Desde la entrada a la comunidad se ve el techo del tinglado de uno de los centros deportivos: la mazamorra cubrió la mayor parte de la infraestructura.

Al igual que Cangalli, en esta localidad las viviendas aún están anegadas y muchas familias esperan que sus casas se sequen. Acá la relocalización es una opción para los damnificados, pero no todos están de acuerdo con ello. Muchos se resisten a dejar sus viviendas, que están al borde del río.

“Lo que pedimos y queremos es la reubicación de Chima a la parte de arriba. Hasta nuestro colegio está peligrando, ¿qué va a pasar de tres a cuatro años? El desmonte va a subir, cada riada que hay arrastra el desmonte. No podemos hacer nada”, asegura Plácida Sánchez, secretaria de relaciones humanas de San Juan de Pantani, de la localidad de Chima.

Tipuani, municipio aurífero

Al haber nacido alrededor de los campamentos mineros, Tipuani ha sido testigo de la evolución de la explotación del oro en la zona. Hasta la década de los 90, la mayor parte de los cooperativistas buscaban el mineral de forma convencional (es decir, en socavones), pero de a poco empezaron a intervenir los ríos. Con el tiempo, y gracias a la incorporación de maquinaria pesada, la  búsqueda del mineral se extendió a la base de los cerros.

Casi todos los habitantes de esta localidad viven alrededor de la actividad aurífera. Según datos de la Alcaldía, de los 10.000 habitantes, el 92% está involucrado directa o indirectamente, ya sea como cooperativistas, trabajadores de apoyo o barranquilleros, en la minería. Estos últimos son los que están debajo de toda la cadena, pues son los que rescatan el oro menudo, que la maquinaria o los cooperativistas no pueden recuperar.

Las empresas permiten que a mediodía ingresen los barranquilleros en busca de oro.  Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).

Además, las actividades comerciales y de transporte están alrededor de la minería.

Por sus características, Tipuani no se ha dedicado a otras actividades de forma sostenida. Si bien hubo algunos intentos, y actualmente la Alcaldía promueve el proyecto de cría de pacús y turismo, los ingresos para sus habitantes provienen de la extracción del oro.

Entre tanto, el GMAT informa que casi toda la región de Tipuani está concesionada, lo cual queda evidenciado en el mapa que muestra la presencia minera en el municipio hasta el año 2022, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.

Fuente: Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, con datos a 2020.

Las afectaciones al río

El río Tipuani sufrió cambios en su cauce. Foto: Karen Gil-REPAM Bolivia.

En Chima y en otras comunidades de Tipuani, las familias se asentaron cerca del río, y en muchos casos sobre este. Plácida Sánchez cuenta que a los pobladores les interesaba estar cerca del oro extraído.

“El río antes no venía por donde ahora es (…); por ejemplo, el río venía por este rincón (señala hacia la izquierda, sobre la comunidad). Por hacer una población lo han arrinconado, han cambiado el cauce. El río vuelve por su curso”, afirma la dirigente.

El afluente ya no tiene la misma apariencia de hace cuatro décadas. Las imágenes satelitales históricas reflejan que entre 1984 y 2022 el río Tipuani sufrió varias alteraciones, como la ampliación de su ancho y el cambio de su cauce. Las transformaciones más visibles se dieron, principalmente, desde 2005. Las imágenes dan cuenta de cómo alrededor de este río se deforestó y se habilitaron espacios para la minería.

El río no solo sufrió alteraciones en su anchura, sino que también en su profundidad. Gracias a los sedimentos que se fueron acumulando a lo largo de estos años, la base es cada vez más alta.

El Alcalde asegura que esto se debe a que este afluente recibe también sedimentación en la parte alta de los campamentos mineros que están instalados en el municipio aledaño de Sorata, donde, principalmente, se explota oro en vetas.

Tanto el Alcalde como los cooperativistas admiten que también hubo una descarga de la tierra por parte de las cooperativas de Tipuani. La autoridad edil asegura que ya se emitió una normativa municipal que prohíbe desechar los sedimentos de los cerros en los ríos.

Jhonny Saavedra, presidente de la Central de Cooperativas Mineras Auríferas Tipuani, que aglutina a 16 cooperativas, explica que la acumulación de los sedimentos se debe al trabajo minero realizado durantes estos últimos 70 años, y aclara que actualmente los cooperativistas no desechan en el afluente. Por su parte, asegura que las cooperativas ayudaron con la construcción de contención para que la subida del río no afecte a la población, como sucedió hace dos años.

Un minero de Chima, quien pidió mantener su nombre en reserva para no recibir represalias, explicó que desde hace algunos años ya no echan la carga mayor de tierras al río, pero sí la carga menor.

Deforestación y pérdida de cerros

El Alcalde afirma que el  desmonte es uno de los grandes problemas en Tipuani. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).

Los caminos improvisados y con baches complican el recorrido en las comunidades que están más adentro del centro del poblado. Ni bien se sale de la capital, se evidencian los rastros de la minería: grandes hoyos, de unos 10 a 15 metros de profundidad, y de al menos 30 metros de ancho, se completan con los cerros desmontados. En estos lugares la maquinaria no da tregua. Incluso una retroexcavadora opera al borde de lo que ahora es un cerro y debajo, a unos 30 metros de distancia, los barranquilleros buscan oro.

El alcalde Vera reconoce que los desmontes son la mayor afectación de la minería en Tipuani debido a la remoción y al movimiento de carga con maquinaria pesada. Por ello, explica que, en varios momentos, por ejemplo, en la parte de arriba del municipio “cerros enteros se han caído”.

Los comunarios dicen que, si bien les preocupa esta situación, mucho no se puede hacer porque los habitantes del municipio viven de esta actividad. “Hay mucha gente que vive de eso”, asegura el dirigente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).

Muy similar a lo que ocurre en los bosques alrededor del río Madre de Dios, en la Amazonía de Perú, el área verde de Tipuani fue reemplazada por huecos llenos de agua o espacios deforestados donde el trabajo de la maquinaria no cesa.

La remoción de tierra es tan intensa que en muchos casos se ven huecos profundos. Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).

Para Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y especialista en minería, la actividad  con maquinaria pesada que se realiza en la zona puede ser considerada minería a cielo abierto; es decir, que se desarrolla en la superficie del terreno. El especialista aclara que, para la realización de este tipo de explotación se requiere de planificación, con el fin de contrarrestar los impactos ambientales.

“Se puede considerar a cielo abierto, pero no con todas las previsiones técnicas que debería tener; por ejemplo, lo que vemos en las imágenes (de Tipuani). No se puede apreciar que haya algún tipo de control o mitigación ambiental, parámetros que se exigen para este tipo de minería”, asegura Zaconeta.

El investigador destaca que hay una improvisación de minería a cielo abierto, con una contaminación extrema no sólo por el uso de mercurio, sino también por aceites y combustibles de la maquinaria que se derraman en los ríos, y que afectan la flora y fauna de la zona.

Los mineros argumentan que es necesario llevar a cabo remociones con maquinaria, debido a que ya no se encuentra la misma cantidad de oro que en décadas pasadas, como ocurrió, por ejemplo, en los años 90. Estas actividades son posibles gracias a acuerdos con empresarios, ya que, como explica Saavedra, se requiere de inversiones privadas. De acuerdo con datos proporcionados por la Alcaldía, la mayoría de los inversionistas provienen de otras regiones del país, e incluso existen tres empresas chinas que operan en el municipio.

Para el asambleísta departamental de La Paz Israel Alanoca, las afectaciones que causan las maquinarias vulneran los ecosistemas. Alanoca recuerda que los mineros son responsables de mitigar los impactos ambientales negativos, y de remediar y rehabilitar las áreas explotadas, tal como establece la Ley de Minería y Metalurgia.

Y ¿el mercurio?

Los mineros aseguran que, debido a que no realizan explotación de oro en vetas, no requieren usar mercurio, metal altamente tóxico y que es desechado en ríos, lo que contamina las  aguas y los peces.

“Nuestro oro es pepa; no necesitamos mercurio”, dice Vera en el despacho edil, mientras hace gala de un dije de oro que cuelga de su cuello, y que se complementa con un anillo, del que se destaca una gran piedra.

La autoridad asegura  que la minería cooperativista que trabaja en los ríos o cerros no necesita este metal tóxico. Asimismo, la autoridad explica que lo poco que se usa de mercurio solo se usa en los lavaderos.

“Siempre hay polvo y orito ahí se usa, pero en  las oficinas, pero es mínimo el uso de mercurio”, dice.

Si bien se registró contaminación en el río Tipuani, la autoridad asegura que se debe a las cooperativas de Sorata y que sí usan este metal.  El investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, confirma que por el tipo de minería que se realiza en Tipuani no se requiere uso de mercurio.

Dos mujeres que trabajan en la barranquilla contaron que ellas sí emplean mercurio para recuperar granos de oro, y que no tienen medidas de seguridad necesaria, lo que pone en riesgo su salud.

Una mujer busca oro en un lavadero de forma artesanal. Foto: Karen Gil-REPAM Bolivia.

Pocos ingresos para el municipio

Los comunarios y los dirigentes entrevistados coinciden en afirmar que el municipio de Tipuani no ha tenido mejoras en los últimos años; al contrario, tiene muchas deficiencias. La  difícil situación se siente, principalmente, cuando ocurren desastres naturales que afectan a la comunidad.

Un paseo por el centro de Tipuani da cuenta de la evidente precariedad. Con excepción de las cuadras alrededor de la pequeña plaza, las calles no cuentan con adoquinado o asfaltado. En la avenida paralela, los conductores de autos tienen que hacer maniobras para transitar. A esa escena le acompaña la basura, que abunda en las calles por la ausencia de contenedores de desechos.

En las comunidades la situación empeora. Por ejemplo, Cangalli no cuenta con un centro de salud, y el que hay en el municipio tiene que atender a los 10.000 habitantes.

Según datos de Vera, la Alcaldía recibió Bs 850.000 en 2022 y este año contará con Bs 1.800.000, por regalías mineras, que son los montos de compensación a los municipios donde se realiza la explotación (15% del total de lo vendido; el resto se va a la Gobernación). Este monto será destinado, principalmente, a salud y a educación.  

Pese a que Tipuani es el tercer proveedor de oro de la provincia Larecaja, las regalías que recibe son mínimas. Esta situación se da, principalmente, debido a que el Estado recibe tan solo el 2,5% de lo exportado; es decir, de los 3.073 millones de dólares que se ganó el año pasado, el país se quedó con poco más de 60 millones, el resto se quedó en manos privadas, principalmente, de las cooperativas.

Al respecto, el investigador Zaconeta explica que en lugares como Tipuani, donde se realiza la explotación con maquinaria pesada y que requiere mayor inversión, los mineros debieran pagar el 7% y no el 2,5% por regalías. Asegura que el pago menor es solo para las cooperativas que realizan minería marginal y artesanal.

Según información de la Secretaría de Minería de la Gobernación de La Paz, brindada por el asambleísta departamental Israel Alanoca, en 12 años Tipuani recibió Bs 157.606.498. Pese a ello —dice la autoridad, quien visitó a inicios de este año— el municipio no luce como un lugar donde se explota el metal más caro del mundo.

Explica que el municipio ni siquiera cuenta con una planificación urbana adecuada: “En Tipuani, un municipio aurífero, hemos visto que la urbanización está totalmente destruida”.

Entre tanto, los habitantes del Tipuani no ven otra forma de generar recursos a través de la explotación del oro, que le dio al municipio más sombras que luces.

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* Escrito por: Karen Gil, con reportería adicional de Arnaldo Muiba, de la Red de Comunicadores por la Casa Común.

Fotografías: Foto: William Ojopi (Red de Comunicadores por la Casa Común).

*Este reportaje se realizó con el apoyo de Conservación Internacional Bolivia.

Publicado en: REPAM

Exigen cuidar ríos y paralizar proyectos extractivistas que dañan la Amazonía

Los indígenas que participaron en el Pre Foro Social Panamazónico (Pre Fospa) 2023 acordaron un documento con 29 puntos, entre los que destacan exigir al gobierno boliviano la paralización de los proyectos extractivistas, rechazar el ingreso de empresas mineras y declarar sujetos de derechos a los ríos, Tuichi, Madre Dios, Tucabaca y otros que están en la Amazonía.

“Rechazamos la intensión de la Ajam (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) de reconocer derechos pre constituidos en áreas protegidas, las solicitudes y la autorización que ilegalmente se dieron hasta el 2015, exigimos que se respete la facha de creación de las áreas protegidas. Exigimos la modificación de la ley minera por atentar contra la naturaleza y los pueblos. Deben quedar prohibida las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas”, señala el punto 15 del documento.

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Desde el jueves, más de un centenar de representantes de los pueblos indígenas que componen la Amazonía participaron en el Pre Fospa, que se llevó a cabo en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura. Los asistentes evaluaron las amenazas que sufren a causa de la depredación de sus territorios.

Durante tres días trabajaron divididas en seis comisiones, cada una evaluó un problema distinto que enfrentan las comunidades: crisis climática, madre tierra, autonomías indígenas, el ingreso de proyectos extractivistas, minería ilegal, justicia indígena y otros. Además, visitaron seis comunidades indígenas y el Parque Nacional Madidi que les permitió conocer de cerca sus problemáticas.

El documento suscrito por más de una decena de organizaciones campesinas, instituciones y la sociedad civil cuenta con 29 conclusiones. Este pronunciamiento será entregado en el encuentro de presidentes que se realizará en agosto, en Brasil, con el fin de ser escuchados y tomado en cuenta en las decisiones gubernamentales.

Otro de los puntos importantes es que se reconozca al río Tuichi, Madre De Dios, Tucabaca, vertientes, ojos de agua y otros afluentes en tierras altas y bajas como sujetos de derechos, es decir, que quienes atenten contra estos recursos sean pasibles a una sanción en la justicia.

Cuestionaron que Bolivia sea el primer país en deforestar sus boques, a causa de las actividades extractivistas, ya sea la agroindustria y otros. Ante eso, rechazan los proyectos de biocombustible en base a la palma aceitera, soya y otros cultivos que son promovidas por el Gobierno e instituciones privadas.

“Pedimos que se identifique y se sancione a las empresas privadas, corporativas y personas responsables de los ecocidios y etnocidios que vulneran los derechos de los pueblos y de la madre naturaleza. Demandamos que los responsables indemnicen a los afectados y remedien el daño causado a las poblaciones, quedando sujeto al cese de actividades”, señala otra de las conclusiones.

Al respecto, el director de la Fundación Solón, Pablo Solón, consideró es importante que se exija el respeto a los ríos, que se reconozca que es un derecho y que el gobierno garantice su acceso a todos los pueblos indígenas. A la vez, evitar que se continúe deforestando regiones donde se encuentran afluentes y ojos de agua, que sirven de suministro a los campesinos.

“Se ha establecido es que se reconozca que el agua es un derecho, no un negocio y se debe garantizar el acceso a las poblaciones, que se garantice que los derechos estén libres de contaminación. Se ha plantado que es fundamental precautelar las fuentes de agua que son un suministro para ellos. Entonces, es importante que estos puntos sean socializados en sus regiones”, indicó.

MINERÍA ILEGAL

Un tercer punto importante es el rechazo al ingreso de empresas mineras a las áreas protegidas y territorios indígenas. Se exige la creación de un programa de salud gratuito obligatorio y especializado para los afectados por la minería y las sustancias que se usan. Piden que la fiscalización de la actividad minera se realice con participación de los pueblos indígenas, comunidades locales y gobierno municipales y departamentales.

Al respecto, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, dijo que esta problemática fue uno de los más debatidos en las mesas de trabajo. Una de las propuestas es el incremento de las regalías por la extracción de minerales, que sean destinados a proyectos de salud y educación en beneficio de las comunidades afectadas.

“Además, piden que haya un debate y se plantee la redistribución de las regalías mineras, los porcentajes se eleven de un 2% a un 15%, incluso pueda ser más de acuerdo al precio de los minerales, que se incluyan a las comunidades. Que estos recursos sean destinados a la educación y salud en beneficio de las comunidades”, manifestó. (Rurrenabaque, ANF)

Publicado en: El Diario

Foro Panamazónico advierte que entre el 2015 y 2021 los derechos mineros incrementaron de 88 a 858

El investigador Alfredo Zaconeta del Cedla advirtió que la explotación aurífera es una amenaza creciente para las comunidades de la Amazonía Las empresas privadas se camuflan en las cooperativas para evadir impuestos.

Los derechos mineros o concesiones entre el 2015 y 2021 se multiplicaron en más de diez veces; de 88 a 858 en solo seis años. Así lo hizo conocer el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, durante el Pre Foro Social Panamazónico XI (Fospa). Advirtió que la explotación aurífera se ha convertido en una amenaza creciente para las comunidades de la Amazonía.

“¿Cuál es el estado de situación en las zonas de explotación del oro en la Amazonía del país y cuáles las perspectivas en la reconfiguración amazónica?. Con los precios del oro disparándose, su mayor demanda en el mercado internacional, la laxitud de la actual normativa la minería y la silenciosa complicidad gubernamental, la explotación de aurífera se ha convertido en una amenaza creciente para las comunidades”, cuestionó el experto.

De acuerdo al investigador, las normas han ido fomentando la proliferación de cooperativas para que los operadores opten por las cooperativas antes que por la minería chica o privada.

Con datos oficiales, Zaconeta mostró contradicciones a la hora de identificar a los actores mineros detrás de las operaciones, pues según el Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022, de las 858 concesiones mineras en la Amazonía, 221 corresponden a los mineros, 621 a las empresas privadas, nueve a las estatales y siete son reservas fiscales.

“El dato resulta contradictorio, ya que, según el Ministerio de Minería y Metalurgia porque de acuerdo al cuadro del anuario, el sector privado es el mayor actor minero en la Amazonía, ¿Pero cómo entendemos que si el mayor operador minero es el privado, el 99,6% de la producción nacional de oro se registre como cooperativas?”, lanzó la interrogante desde la población de Rurrenabaque en el departamento de Beni.

En esa línea cuestionó sobre quién está fallando, y señaló que es el Estado y la debilidad institucional que está permitiendo que los operadores privados se estén haciendo pasar por cooperativas para evadir el pago de impuestos y solo pagar una regalía, que oscila entre 1,5 y 2,5%.

“El cuadro refleja la debilidad institucional de la AJAM con lo que está pasando en la Amazonía. En un análisis de la Amazonia Norte, las cooperativas entre 2015 y 2021, las concesiones mineras se incrementaron de 88 a 858”, precisó.

Draga aurífera en el río Kaka. Foto: Contiocap

En esa línea señaló que la tendencia ratifica el monopolio sobre la extracción y comercialización del metal preciado en manos de las cooperativas auríferas, las más flexibilizadas en términos tributarios y ambientales.

“Una hipótesis que explica esas cifras, es que operadores privados, entre empresas y unipersonales estén mimetizadas con las cooperativas mineras”, subrayó.

A la vez identificó que el considerable crecimiento de la minería aurífera en Bolivia se traduce en conflictividad social, proliferación de minería ilegal, contaminación al medioambiente, bajas recaudaciones tributarias, presencia ilegal de capital extranjero, entre otros aspectos.

Algunas normas que promovieron la expansión minera

El investigador del Cedla, mencionó que la expansión de las cooperativas mineras ha sido promovida desde diferentes normas. Mencionó que la Constitución Política del Estado (2009),que en su artículo 307, numeral II señala que la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

El artículo 369, numeral I de la CPE reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas, medida macro que fue el puntal inicial para delinear las normativas consecuentes a favor del sector cooperativo, así como su masificación en el país y particularmente, en la Amazonía.

Balsas auríferas en el Río Madre de Dios. Foto: AJAM

En cuanto a la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014 citó que mientras el artículo 151, que señala: “Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras”, pero inmediatamente el inciso II establece que. “El Estado podrá suscribir contratos de asociación de economía mixta con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”.

También la CPE establece que se podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a cuyo efecto adecuarán su razón social, sujetándose a la normativa que rige para las empresas mixtas.

El artículo 220 beneficia directamente al operador minero cooperativista, ya que el mismo autoriza las actividades mineras en áreas protegidas y forestales, lo estamos viendo en el caso del Madidi.

El artículo 227 de las alícuotas crea una alícuota especial del 2,5% para el oro en estado natural o en escama proveniente de yacimientos marginales operados por la minería de pequeña escala.

“Antes se pagaba el 7 y 5% en el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero Evo Morales muy generoso crea la alícuota especial, que ni siquiera se cumple, porque la misma norma dice, salvo se comercialice internamente, lo que se reduce es a 1,5%”, aseveró.

El DS 2892 de septiembre de 2016 reconoce los derechos laborales de las personas que prestan servicios en las cooperativas mineras, lo cual es una contradicción según analiza Zaconeta.

“Esto es una clara contradicción a lo establecido por la Ley 356 de General de Cooperativas, promulgada el 11 de abril de 2013 que en su artículo 16, referido a sus prohibiciones, señala en su numeral II, que en las cooperativas de producción, el trabajo es personal y se prohíbe el trabajo delegado, salvo excepciones temporales establecidas”, citó.

El Decreto Supremo 3549, de mayo de 2018 modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones al reglamento de prevención y control ambiental. “Esta medida modificó la ficha ambiental por un “formulario de categorización ambiental”, que demanda menor información al momento del trámite.

Por otra parte, el DS 3856, de abril de 2019, permitió eximir la licencia ambiental a los proyectos de categoría cuatro, en áreas citadinas, y en el caso de áreas protegidas, limitó a solo comunicar el inicio de actividades respectivas, adjuntando el certificado de compatibilidad de uso emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Ambas medidas (3549 y 3856) fomentaron la proliferación de actividades mineras, particularmente en el norte de La Paz y Beni, incluido el Madidi, declarado como Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado”, mencionó.

Cooperativas en cifras 

De las 1.816 cooperativas, aproximadamente 1.400 están dedicadas a la explotación de oro y alrededor de 1.300 estarían en La Paz, 30 en Beni y 4 en Pando

En la gestión 2022 Bolivia alcanzó su mayor producción histórica: 53,3 T, con un valor de $us 3.026 millones,pero apenas genero una regalía de $us 63,2 millones

Siete de los nueve departamentos del país se dedican a la explotación de oro.
Solo dos concentran el 90% de la producción nacional: La Paz, con 40,3 T (75,5%), y Beni, con 8,03 T (15%).

El 97,8% de esta producción se exportó a: 75% a la India, 17% a Emiratos Árabes Unidos, el 3% a Italia, el 3% a Turquía y el 3% restante a otros países, en pequeñas cantidades.

El destino del oro boliviano cambió en los últimos seis años, puesto que hasta 2016 EEUU era el principal destino. Este cambio se debe a las exigencias del país del norte de aplicar la “debida diligencia”.

El Foro Panamazónico se desarrolla desde el 20 de julio en la población beniana a donde se trasladaron académicos, investigadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil comprometidos con los derechos ambientales y pueblos indígenas.

La presente nota fue realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de comunicadores y periodistas para la conservación de la biodiversidad del Corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata (MPLC)” implementado por la Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza (Prodena), con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) a través de Conservación Amazónica –ACEAA en Bolivia.

Publicado en: ANA

Regalías y premios: incentivos para cooperativas que vendan oro al Banco Central de Bolivia

La licencia ambiental y otros requisitos limitarán las ventas de oro al ente emisor. La Paz será la región que más perderá con el nuevo marco legal. El sector cooperativo considera que la actual normativa no está cerrada

“Ya estamos en condiciones de poder comprar oro de instancias públicas y privadas”, anunció el 9 de julio pasado el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, dando así luz verde a un proceso que llega con luces y sombras para el país.

El objetivo es el fortalecimiento de las reservas internacionales netas (RIN) del país, para lo cual se promulgó la Ley 1503, el 5 de mayo de esta gestión, y se aprobó su reglamento, el 3 de julio pasado.

En este marco legal hay dos elementos que permitirían alcanzar ese resultado y que le dan al ente emisor una ventaja para que las cooperativas -que dominan la producción nacional aurífera- vendan su oro esta vez al Estado y no a las comercializadoras privadas, afirmó Héctor Córdova, ex viceministro de Desarrollo Minero Metalúrgico y ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia.

Primero, “se declara” esa operación como “venta interna”, lo que hace que este sector pague un 1,5% por regalías y no el 2,5% que venía pagando, porcentaje preferencial establecido para los yacimientos marginales. Este es un nuevo incentivo para un sector que en su mayor parte debería pagar un 7% de regalías, ya que trabaja en depósitos principales sin pagar impuestos.

“Eso es menos plata para el departamento de La Paz”, apuntó Córdova, quien calculó que ese 1% menos de regalías representaría en 2022 más de $us 30 millones.

El segundo incentivo es la creación de un premio de entre 0,05% y 0,35% sobre la cotización internacional para las ventas de más de 6 kilos de ese metal, indicó Córdova.

Otro elemento, esta vez político, favorable a las compras de oro estatales es “la evidente alianza entre las cooperativas y el Gobierno”, que puede “motivar a varias cooperativas a vender su oro al Banco Central”, consideró.

Estos son los factores propicios al proyecto estatal de compra de oro de producción nacional, pero también hay elementos que juegan en contra de ese objetivo.

Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) identificó tres limitaciones.

Primero, el hecho de que el nuevo marco normativo no obliga a los actores mineros a venderle el oro que producen al BCB, lo que subordina al ente emisor “a la voluntad de las cooperativas” auríferas. Segundo, el que el Banco Central excluyera de las compras estatales a las cooperativas que producen menos de 1 kilo. Tercero, el que el ente emisor tenga desventajas frente a las comercializadoras de oro, como la presencia directa que tienen estas empresas privadas en las áreas de explotación aurífera.

Otro punto que puede hacer naufragar el fortalecimiento de las RIN con oro nacional es la necesaria licencia ambiental, que ahora se exigirá a todos los operadores mineros que quieran vender el mineral precioso al ente emisor.

“Eso para mi es importantísimo, porque de las casi 2.000 cooperativas que había en La Paz en 2022 menos de 200 (10%) tenían licencia ambiental”. El que solo puedan vender oro al Estado las que tengan licencia ambiental “puede ser un verdadero desincentivo para las cooperativas” y “puede dejar al Banco Central sin vendedores”, dejando este nuevo proyecto para fortalecer las RIN como “un saludo a la bandera”, sostuvo Córdova.

De acuerdo con el Ministerio de Minería y Metalurgia, las cooperativas producen el 99,6% del oro de Bolivia, mineral que se extrae principalmente de La Paz (73,6%), Beni (21,2%) y Santa Cruz (3,3%).

Zaconeta sostuvo que el exigir la licencia ambiental “podría reducir aún más el mercado de ofertantes de oro” del ente emisor.

Consultado al respecto, Santiago Cruz, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), indicó que no está en condiciones de informar cuántas cooperativas auríferas del país tienen ese documento. “El sector cooperativo es amplio”, remarcó.

Temas pendientes 

Sin embargo, el dirigente precisó que, durante la elaboración del reglamento Fencomin hizo conocer al Gobierno “que, en algunos sectores, por alguna situación, no se puede adquirir rápidamente” ese permiso ambiental y que se verá la mejor solución a este tema conforme vaya avanzando el proceso de compra de oro por parte del Estado.

El Banco Central destacó que el reglamento para la compra de oro “instituye procedimientos ágiles para la comercialización del metal precioso con el BCB, promueve prácticas internacionales de oro responsable, promueve la inclusión financiera, fija que el ente emisor sea un participante más en la cadena de comercialización de oro y establece condiciones competitivas a objeto de reforzar las reservas internacionales netas”.

Este “es un canal más que nos permite garantizar la estabilidad económica y el proceso de reconstrucción de nuestra economía”, subrayó el titular del BCB.

Pese a que la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y su reglamentación fueron consensuados con las federaciones departamentales y regionales del sector cooperativo, hay puntos que no están cerrados, afirmaron dirigentes de Fencomin.

“No está cerrado en el tema del pago en moneda nacional, la bancarización, los gastos de realización, las compras mínimas. Eso se ha hablado concretamente con el presidente y el vicepresidente del BCB”, dijo Ramiro Balmaceda, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).

“Hay algunos aspectos que todavía tendrían que verse en el camino. Hay algunos dirigentes que ya dan por cerrado el tema lo cual me parece irresponsable, porque en la práctica una ley o una reglamentación siempre puede ser modificada”, indicó a Radio La Voz del Pueblo, Ángel Surco, miembro de la Comisión Revisora de este proyecto de la Fencomin.

Entre los aspectos por revisar, detalló, están los plazos de los pagos, los requisitos y documentos que pide el BCB y los pagos en moneda nacional, entre otras “observaciones de fondo”.

“Al Banco Central le va a tomar un tiempo habituarse, porque está entrando a un campo nuevo (…). De aquí a tres meses, tendríamos que evaluar cómo se está trabajando” en todo el proceso, sostuvo.

Por su lado, Cruz prevé que con este marco legal la producción nacional de oro aumente.

Córdova, a su vez, no tiene muchas expectativas sobre los resultados de la nueva ley para fortalecer las reservas de Bolivia.

Experiencias

“En 2011 ya salió una ley con el mismo objetivo (la Ley 175) casi con los mismos términos, pero durante sus 12 años de vigencia las cooperativas no vendieron su oro al Banco Central”. En la actual Ley 1503 “solo se añade la compra en bolivianos y que la compra sea de oro responsable, el resto era idéntico, pero no hubo un incremento de las reservas”, recordó.

Para Zaconeta, si quiere aplicar una verdadera lógica de aprovechamiento de este recurso estratégico, el Gobierno central debería enfocarse en tres puntos: centralizar la totalidad de la comercialización de oro producido en el territorio nacional; ingresar de forma directa a la explotación de oro en las áreas de Comibol y la también estatal Cofadena; e instalar una refinería de oro para darle valor agregado al mineral y añadirlo a las reservas de oro.

Además, “el factor ambiental en la explotación de oro es clave y debe ser abordado en una Ley Integral del Oro”, subrayó.

Al 30 de abril de 2023, las reservas llegaron a $us 3.158 millones, entre divisas y oro, manteniendo su tendencia descendente, aunque el Gobierno insiste en que el nivel de estos activos se estabilizó.

Publicado en: El Deber