Expertos ven que ‘compromisos políticos’ impiden tratar temas estructurales sobre el uso del mercurio en la minería

Expertos en temas mineros coinciden que existen “compromisos políticos” entre el Gobierno y las cooperativas mineras, que impiden tratar temas estructurales para reducir el uso indiscriminado del mercurio en la explotación o recuperación de minerales, centralmente del oro.

Bolivia se convirtió en uno de los principales importadores de mercurio en el mundo. Pasó a importar de 10 toneladas por año en 2015 a más de 190 toneladas en 2021, señaló Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información-Bolivia (CEDIB).

Rusia y México son los principales proveedores de mercurio al país. Cuando llega este metal a nuestro territorio se desconoce dónde va llegar a parar. El ministerio de Minería y el Medio Ambientes, básicamente, son las carteras de Estado responsables de realizar el control del uso del mercurio, sin embargo, estos se deslindan de sus responsabilidades, lamentó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. 

“No hay estudios, no hay estadísticas (del Estado) que te permitan establecer un seguimiento a todo este volumen que llega de mercurio a Bolivia y dónde va a parar, dónde está como destino final”, señaló.

Este medio intentó conocer la versión de los ministerios de Minería y de Medio Ambiente, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Para Zaconeta y Campanini, el Gobierno es el principal responsable de implementar políticas integrales para la reducción del uso del mercurio en el país, pero hasta ahora ven todo lo contrario, ya que Bolivia es de los mayores importadores de este metal. 

El presidente de Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fecmabol), René Butrón, señaló que su sector está dispuesto a remplazar el uso del mercurio en la explotación minera con otra sustancia más amigable con el medio ambiente. Admite el daño que provoca este metal, sin embargo, indicó que esperan políticas claras y su socialización por parte del Gobierno.

Ante ese hecho, el relator especial de la ONU para sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, manifestó en semanas pasadas la grave preocupación que existe respecto al aumento del uso y comercio del mercurio en Bolivia, pero además porque el país se ha convertido en el centro del tráfico ilegal de este elemento en la región.

Esta preocupación de organismos internacionales muestra un claro desinterés del Estado que permite el uso de “técnicas baratas” con toneladas de mercurio para recuperar el oro que, además, sale del país por contrabando dejando daños considerables en el medio ambiente y en la humanidad, indicó el ingeniero Carlos Sandy, experto en el campo minero.

Se presume incluso que, por la falta de control, el mercurio importado por Bolivia, también es utilizado para la explotación del oro que sale como contrabando.

Zaconeta observó diferencias entre la cantidad de mercurio que importaría Bolivia y la cantidad de oro que se reporta en la explotación. Esto hace presumir que habría producción aurífera que estaría saliendo de sus fronteras, particularmente hacia Perú y a Brasil en una labor de micro-contrabando.

Para los expertos estos datos no son nada alentadores para el país. Coinciden que la explotación minera provoca daños ambientales irreparables al contaminar ríos, destruir bosques, ingresar a áreas protegidas, bajando la calidad de vida de los comunarios.

Según estudios revelados recientemente existen personas que tienen en su organismo mercurio por encima de los estándares internacionales establecidos.

Además, la explotación aurífera es cuestionada por las bajas regalías que deja a las regiones, respecto al tamaño del negocio que mueve. Por ejemplo, en 2021 el valor de la exportación del oro alcanzó a 2 mil millones de dólares, pero por concepto de regalías sólo se pagó 59 millones de dólares, que sería un 2.2%.

Recientemente los mineros auríferos aceptaron pagar una alícuota de 4,8% por el valor bruto de la venta de oro, sin embargo, opositores también se pronunciaron en contra de esa cifra al considerarla irrisoria. 

Entonces, para los especialistas el Gobierno mantiene estas desventajas contra el Estado porque existen “compromisos políticos” que no le permiten tocar los temas estructurales.

“Tienen sus cuotas inclusive en el mismo parlamento, tienen algunos curules, son las que financian algunas campañas y finalmente son los que sustentan socialmente al Gobierno en los conflictos que enfrentan”, señaló Carlos Sandy, que también fue senador del MAS.  

“Son socios políticos del gobierno y esto les ha permitido llegar a favoritismos, lograr que la actual normativa minera sea simétrica a favor de ellos, donde sean beneficiados con menos pago de regalías, con menos requisitos en el factor ambiental, con la facilidad de obtener concesiones y otros en la Ajam y a la vez eludir algunos controles”, cuestionó Zaconeta.

“Por presión del sector cooperativistas, existe hasta documentos en los que el propio Estado manifiesta que es esa la razón principal. Entonces, al final el Estado tiene que responder más allá de solamente un sector, tiene que corresponder al derecho a la salud, al derecho a la vida que tenemos todos los bolivianos”, agregó Campanini.

Por tanto, consideran que para atender este problema que causa daños evidentes el primer paso es dejar de lado los “compromisos políticos”. 

Para Zaconeta, el Estado tiene todas las condiciones para reducir el uso del mercurio y en la Asamblea se debe tener una voluntad política para emprender un plan integral nacional.

Mencionó que en otros países como Chile y Colombia la glicina resultó efectiva no solo para explotación del oro, sino también para otros minerales. También, indicó que en algunos lugares las algas, hojas que crecen en esas zonas, son utilizadas para recuperar el oro, por lo que planteó “una alianza entre Estado, universidades y los mismos operadores” para que se llegue a encontrar opciones menos agresivas contra las comunidades, pero también que no afecten el trabajo de las cooperativas.

Campanini señaló que existen las condiciones económicas para dejar de utilizar mercurio en la explotación minera, ya que, organismos internacionales financian para la misma, pero falta voluntad por parte del Gobierno.

Publicado en: ERBOL

Cedla considera que el 4,8% de tributo único para auríferos “sienta jurisprudencia de trato preferencial en impuestos”

El año 2021, sólo $us 59 millones es lo que dejaron de regalía minera los cooperativistas, de un total de $us 2.626 millones de dólares exportados.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), a través de su investigador Alfredo Zaconeta, cuestionó el acuerdo entre el Gobierno y el sector cooperativista aurífero, por el que se crea un impuesto único al valor bruto de la venta de oro de 4,8%. Advirtió que se sienta jurisprudencia para un trato preferencial de tributos, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables.

“Lo peor de este acuerdo, es que el Gobierno sentó jurisprudencia para que otros sectores exijan a través de movilizaciones, un trato preferencial en el pago de tributos, creando mayores asimetrías y privilegios, sobre la explotación de nuestros recursos no renovables”, afirmó el especialista, en alusión a los dos días de movilizaciones, con bloqueos y dinamitazos que protagonizó este sector en La Paz.

Durante una conferencia de prensa conjunta con la dirigencia aurífera, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro presentó como un gran logro el acuerdo firmado con este sector. “En el tema que estaba concitando atención en relación a la tributación se crea un impuesto único que se va aplicar al valor bruto de venta de oro, con una alícuota de 4,8%, norma que va a ser presentada ante la Asamblea Legislativa”, anunció.

“Con el 4.8% establecido como régimen tributario, solo 121 millones de dólares, son lo que se pagará de 2.534 millones de dólares del valor de oro boliviano exportado por los cooperativistas auríferos”, alertó Zaconeta.

Recordó que el año 2021, sólo $us 59 millones es lo que dejaron de regalía minera los cooperativistas, de un total de $us 2.626 millones de dólares exportados. “Solo el 2.2% del valor de producción quedó en el país.

Zaconeta dijo que la explotación de oro en Bolivia, donde las cooperativas mineras detentan un 94% de la producción nacional, de 2.626 millones de dólares exportados de oro, solo quedará para el país 180 millones de dólares entre impuestos y regalías.

“El año 2010, la Gobernación de La Paz registró a 459 cooperativas auríferas. A 2020 motivados por el incremento del precio del oro, y la flexibilización de normativas ambientales y tributarias, la cantidad de cooperativas en La Paz se incrementó a 1.300”, indicó en alusión al año en que estalló la pandemia y se declaró cuarentena rígida.

Observó que las cooperativas mineras gozan de una subvención de diésel para la maquinaria que emplean en su trabajo de explotación de oro, además se benefician con el gravamen cero para la importación de bienes de capital.

“Todos los operadores mineros deberían pagar los siguientes tributos, sin embargo, las cooperativas mineras están exentas del pago de algunas de estas obligaciones”, sostuvo.

Mencionó de ejemplo el Impuesto a las Transacciones (IT) 3% por valor de transacción; Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% (norma que exceptúa a las cooperativas); Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 25% y un alícuota de 12,5 % en periodo de precios altos, que hacen un total de 37,5% (norma que exceptúa a las cooperativas).

“Debe comprenderse que la regalía es la compensación por la explotación de los recursos minerales y metales no renovables que está regulada, por la Ley 535 según el mineral, los cooperativistas tratan de confundir este pago, alegando que ya es un impuesto, pero no lo es”, aseveró.

Otros puntos del acuerdo

En cuanto a la personería jurídica de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) que exigen Fecoman y Ferreco, el tema quedó en cuarto intermedio hasta esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie, para lo cual el Ministerio de Trabajo se comprometió a coadyuvar en el trámite y obtención de personería jurídica.

En cuanto a la seguridad jurídica ante los avasallamientos, la AJAM se comprometió a cumplir y respetar los procedimientos específicos instaurados para la atención de amparos administrativos mineros con celeridad e inmediatez, en el marco de los requisitos y plazos establecidos en la normativa vigente.

Aunque la denuncia de las comunidades indígenas y campesinas responsabilizan al sector aurífero de estos avasallamientos en sus territorios, y de imponer actividad de explotación del oro sin cumplir procedimientos de consulta, ni de consentimiento por parte de la población afectada.

“La AJAM continuará con las gestiones para la suscripción de convenio interinstitucional de lucha contra la minería ilegal y avasallamientos de áreas mineras y su restitución, con las instancias respectivas ante el Ministerio de Minería, Justicia y Ministerio de Defensa”, señala el acuerdo.

Sobre los hechos irregulares en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales Senarecom, las denuncias serán puestas a conocimiento de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Auditoría, según corresponda.

Cuando el caso amerite se procederá a la destitución del o los servidores públicos que incurran en actos de corrupción y discriminación, señala otro punto.

“De la misma forma programará el control posterior a ser realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería a los contratos administrativos mineros”, se acordó.

El Ministerio de Minería se comprometió a una reingeniería del Senarecom en el plazo de tres meses. Además, la AJAM exigirá a las empresas comercializadoras la obtención de las licencias de comercialización para su control respectivo.

Sobre los contratos administrativos mineros y su adecuación, la AJAM elevará el informe referente a la ampliación del plazo de adecuación, conforme a los procedimientos respectivos. El Ministerio de Minería se compromete velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes propias de la AJAM.

Los ministerio interpondrán sus buenos oficios para el tratamiento legislativo del proyecto de ley 436/2019-2020 Ley de creación del ente gestor de seguro social a corto plazo, y las federaciones se comprometen a levantar todas las medidas de presión.

Publicado en: Página Siete

Investigador del Cedla: Gobierno debería incrementar la alícuota y no ceder a pedido de mineros

Los mineros auríferos cumplen  un segundo día de paro esta semana en la Sede de Gobierno con siete pedidos. Para Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), el Gobierno no debe ceder a reducir las alícuotas, uno de los pedidos de los movilizados.

Zaconeta explica que la alícuota es un término para establecer el porcentaje a pagar sobre un valor en bruto, en este caso, es de 2,5% sobre el valor bruto de producción.

Explicó que con una ley anterior se establecía un pago por la explotación de oro de una alícuota del 5 al 7% del valor total de producción, pero que en el Gobierno de Evo Morales y con otra norma se planteó rebajar la alícuota para minerales marginales de oro o escamas de oro, que es lo que alegan las cooperativas, y ahora pagan 2,5%.

“El Gobierno de hecho debería incrementar más la alícuota”, asevera.

Mientras el Gobierno dispone una alícuota del 7%, mineros proponen el 4,5%.

“Lo que plantean ellos se estaría atentando contra lo que vendría a ser el pago de regalías, que actualmente es muy bajo por el porcentaje que se cobra a ellos, lo cual va dejando cantidades muy reducidas en torno a lo que viene la ser la dimensión y el valor de la producción que se tiene”, indica.

Mencionó además que, de 2.626 millones de dólares que se presentan por toda la producción de oro, apenas esta actividad deja 59 millones.

“En este momento, la cotización de oro, sigue en un promedio de 1.750  y 1.800 dólares la onza, tiene un precio por demás estable, una cotización que nunca antes se había cotizado históricamente, es un precio bastante elevado, por lo mismo, se amerita que este deba pagar más, pero no hay consensos y obviamente surge este conflicto”, expone.

Mineros piden explotar en áreas protegidas

Para Zaconeta, esto sería “legalizar lo ilegal”. Los mineros buscan celeridad en los trámites para explotar oro en áreas protegidas.

 “Lo que están buscando de fondo es legalizar lo ilegal y que tengan un aval ya para poder ingresar a las regiones (…) el Gobierno deberá mantener su línea para poder ratificar la condición de áreas protegidas porque de lo contrario, ceder a esta postura es dar vía libre a la expansión de la frontera minera en el país de forma libre bajo un modelo cooperativista”, indica Zaconeta.

El reconocimiento a su dirigencia

Otro de los pedidos de los mineros auríferos es el reconocimiento a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), para Zaconeta, el problema pasa por el tema político, puesto que Fecmabol aglutina a la Federación Regional de Coooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), y parte de las cooperativas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz.

Explicó que el Gobierno, al autorizar la personería jurídica, sería parte de la división de Fencomin (la Federación Nacional de Cooperativas Mineras) que ha sido el aliado político abierto del Gobierno del MAS en los últimos 15 años.

“Imaginamos que hay una presión de Fencomin para que el Gobierno no entregue esta personería jurídica porque esto implicaría la división”, sostiene.

Publicado en: Urgente.bo

Bolivian gold miners push into national park despite country’s green rhetoric

A gold mining operation by a river in the Charopampa sector of the Madidi national park. Photograph: Tom Phillips/The Guardian

Mining co-ops – with oversize influence in the government – are moving into the Amazon’s Madidi national park

The footage is jerky, perhaps shot covertly. It shows a river running through a jungle: on the far side there is still thick forest, but the near bank is a mess of churned earth and muddy tracks – yet more evidence that gold miners have moved into the Madidi, Bolivia’s most famous national park.

Such mining provides a living for hundreds of thousands of people. But as miners push into the Amazon and other protected areas, the Bolivian government’s support of the industry sits awkwardly with its environmentalist rhetoric.

The economic stakes are vast. Last year, Bolivia exported gold worth $2.5bn, making it the country’s top export. This doubled the figure from 2020, and represented 6.2% of GDP.

Almost all of this production comes not from big mining companies, but from small- and medium-scale operations known as “cooperatives”.

The word “cooperative” is a misnomer, however: these organisations are very often hierarchical. Some are family operations that resemble informal mining enterprises, but others are big businesses in all but name.

What unites them are the privileges they receive from the state, and how they fight to defend them.

Those privileges include low royalties on the gold they mine. In 2020, Bolivia exported $1.25bn of gold and the state received $34m – a tax rate of 2.7%.

Then there is the absence of regulation on the import and use of toxic mercury, which miners use to amalgamate particles of gold.

In December 2021, United Nations rapporteurs accused the Bolivian government of failing to comply with the Minamata convention that controls mercury use.

But Fecoman, the union of gold miners in La Paz, says mercury regulation would jeopardise the employment gold mining provides – and it can mobilise huge numbers to make its point.

“The cooperatives have consolidated as a political power with a tremendous capacity for mobilisation,” said Alfredo Zaconeta, mining expert at Cedla, a Bolivian thinktank. “If the cooperatives decide to march, they stop the country.”

It rarely gets to that stage, though, as the political power of the cooperatives extends to the government itself.

“They have a presence in the legislative power. They have a presence in the executive. They are in the ministries – and they have a vice-minister of cooperative miners,” said Zaconeta.

This influence has helped the cooperatives press for more mining rights – even within Bolivia’s protected areas.

There has long been gold mining north of La Paz, along the so-called “golden route” that skirts the national parks of the Amazon. But now the reserves around boomtowns like Mapiri, Teoponte and Guanay have been depleted, and pressure to move into the parks has grown.

In December 2021, the digital publication Todos Nube revealed that 8% of the Madidi had been granted as mining rights to 140 cooperatives, businesses and individuals.

Such a situation is not uncommon in Bolivia’s protected areas, where environmental legislation is often undercut by extractive rights that supposedly predate it, or unwound by subsequent changes to legislation. Aside from mining, 75% of the Madidi is overlapped with oil and gas concessions.

Only recently, though, have miners moved into the Madidi to start operations.

One park ranger, who asked to remain anonymous, described how the miners make deals with the communities within the park, offering a cut of the gold and sometimes employment or basic infrastructure in return for permission to mine.

The form of mining practiced in the Madidi is either open pit or alluvial. Particulate gold is scattered throughout the earth at a tiny concentration. But the price of gold is such that it is profitable to process a ton of earth for a gram of gold, even with relatively inefficient methods.

In the process, landscapes are transformed.

“I’ve seen such devastation of nature,” said the ranger. “They’ve deforested and dismantled mountains of 100 metres, all in search of this metal.”

The rangers’ ability to monitor the mining, let alone stop it, is limited by their lack of resources and the threat of violence.

In April, Cecilia Requena, an MP from the centre-right Comunidad Ciudadana party, went by river to verify that illegal mining was taking place in the Madidi – and was repelled with stones and dynamite.

Even those who oppose gold mining recognise that, given its social and economic importance, it would be impossible to stop. But they want the state to do something to limit the environmental damage it causes.

That might mean limiting mining rights in protected areas, rooting out activities that are plainly illegal and encouraging the rest to improve their practices, for example recycling the mercury they use.

If the state does not act, some fear more of the country will end up like the boomtown Mapiri, where the worst effects of small-scale mining can be seen.

“Mapiri has become one of the most conflictive zones in Bolivia,” said Jimena Mercado, a journalist who reports on gold mining. “You see the level of violence and you think: is this happening in Bolivia? It seems like those scenes from the Mexican cartels.”

“And where you see illegal gold mining, you see other illegal activities,” Mercado added. “Sexual exploitation of minors, armed groups, drug trafficking – it’s all mixed together. It really is a cancer.”

Neither the government nor Fecoman, the gold miners’ union, responded to requests for interviews.

Publicado en: The Guardian

La bonanza del oro en Bolivia: entre la asimetría y el dejar hacer – Segunda parte

Por: Alfredo Zaconeta Torrico

En esta serie de reflexiones sobre la explotación de oro en el país, no podemos omitir el rol del sector privado que hoy se encuentra reducido a un 6% de la producción nacional.

Históricamente, la relación entre inversión privada (extranjera o nacional) y el Estado, particularmente la vinculada a la explotación de oro, no registró experiencias positivas y en algunos casos derivó en consecuencias lamentables debido, por lo general, al incumplimiento de compromisos por parte de los inversionistas con las comunidades; y, en otros casos, por los impactos ambientales provocados en comunidades aledañas o su volatilidad administrativa para afrontar momentos de crisis en el mercado.

De estas experiencias, presentamos cuatro que son representativas de lo señalado:

Amayapampa y Capasirca (Potosí)

Estos distritos mineros, ubicados en el norte del departamento de Potosí, estuvieron vinculados con diferentes operadores privados internacionales, que no lograron consolidar su explotación.

• Da Capo Resources – Vista Gold Co. en 1996, protagonizó la “Masacre de Navidad” en la que murieron 11 mineros.
• Nueva Vista: problemas con los comunarios y de orden económico impidieron su puesta en marcha el año 2011.
• Republic Gold Limited: en 2012, propuso a la Comibol una sociedad; nunca obtuvo respuesta de la estatal minera.
• LionGold Corp. Ltda.: en 2014,abandonó la zona de operaciones debiendo sueldos y beneficios sociales a los obreros.

En 2016, por presión de los pobladores la COMIBOL revirtió las concesiones mineras de Amayapampa a favor del Estado, empero, nunca pudo dar inicio a su explotación.

• Phoenix Mining S.A.: En 2021, se hizo cargo de Amayapampa a través de un contrato por 15 años y comprometió una inversión de $US 200 millones, que hasta la fecha no se concreta.

Kori Chaca y Kori Kollo (Oruro)

• Newmont Corporation – Inti Raymi: sus operaciones de explotación de oro a cielo abierto se desarrollaron en el departamento de Oruro, en los proyectos mineros Kori Chaka y Kori Kollo, que pertenecieron a la transnacional norteamericana Newmont Corporation. En 2009, la empresa anunció la transferencia de Inti Raymi a la Compañía Procesadora de Minerales S.A. Ambas operaciones tuvieron varias denuncias de contaminación ambiental, que fueron sometidas a una Auditoría Ambiental que no llegó a proporcionar la información necesaria para saber si debía existir alguna compensación a las comunidades afectadas por la pérdida de agua dulce y suelos sanos, la extinción de peces y del forraje que estaba destinado a la ganadería.

Don Mario (Santa Cruz)

• Orvana Minerals Corp. – Empresa Minera Paititi (EMIPA): operación minera situada en el municipio de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional Orvana Minerals Corp., que inició sus operaciones en 2003. En 2018, las operaciones de la EMIPA fueron cuestionadas por los habitantes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó, que exigieron una compensación por la afectación de la explotación a cielo abierto.

En noviembre de 2019, EMIPA paró sus operaciones. Con esta suspensión, 220 trabajadores fueron despedidos, pese a que la empresa había garantizado la estabilidad laboral de los mismos hasta 2026. Ante el hecho, los trabajadores iniciaron movilizaciones para lograr su reincorporación laboral, sin lograr hasta la fecha una respuesta favorable.

San Simón (Beni)

• Eagle Crest: empresa de capitales canadienses tiene sus operaciones en la serranía de San Simón, provincia Iténez del departamento de Beni, que es un yacimiento filoniano de oro. Una inspección realizada por el Ministerio de Minería y Metalurgia el año 2010 confirmó la presencia de 10 cooperativas mineras ilegales operando en el lugar, sin que se encuentre las operaciones de Eagle Crest en esta zona.

En 2021, una inspección de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni verificó que esta empresa continuaba operando y sospechó de evasiones impositivas por la explotación de oro que saldría de San Simón, Beni, hacia Santa Cruz y de ahí a mercados de Bélgica y China.

Este periodo de presencia del capital privado en el sector minero aurífero quedó atrás. Hoy, reiteramos, el actor protagonista en la explotación de oro son las cooperativas mineras, con un avance de sus operaciones hacia el norte del país.

La actual normativa provoca que muchos operadores privados camuflen su naturaleza para figurar como cooperativas y de esta forma eludir sus responsabilidades fiscales, laborales y ambientales.

En diversas oportunidades, autoridades de los municipios de Teoponte y Guanay denunciaron la presencia de capitales chinos y colombianos asociados a cooperativas mineras para explotar a través de dragas los ríos Kaka y Beni. Posteriormente, este hecho fue confirmado desde la Gobernación de La Paz, en el informe de la Secretaría Departamental de Minería y Metalurgia e Hidrocarburos, publicado en 2020, que señala:

“Durante la visita e inspección a operadores mineros, se evidenciaron la presencia de empresas extranjeras, entre chinas y colombianas donde están trabajando, bajo un contrato con operadores mineros nacionales que son representantes de las áreas, según el relevamiento de información de contratos son bajo una distribución de 70% a 80% para la empresa extranjera y de 30% a 20% para el actor minero (representante de área minera) y en otros casos bajo contrato de prestación de servicio^”.

En la mayoría de los casos, la inversión extranjera en estas zonas se traduce en estructuras gigantes de dragas en los ríos, con un impacto ambiental debido a la contaminación por el uso de mercurio, la deforestación intensiva y el desvío de los ríos, sin presencia y control de parte del Estado.

Todas las operaciones mineras deberían pagar los siguientes tributos, sin embargo, las cooperativas mineras están exentas del pago de algunos de ellos; acá detallamos cuáles son:

• Impuesto a las Transacciones (IT) 3% por valor de transacción.
• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% (norma que exceptúa a las cooperativas).
• Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 25% y un alícuota de 12,5 % en periodo de precios altos, que hacen un total de 37,5% (norma que exceptúa a las cooperativas).
• Regalía: compensación por la explotación de los recursos minerales y metales no renovables que está regulada, por la Ley 535 (alícuota según el mineral).

En el caso de las cooperativas mineras que trabajan en áreas de la COMIBOL, pagan un canon de arrendamiento, aunque no como impuesto. Este pago representa el 1% sobre el valor de producción.

Estos tributos contemplan criterios que diferencian a las operaciones de acuerdo con su tamaño, también, con el carácter constitutivo de su operador (estatal, cooperativo o privado).

Con lo expuesto queda evidenciado que, en desmedro del Estado, los grandes beneficiarios son los cooperativistas mineros, entre ellos los auríferos; los intermediarios y las comercializadoras; ergo, por lo mismo urge la necesidad de replantear la actual normativa minera, particularmente del oro, por los bajos niveles de tributación que deja a las regiones mineras de La Paz y Beni, considerando que se trata de un recurso natural no renovable y que hasta hoy solo se ve traducido en contaminación ambiental y conflictividad social.

A esto se debe añadir el factor ambiental, donde los operadores mineros cooperativistas lograron mayores ventajas para su sector durante el gobierno del MAS.

El 30 de enero de 2015, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, se dispuso la Resolución Ministerial 023/2015, que aprobó un nuevo “Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros”. En el fondo, esta resolución redujo la cantidad de requisitos, los plazos y la calidad técnica, particularmente para el sector cooperativo minero, y limitó aún más la Consulta Pública en el sector minero.

Esta política de flexibilización de normas no resultó suficiente para los mineros cooperativistas, que, en agosto de 2016, plantearon un pliego con diez demandas, entre ellas, el quinto punto planteó la “Flexibilización de las regulaciones medioambientales”.

Este pedido fue atendido a través del Decreto Supremo (DS) 3549, promulgado el 2 de mayo de 2018, y del DS 3856, promulgado el 3 de abril de 2019, que flexibilizaron la obtención de la licencia ambiental para todas las actividades, incluidas las mineras. Con el DS 3549, se modificó la Ficha Ambiental por un “formulario de categorización ambiental”, que demanda menor información al momento del trámite.

El DS 3856 permitió eximir la licencia ambiental a los proyectos de categoría cuatro, en áreas citadinas, y en el caso de áreas protegidas, limitó a solo comunicar el inicio de actividades respectivas, adjuntando el Certificado de compatibilidad de uso emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Estas medidas fomentaron la proliferación de actividades mineras, particularmente en el norte de La Paz, incluido el Madidi, declarado como Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado.

Este conjunto de normas promovió que regiones que no eran consideradas tradicionalmente mineras fueran sometidas a la actividad minera como la Amazonia, a través de operadores mineros privilegiados, con una constante flexibilización ambiental. Esto es una muestra de otra asimetría al momento de legislar y administrar la preservación del medio ambiente, que tanto pregonó el oficialismo en los últimos 15 años.

Continuará…

Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA

Publicado en: ANF, Brújula Digital, ERBOL, RIMAYPAMPA y Plataforma Energética

Las movilizaciones mineras exhiben el deterioro del modelo rentista del MAS, según el Cedla

El investigador Alfredo Zaconeta dijo que en en 15 años, las políticas aplicadas por Evo Morales y ahora, por Luis Arce, han sido contrarias al fortalecimiento de la minería estatal.

Las recientes movilizaciones de los mineros de Colquiri y Huanuni, exhiben el actual deterioro del modelo rentista llevado adelante por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), así lo manifestó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta.

“En 15 años del Gobierno del MAS, sus políticas han sido contrarias para lograr un fortalecimiento de la minería estatal; muestra de ello son la Ley Minera y la Ley de Empresas Públicas, que establecen que las utilidades de estas empresas, después de la fase de reinversión, sus utilidades pasen a las arcas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), instancia que tiene prohibida asumir deudas de sus filiales”, dijo Zaconeta.

Agregó que en en 15 años, las políticas aplicadas por Evo Morales y ahora, por Luis Arce, han sido contrarias al fortalecimiento de la minería estatal.

“Los mineros interpretan que estas medidas gubernamentales, son unilaterales, no fueron socializadas y menos consensuadas y las mismas atentan contra la seguridad económica de las empresas estatales, con el fin de financiar sus políticas con fines político partidarios, en un escenario evidente de crisis fiscal”, señaló.

En este contexto, los mineros se sumaron a la desconfianza y temor expresado por diversos sectores, por el traspaso del sistema de pensiones a manos de la Gestora Pública.

Para agravar la situación –apuntó- que, a partir de 2010 el Gobierno dispuso que parte de las utilidades de las empresas de la Comibol vayan destinadas al pago del bono Juancito Pinto.

“En resumen, el Gobierno niega cualquier posibilidad de hacer inversiones en las estatales mineras, solo se limita a otorgar créditos, pero libremente dispone de sus utilidades”, subrayó.

Este escenario según el investigador, se agrava para las estatales mineras, por la caída en el precio del estaño en el mercado mundial y las proyecciones fallidas de las autoridades mineras, por el optimismo y la dependencia de los precios.

A inicios de la presente gestión, el estaño marcó una cotización promedio de $us 19 la Libra Fina (LF), hecho que provocó bastante expectativa, induciendo a falsas proyecciones sobre las posibles utilidades que podían obtener Colquiri, Huanuni y Vinto. La cotización actual del estaño marca un promedio de $us 9 la LF, caída que deja en vilo a la administración estatal y sus posibles utilidades.

“Se debe añadir que, tanto a Colquiri como Huanuni, la Empresa Metalúrgica de Vinto continúa adeudando millonarias sumas, que no pueden terminar de ser saldadas por la falta de recursos económicos y la volatilidad de precios en el mercado mundial de minerales y metales”, explicó.

Como consecuencia de un Plan Sectorial Minero Metalúrgico fallido dijo los mineros plantean la destitución de Ramiro Villavicencio como ministro de Minería y Metalurgia.

“Estas últimas movilizaciones sirvieron también para expresar el rechazo al prorroguismo de los dirigentes de las entidades matrices de los trabajadores y a la partidización política de las mismas”, apuntó.

Los mineros de base expresaron que ante medidas como el traspaso del Sistema de Pensiones a manos de la Gestora Pública y la aplicación del DS 4783, los trabajadores se ven abandonados y en algunos casos traicionados por sus máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Particularmente en el caso del ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, minero de Huanuni, señaló que “es evidente que este se convirtió en el vocero del Gobierno y sus medidas, primero en la gestión de Evo Morales y ahora con el de Luis Arce.

Tras varios días de movilizaciones de los mineros asalariados, quienes emplearon dinamitazos y bloqueos, tanto en la sede de Gobierno como en carreteras, logró torcer el brazo de la administración de Luis Arce, que se comprometió a no utilizar las utilidades de las estatales mineras para pagar bonos sociales.

Publicado en: Página Siete

Experto resalta la bonanza minera pero ve pocos beneficios para el país

Respecto a la generación de empleos, dice que es alta pero que nueve de cada diez trabajos creados por la minería corresponden al sistema cooperativo que son precarios y sin perspectiva a largo plazo.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, durante su visita a Potosí, destacó que debido a los s altos precios de los minerales se enfrenta un periodo de bonanza minera.

Sin embargo los beneficios para las regiones y el.pais son bajos porque las alícuotas para las regalías tienen topes y los cooperativistas no pagan el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

Respecto a la generación de empleos, dice que es alta pero que nueve de cada diez trabajos creados por la minería corresponden al sistema cooperativo que son precarios y sin perspectiva a largo plazo.

Publicado en: El Potosí